Mientras varios gobiernos negocian in extremis con Donald Trump su política arancelaria, horas antes de que se cumpla el plazo del 1 de agosto que dio a sus socios comerciales para imponer su lista de aranceles, Brasil ha sido uno de los más castigados con un 50% de imposición.

Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil. El año pasado fue de 6 mil 800 millones de dólares y su ventaja se ha mantenido durante los últimos 18 años. Por eso, un 50% de aranceles para el gigante latinoamericano resulta difícil de procesar desde un punto de vista económico. Donald Trump ha argumentado que la medida se da en represalia por el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado después de perder las elecciones presidenciales de 2022. 

Para el economista Alex Agostini, jefe de la calificadora Austin Rating, esto va más allá de una amistad: “El interés de Donald Trump era, en primer lugar, forzar la amnistía de Bolsonaro. Una vez amnistiado, volvería a ser elegible para las elecciones de 2026. En caso de que ganara las elecciones para Estados Unidos, él sería un aliado importante para flexibilizar la ley la explotación de minerales raros. Brasil tiene las segundas mayores reservas de minerales raros del mundo, lo que es de gran interés para el sector tecnológico, especialmente en Estados Unidos. Pero Brasil tiene una legislación muy estricta que no lo permite".

No es la primera vez que Trump amenaza con aranceles para lograr su agenda política, indica Vinicius Rodríguez, profesor de Relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas: “La implicación económica es muy problemática para los sectores que no han sido dejados de lado en el tarifazo, como el sector de café, carne, frutas tropicales. También, claro, los textiles y los zapatos, que son productos que exportamos muchísimo a los Estados Unidos y que todavía teníamos competitividad, mientras que aproximadamente 42% de los productos no serán, no estarán sujetos a la tarifa, los otros estarán con consecuencias muy malas para los empleos, como por ejemplo en el sector de Asaí, que es una fruta tropical que solo Brasil produce, quizás 300 mil empleos quedan en riesgo después del tarifazo”.

Según Rodríguez, los productos que Trump ha dejado por fuera de este 50%, como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles, los fertilizantes o los metales preciosos son aquellos que no pueden suplir los mismos estadounidenses. 

En Estados Unidos, se multiplican las denuncias sobre las condiciones abusivas de detención en Alligator Alcatraz, una de las cárceles migratorias, inaugurada hace un mes en Florida por Donald Trump para acelerar las expulsiones de extranjeros. Los jueces examinan actualmente dos demandas contra la creación de este polémico centro.

“Están en una jaula. En cada jaula tienen 32 camas”, explica a RFI la estadounidense Ashly Valdez, esposa de un reo cubano de 31 años y detenido desde el 11 de julio. La mujer, quien reside en Orlando, alerta