Enfoque Internacional

Un informe publicado por la ONG relata prácticas en tres centros de detención de Florida que vulneran los derechos humanos y la legislación estadounidense en materia de migración. 

Hacinamiento, maltrato físico y psicológico, humillación e incluso muertes por falta de atención médica. La organización no gubernamental Human Rights Watch publicó el lunes 21 de julio un informe acerca de las violaciones de derechos humanos en tres centros de detención de migrantes en Estados Unidos, en el estado de Florida, entre los meses de enero y junio de 2025.

Estos abusos, resultado de la actuación sistemática y deliberada de los guardias de seguridad y de los agentes de inmigración del gobierno estadounidense en estas cárceles, son "el resultado de un sistema de detención fundamentalmente deficiente", según el informe, elaborado a partir de entrevistas con reclusos del Centro de Procesamiento de Servicios de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés) y el Centro Federal de Detención (FDC, por sus siglas en inglés) en Miami.

"Algunas de estas personas estaban detenidas en los lugares donde hacen el procesamiento hasta 11 días, donde no había camas, el aire acondicionado estaba muy alto y tenían que dormir en el piso, sobre el cemento", señala Vicki Gaubeca, directora asociada de HRW para temas de migración.

El texto recoge casos en los que se obligaba a los presos a comer en el suelo como si fuesen perros, y también de mujeres forzadas a usar el retrete a la vista de los hombres. Sin embargo, los abusos comienzan antes de llegar a las instalaciones, dentro de los autobuses en los que transportan a los detenidos.

"Los trasladaban a todos encadenados, amarrados de pies, manos y cintura. También descubrimos que, en algunas ocasiones, los tuvieron detenidos en un autobús durante una noche entera, sin darles agua, ni comida ni la oportunidad de ir al baño. Es casi tortura", deplora Gaubeca.

Saturación de cárceles

En los tres centros de detención se supera la capacidad operativa. De acuerdo con el informe, en marzo, el número de detenidos en Krome era un 249% superior al nivel previo a la toma de posesión de Donald Trump, y en junio, los tres centros registraban una población un 111% más alta que antes de la investidura.

Esto se debe principalmente a que el número de personas arrestadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha hecho más que aumentar desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. A finales de junio eran 56.000, un 40% más que hace un año. Es la cifra más alta en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, 7 de cada 10 detenidos no tenía antecentes penales.

Desde Human Rights Watch observan una vuelta de tuerca respecto de la primera administración Trump. "Lo que ahora estamos viendo es una intención por parte del presidente en cuanto al maltrato y la crueldad en contra de los inmigrantes. Lamentablemente, creo que vamos a observar un aumento en los abusos a los derechos humanos de los inmigrantes. De todos, no sólo de los detenidos, sino también de los que están en la comunidad".

A nivel estatal, 45 de los 181 centros de detención autorizados superaban su capacidad, según datos del ICE. La superpoblación de las cárceles "va a servir de pretexto a Trump para construir nuevas instalaciones como la de Miami", advierte Gaubeca, refiriéndose a la reciente y polémica "Alligator Alcatraz", situada en el parque nacional de los Everglades, al sur de Florida, con capacidad para 5.000 personas.

Human Rights Watch está investigando otros centros en los estados de Tejas, Arizona y California, donde ya se han detectando abusos similares. 

Cuatro crisis en simultáneo acechan el sistema de medios públicos de Europa. La crisis de financiación -con crecientes presiones contra el gasto público-, el lastrado impacto de las nuevas plataformas digitales y sus algoritmos, el deterioro de las garantías de independencia política y una crisis general de confianza pública. Esta es la radiografía que publicó el lunes Reporteros Sin Fronteras (RSF) en un nuevo informe sobre los medios públicos europeos.

Los periodistas de alrededor del continente intentan sortear una orografía de amenazas. En algunos casos, RSF va más allá del análisis: el informe acusa directamente a Italia de convertir sus medios en “portavoces gubernamentales” y a Hungría de utilizarlos como “instrumentos de propaganda del poder”.

Thibaut Bruttin, director general de RSF, se pregunta a quién sirven verdaderamente los medios: “¿Al servicio del público o del partido de turno? Este es uno de los mayores retos a los que se enfrentan hoy en día los medios públicos en Europa”. Elena García, representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras, explica a RFI que “más de la mitad de los encuestados en este informe estiman que las presiones ejercidas sobre los medios son de naturaleza política. Vemos injerencias políticas a nivel europeo generalizado”.

Los ejemplos se suceden en múltiples países. Y no solo en los gobiernos comúnmente denominados ultraconservadores, como el de Meloni y Orbán. En Francia, la polémica gira en torno a una propuesta de fusión de los grupos públicos con el objetivo de centralizar los recursos. Mientras que, en España, las críticas se dirigen a una reforma ya aprobada en 2024 que redujo la mayoría necesaria en el Parlamento para nombrar a los directivos de Radio Televisión Española.

La ONG denuncia que no solo los medios públicos son el objetivo de las críticas de la clase política, sino que la presión llega también desde la tendencia global contra los impuestos. “El canon audiovisual, utilizado por 10 de los 27 países de la Unión Europea, suele ser un blanco fácil”, dice el informe.

Efecto contagio

Elena García, entrevistada en RFI, cuenta que se debe temer un “efecto contagio” de las políticas de recortes de los medios públicos de Donald Trump en Estados Unidos.

Trump ha dejado a mínimos el equipo de la radio pública estadounidense “Voice of America”, pero sus políticas también tienen un impacto en el otro lado del Atlántico. Su administración anunció el recorte total de todos los fondos a Radio Europa Libre, un emblema del periodismo público en Europa del Este desde la Guerra Fría y aún activo en la cobertura de la situación en Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

El informe, sin embargo, también deja notas para el optimismo, como el aumento de la tasa audiovisual en la República Checa después de 15 años sin modificaciones. Ante la “oleada” de amenazas que identifica, Reporteros Sin Fronteras propone la creación de un organismo independiente que permita estimar las necesidades económicas de los medios públicos, un nuevo impuesto a las plataformas digitales que las financie y la creación de un medio audiovisual europeo que permita la supervivencia de Radio Europa Libre.

Más de 500 personas habrían muerto en Sweida, sur de Siria, tras varios días de enfrentamientos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Este recuento se produce después de que el presidente interino Ahmed al-Shara anunciara el retiro de sus tropas de esa ciudad en un intento por evitar una guerra abierta con Israel después de que el ejército de ese país atacara Damasco supuestamente en defensa de la comunidad drusa de esta parte del territorio. Sin embargo allí, la comunidad está dividida y no todos están a favor de la protección de Israel, según un especialista entrevistado por RFI.

RFI conversó con Ignacio Alvarez-Ossorio, catedrático de estudios árabes de la Universidad Complutense de Madrid. 

El presidente sirio Ahmed al-Sharaa ordenó este jueves el retiro de sus tropas de la ciudad de ​​Sweida. Anunció ceder a los "líderes drusos" la responsabilidad de seguridad en la zona. ¿La autonomía histórica de esta minoría en Siria contradice los proyectos de las nuevas autoridades?

Es cierto que durante la época de la dictadura de Bachar al-Asad, las minorías fueron vistas como aliados del régimen, en tanto en cuanto la familia al-Assad también formaba parte de una de las minorías, los alauíes, para formar no una especie de entente entre las minorías. 

Y es cierto que siempre han tenido cierta protección por el régimen, pero nunca habían disfrutado de una autonomía tan grande como la que tienen en la actualidad, debido, sobre todo, a que se levantaron contra el régimen y conquistaron buena parte de las cuotas de poder. Y esta situación se ha mantenido en el tiempo. 

Con lo cual está claro que al-Sharaa, el nuevo presidente interino, quiere desarmar a todas las milicias armadas, independientemente de su etnia o de su confesión. Y aquí entran también las milicias drusas. 

Lo que está tratando de hacer el gobierno israelí es erigirse en protector de la minoría drusa para ganar voz en el futuro de Siria. Que toda la zona del sur esté desarmada y no haya presencia de las fuerzas de al-Sharaa. 

¿Qué tan dividida está la comunidad drusa ante las propuestas de amparo de Israel?

Están muy divididos. Entre otras cosas porque hay cuatro o cinco grandes líderes confesionales de la minoría drusa y no todos piensan exactamente lo mismo. Hay algunos, recordémoslo, que han firmado un acuerdo para que las fuerzas de al-Sharaa se retiren de toda la zona del sur. Y hay otros que hoy por hoy están en contra de ese acuerdo y prefieren mantener las hostilidades. 

Entonces hay una fractura, una división muy evidente dentro del propio liderazgo confesional druso. Y también esa fractura está siendo utilizada sobre todo por Israel para intentar ganar cuotas de poder y sobre todo, armar a los grupos más beligerantes para utilizarlos como una especie de proxy, como una especie de satélite para defender sus intereses en la nueva Siria que se está erigiendo bajo el liderazgo de al-Sharaa.

Hace unos días, Israel se estaba planteando la cuestión de normalizar relaciones con el gobierno de al-Sharaa. ¿Cómo interpretar los operativos israelíes de estos últimos días en Siria, incluídos los bombardeos en el corazón de Damasco?

A Israel le conviene un escenario de cuanto peor, mejor. Es decir, no está interesado en la estabilización de Siria, no está interesado en que el nuevo gobierno asiente su autoridad sobre el conjunto del territorio y está apostando claramente hacia la división, hacia la fragmentación, porque un enemigo tradicional como Siria es mejor mantenerla en esa situación de debilidad, de división, de fragmentación, porque esto permite de alguna manera avanzar sus intereses. 

Sus intereses son obviamente redibujar las fronteras de Oriente Medio en función de sus intereses, ir progresivamente creando las condiciones para cambiar y ampliar las fronteras del Estado de Israel. Y esto tiene mucho que ver con no solo el control de los Altos del Golán, territorios ocupados según la legislación internacional desde el año 1967, sino extender el control a otras zonas como Quneitra o como el Monte Hermón que estaban fuera de esas líneas ocupadas.

Zimbabue atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas. El presidente, Emmerson Mnangagwa, declaró el estado de catástrofe el año pasado, y las cosechas de este año han sido igualmente escasas. En uno de sus efectos más sombríos, la crisis climática está alimentando un alarmante aumento de los matrimonios infantiles. La desesperación económica lleva a muchas familias a casar a sus hijas menores de edad como medio para reducir la carga alimentaria del hogar o recibir una compensación económica.

Un reportaje de Irene Savio, en el sur (Bulawayo) y oeste de Zimbabue

En una aldea rural del oeste de Zimbabue, Lungisani Nyathi, un hombre de 39 años, custodia uno de los pocos pozos de agua que no se han secado por la sequía que, el año pasado, obligó al país a declarar el estado de catástrofe y acabó con gran parte de las cosechas de las que depende la población.

"Podría ocurrir"

"El agua no es suficiente, es poca y por eso la gente sufre mucho", cuenta. Lungisani tiene cuatro hijos, incluida una bebé de 10 meses que vive con él y su esposa en una especie de choza construida sobre un suelo árido y rojizo. La bebé es su única hija, y a Lungisani le preocupa que ella también sufra el destino que cada vez más niñas en esta región enfrentan: ser niñas esposas.

"Es algo de lo que mi esposa y yo hablamos cada vez que oímos hablar de otra niña a la que le ha pasado. Es duro, pero, si esto sigue así, sí podría ocurrir", dice Lungisani, con cierta resignación, al explicar que es poco lo que puede ofrecer a sus hijos.

"Sequías cada vez más continuadas y extendidas"

Junto con la organización británica Mary's Meals, la ONG zimbabuense ORAP reparte comida a 56.000 niños en 170 escuelas del país. Mvuse Huni, su directora ejecutiva, explica que el proyecto también busca prevenir fenómenos como los matrimonios infantiles —al permitir que los niños acudan a las escuelas en lugar de quedarse en sus casas—, que están en aumento como consecuencia de la inseguridad alimentaria provocada por el cambio climático.

"Sin duda, están aumentando las menores embarazadas y las que se casan", dice Huni, al explicar que esto se debe a que muchas familias en las zonas rurales viven de la agricultura y, cuando hay sequía y el clima se vuelve más extremo, la agricultura se vuelve más difícil, al igual que la vida de esas familias. "El problema es que las sequías están siendo cada vez más continuadas y extendidas en el tiempo", añade Huni.

"Una estrategia de supervivencia"

"Es una estrategia de supervivencia, porque no hay suficiente comida", dice Thadine Mpone, una maestra de otra escuela del distrito de Nyati que también participa en el proyecto. Mpone explica que la escasez de agua y el hambre están llevando a muchas niñas a abandonar sus estudios, quedar embarazadas y buscar un marido para poder sobrevivir. Aunque también es una forma de reducir la carga alimentaria en sus hogares de origen.

Los matrimonios infantiles son ilegales en Zimbabue, pero en parte también tolerados por la sociedad, lo que dificulta tanto su análisis como su erradicación. Según investigaciones de organizaciones como Plan Internacional, en el país hay más de un millón de mujeres que fueron niñas esposas, víctimas de un círculo vicioso, ahora también alimentado por la crisis climática, que perpetúa la injusticia.

Este sábado se cumple un mes desde el inicio de la guerra de misiles entre Irán e Israel, un conflicto que duró doce días y que evidenció para los israelíes la falta de refugios en todo el país. En especial, en las ciudades árabes. Nuestras enviadas especiales Melissa Barra y Justine Fontaine viajaron a Tamra, en el norte de Israel, donde la población pide que se construyan lugares públicos para refugiarse de los bombardeos.

De regreso de Tamra en Israel, Melissa Barra y Justine Fontaine

Un misil cayó en una casa grande de Tamra, en el norte de Israel. No queda nada del segundo piso y lo que sigue de pie podría derrumbarse en cualquier momento.

Cuatro mujeres y una adolescente murieron aquí el pasado 14 de junio.

"Estaba sentado afuera y vi el misil caer. Todo ocurrió en unos segundos. La explosión me lanzó hacia atrás, hacia mi casa. Nosotros no hemos recibido ayuda ni del gobierno y de la alcaldía, nos tocó a nosotros recoger los escombros de la casa. Nadie vino a vernos”, dijo a RFI Hamoudi, el vecino de enfrente, que estaba en el portico de su casa y presenció todo.

A Hamudi le tocó alquilar otra casa. Sus vecinas eran de las pocas en tener un refugio privado en casa, pero no estaban adentro cuando se produjo la explosión.  

De hecho, en esta ciudad de 37.000 habitantes, la mayoría de la gente no tiene acceso a ningún tipo de resguardo. 

Desamparados por el Gobierno

Mohammed Shoko Abu El Hijaes encargado de emergencias en Tamra. Lamenta que el gobierno no les provea refugios públicos. 

  "No tenemos refugios públicos. En la mayoría de las ciudades israelíes hay muchos refugios públicos. Pero creo que ningún pueblo árabe tiene. Pocas casas cuentan con resguardos privados. La mía no tiene y cuando suenan las alarmas nos metemos bajo la mesa. La gente aquí apenas tiene con qué comer, ¿cómo van a pagarse un refugio?”, aseguró Mohammed Shoko Abu El Hija.  Un refugio, ya sea publico o privado, cuesta decenas de miles de dólares. La municipalidad y el gobierno israelí culpan el uno al otro. Mohammed Shoko Abu El Hija cree que su ciudad, más pobre que el promedio nacional, no tiene los recursos.

Han pasado 30 años desde que las tropas serbias mataron a más de 8.000 bosníacos en el municipio de Srebrenica. Hoy, miles de personas les rinden homenaje en una Bosnia que sigue sin superar sus heridas frente a un persistente negacionismo serbio.

“Sucedió lo peor. Para mí y mi familia, la familia de cuatro ha sido dividida por la mitad. Mi hijo y mi esposo fueron asesinados, solo mi hija y yo seguimos vivas”, cuenta Fadila Efendić. Ella explica cómo durante semanas iba por las fosas buscando el cuerpo de sus seres queridos, sin suerte alguna.

Ćamil Duraković tenía 16 años cuando huyó a las montañas escapando de las tropas serbias: “Estábamos todos los días bajo la presión de los ataques de los serbios, que capturaban y se llevaban a la gente. El primer día, perdí a mi tío y a sus dos hijos. Y todavía hoy, 30 años después, siento que sigo corriendo”, dice.

Ellos no son los únicos, casi todos en Srebrenica tienen historias de aquel mes de julio de 1995, cuando las tropas serbias dirigidas por Ratko Mladić entraron en este municipio al este de Bosnia cercano a la frontera con Serbia. Allí atraparon a la mayor parte de los bosníacos (de confesión musulmana), los mataron y los arrojaron en fosas comunes. Más de 8.300 personas perdieron la vida en pocos días.

“El batallón [holandés] estaba del lado de Mladić”

En ese momento, Bosnia llevaba tres años de conflicto armado que enfrentaba a las fuerzas serbias contra diferentes facciones bosnias y croatas, pero Srebrenica se consideraba una zona desmilitarizada y albergaba un batallón de la UNPROFOR, las fuerzas de Naciones Unidas que debían velar por el alto el fuego.

Los encargados de salvaguardar la seguridad de las alrededor de 30.000 personas que se refugiaban en esa ciudad, era el batallón holandés Dutchbat III, que contaba con unos 400 cascos azules. Unos soldados que, como lo expresaría en su condenó el tribunal internacional de La Haya, "entregarían" a las tropas de Mladić, unos 350 bosníacos que se refugiaban en su base.

Fadila Efendić, quien fue una de las fundadoras de las Madres de Srebrenica, la organización que representa a las víctimas de Srebrenica y la que llevó a los tribunales al batallón holandés, enfatiza que “la ONU es responsable y culpable de que el batallón holandés no actuara, de que no nos protegiera. Si hubieran tenido la voluntad de protegernos, habrían enviado refuerzos a los soldados holandeses. [Los holandeses] se pusieron del lado de los Chetniks —tropas serbias—, y nos dejaron en sus manos para que hicieran lo que quisieran”.

Para Duraković, “el batallón estaba del lado de Mladić y esa historia no puede ser borrada. Todo lo que concierne al batallón holandés es una mala experiencia para nosotros. [Las pintadas encontradas en las paredes de sus cuarteles] son el mensaje que nos dejaron”. En esas pintadas se leen expresiones racistas que los soldados holandeses escribieron sobre los bosnios durante su tiempo en Bosnia.

“Los que tenemos hoy es negación”

El genocidio de Srebrenica sería la última masacre que las tropas serbias realizarían en Bosnia. El conflicto se acabaría ese mismo año con la firma de los Acuerdos de Dayton, los cuales dividieron el país en dos entidades: la Federación Bosnia y la República Srpska. Hoy, Ćamil Duraković es un político independiente que se ha convertido en vicepresidente de la República Srpska y denuncia el negacionismo de esta entidad al genocidio: “Lo que tenemos hoy es negación. Negación de las autoridades oficiales de la República Srpska, que siguen sin aceptar los hechos del pasado. Y cuando no aceptas la verdad, es muy difícil reconciliarse”, afirma.

Y es que, aunque en 2004, el TPIY (Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia) reconoció oficialmente los crímenes cometidos en Srebrenica como genocidio, y en 2007 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo confirmó, la República Srpska continua no reconociendo que los crímenes cometidos en Srebrenica fueron graves. Aseguran que no se trató de un genocidio y que el uso del término es un intento de criminalizar al pueblo serbio.

Sin embargo, y a pesar de esto, el pasado año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución por la que se establece que cada 11 de julio, es el día anual para recordar este genocidio. “Desde el principio, se trató de demostrar la verdad y la justicia, de abrir las fosas comunes, de identificar a nuestros seres más queridos, de darles un entierro digno de un ser humano. Y, en particular, un gran logro fue la creación del centro conmemorativo, gracias al cual ahora se sabe dónde está el cementerio, desde dónde partieron y adónde regresaron, aunque lamentablemente en ataúdes. Y aún queda mucho por hacer: los criminales de guerra deben ser encontrados e identificados”, explica Efendić.

Viviendo con el recuerdo

Han pasado 30 años desde el genocidio de Srebrenica y desde el fin de conflicto en Bosnia. Tres décadas en las que la población ha seguido adelante con el recuerdo de las masacres y con un país que sigue funcionando bajo las directrices de los Acuerdos de Dayton, los que para Duraković “no son una solución justa para este país […] nadie en este momento vive según Dayton. Tenemos la Constitución y el sistema de Dayton, pero todo el mundo actúa de forma diferente”.

Este 11 de julio de 2025, miles de personas llegaron al memorial del genocidio, donde fueron enterrados los siete cuerpos identificados este año. De las más de 8.300 víctimas del genocidio, aún quedan más de mil sin localizar. Porque aunque hayan pasado 30 años, Bosnia y sus ciudadanos siguen viviendo con el trauma de sus recuerdos.

Millones de nacionales afganos han buscado refugio en Irán durante las últimas décadas, especialmente después del regreso de los talibanes, pero una ley aprobada por el Parlamento iraní obliga a quienes no tienen documentos a abandonar el país.

Casa Kabul es uno de los pocos restaurantes afganos en Teherán, a pesar de la relación entre ambos países ya que comparten casi mil kilómetros de frontera. Millones de nacionales afganos, se cree que podrían ser alrededor de seis, han buscado refugio en el país durante las últimas décadas, aunque la situación está cambiando rápidamente. Una ley aprobada por el parlamento  Iraní obliga a quienes no tienen documentos a abandonar el país, como cuenta Mohammad Musa Akbari, artista gráfico, activista y dueño de este restaurante en el centro de Teherán.

“Quedó decidido que los afganos que están aquí ilegalmente, es decir, aquellos que no tienen papeles de censo, sean expulsados de Irán hacia Afganistán, como se había prometido anteriormente. También se dijo que los jefes de familia que se presenten voluntariamente, se les permitirá volver con pasaporte, ya sea para trabajar u otra cosa”.

 Mohammad espera que esta promesa se haga realidad. El es uno de los afortunados. Llegó hace 43  años cuando Irán todavía otorgaba documentos a los afganos y hoy tiene la nacionalidad. La historia no es igual para la mayoría de connacionales, especialmente los que cruzaron la frontera después del regreso de los talibanes cuatro años atrás. “Los que llegaron entonces, se consideran ilegales. No tienen tarjeta de identificación, y no tienen papeles del censo, agregó”.

La opción que recibió la comunidad afgana fue la de registrarse para salir voluntariamente del país antes del pasado 6 de julio o ser deportados. La fecha, según las autoridades, se ha extendido hasta septiembre. Esto llevó a que muchas familias que habían construído una vida en Irán, decidieran marcharse, como lo cuenta Hanife, de 29 años, que a pesar de haber nacido en Irán solo tiene un papel que certifica su residencia. “Las chicas como yo que nacimos en Irán, después de, por ejemplo, veinte años, treinta años, algo así, tenían sueños para sí mismas, querían construir un futuro. Pero de repente,  surgió esta crisis; de repente hubo guerra y, por otro lado, también aumentó la expulsión de afganos. Ahora aquellos que se fueron, realmente no saben qué hacer”.

Según cifras de las Naciones Unidas desde enero 900.000 han regresado al país, más de 250.000 en el mes de junio. Y es que si bien los regresos voluntarios y las deportaciones habían aumentado durante el año, todo se aceleró con la guerra cuando las autoridades acusaron a nacionales extranjeros, entre ellos afganos, de colaborar con Israel. Esto no sólo intensificó la captura y deportación sino que hizo su vida aún más difícil.

A la espera de un alto el fuego, las ONG y los organismos internacionales esperan que Israel permita de nuevo la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. La Media Luna Roja Palestina tiene toneladas de suministros listos para ingresar en el enclave, pero estos productos están bloqueados desde el final de la última tregua en marzo. Nuestras enviadas especiales Melissa Barra y Justine Fontaine visitaron uno de los depósitos de la Media Luna Roja en Ramala, Cisjordania.

Miles de cajas están apiladas en el depósito de Ramala de la Media Luna Roja Palestina. Están almacenadas aquí hasta que se autorice el envío de ayuda humanitaria a Gaza.

Ahmad Zied es el director del almacén, donde aguardan medicamentos, prótesis, productos higiénicos, sillas de ruedas y hasta un hospital de campaña. “En esta zona colocamos todo lo necesario para instalar una unidad médica móvil, con una capacidad de 150 camas, además del equipo médico, de los generadores y la luz que requiere un hospital de campaña”, nos cuenta.

Material varado

Desde hace cuatro meses, el material está varado en Cisjordania y otros depósitos en Egipto y Jordania. Israel solo autoriza operar en el enclave a la Fundación Humanitaria de Gaza, una ONG estadounidense, y las entregas se realizan a cuenta gotas. Por ahora, la Media Luna Roja Palestina en Ramala solo puede prestar asistencia a distancia a sus equipos en Gaza.

“El nuevo mecanismo de distribución ha remplazado cientos de puntos de entrega humanitaria por solo cuatro sitios. Y agreguemos que desde el inicio de la guerra en Gaza muchos productos tienen prohibido entrar. Hablamos de sillas de ruedas, generadores, equipo de resonancia magnética... Máquinas importantes que no tienen acceso al enclave”, explica Nibal Farsakh, portavoz de la organización.

Israel asegura que estos productos tienen doble uso militar. Por otra parte, 50 empleados y voluntarios de la Media Luna Roja hacen parte de los más de 400 fallecidos en Gaza.

En la reunión que sostendrán Netanyahu y Trump este lunes en la Casa Blanca, se espera el anuncio de un cese al fuego en Gaza entre Israel y Hamás. En Tel Aviv, entretanto, los familiares de los rehenes israelíes en poder de Hamás piden un cese al fuego inmediato que incluya a todos los secuestrados. Nuestras enviadas especiales, Melissa Barra y Justine Fontaine, estuvieron en Tel Aviv con las familias de los rehenes.

La plaza de los rehenes de Tel Aviv volvió a llenarse de manifestantes este sábado con las mismas palabras en boca de todos: "Un acuerdo ya para traer a todos los rehenes a casa".

Otro participante grita: "Señor presidente Trump, por favor, haga un gran y bello acuerdo sobre los rehenes". Es una referencia a la "One Big Beautiful Bill" (en español, "la gran y hermosa ley"), nombre con que el propio Trump se refirió a un extenso proyecto de ley que incluye recortes fiscales, aumento del gasto en defensa y seguridad fronteriza, así como otras medidas clave de su agenda.

En esa plaza de Tel Aviv se han reunido los familiares de los rehenes para reclamar la liberación de todos ellos. Eitan Horn es uno de los 20 rehenes que aún están vivos en Gaza. Podría ser uno de los próximos en ser liberados en el primer día de la tregua de 60 días. Así lo espera, en todo caso, su cuñada Dalia Cusnir.

'Lucharemos hasta que liberen al último' 

"Mi cuñado Eitan sufre de una enfermedad de la piel muy grave que pone su vida en peligro. Cuando su hermano mayor fue liberado el 15 de febrero pasado, nos contó que Eitan está muy mal, que sus condiciones de salud son muy malas. Tenemos mucho miedo. De todas maneras, salga o no Eitan en esta primera parte, todas las familias de secuestrados hemos jurado que estaremos en las calles luchando juntas hasta que liberen al último de ellos. No vamos a aceptar ninguna otra opción", dice.

En la calle, los familiares de los rehenes presionan al gobierno de Benjamín Netanyahu para que Hamás entregue a los 50 secuestrados, no solo a una parte de ellos. Pero también para que se concrete, de una vez por todas, el fin de la guerra. Estiman que el tiempo se agota.

Al tío de Shahar Mor Zahiro lo secuestraron en el kibutz Nir Oz y su cuerpo fue encontrado sin vida en Jan Yunis hace un año.

"A mi tío lo abandonaron durante meses y lo dejaron morir porque en el sector donde estaba cautivo hubo un operativo del ejército israelí. Entonces lo mataron. Deben traer de vuelta a todos los rehenes y la guerra tiene que acabar. Lo podemos lograr. Pero el único que tiene interés en retrasarlo todo es el gobierno de Israel".

Tal y como se ha filtrado la propuesta, la mitad de los rehenes vivos serían liberados y unos 18 cuerpos podrían ser devueltos a cambio de prisioneros palestinos.

Decenas de colonos israelíes y palestinos se enfrentaron el viernes en una aldea de la Cisjordania ocupada, donde debía llevarse a cabo una marcha tras recientes ataques de colonos contra tierras palestinas. Informe de nuestra enviada especial a Cisjordania, Melissa Barra.

Una caravana de autos se adentra en el centro de Sinjil, un pueblito al norte de Ramallah. Una forma de protesta para sus habitantes palestinos: las autoridades israelíes han cercado la localidad por completo con una valla metálica y alambre de púas.

Los soldados israelíes han separado a los habitantes de sus cultivos agrícolas y en algunas de las colinas del pueblo se han instalado colonos israelíes.

"Tengo el derecho de ingresar a mis tierras sin obstáculos, pero no lo puedo ejercer", dice Hafez Jaber, uno de los organizadores de la manifestación.  

"Todo esto es por culpa de colonos que decidieron colocarse ahí con su rebaño y con la protección del ejército israelí en nuestro suelo", agrega.

Hace un año y medio, su hijo murió a balazos cerca de su casa. No sabe con certeza si fue a manos el ejército o miembros de la Juventud de las Colinas, un grupo extremista de colonos.  

La protesta se convierte en enfrentamientos. Palestinos prenden fuego a la loma para desalojar a los colonos, se arrojan piedras y los auto palestinos son vandalizados.  En unos minutos el ejército israelí ingresa y dispara tiros al aire.  

Un residente anónimo de Sinjil no cree que la perspectiva de un cese el fuego en Gaza pacifique la situación en Cisjordania: "La gente está a la espera de una tregua y de la paz, pero eso no existe aquí, los colonos no quieren tregua ni paz. A nosotros nos han abandonado".  

La víspera, ministros de Benjamin Netanyahu redactaron una carta llamando a anexionar Cisjordania por completo.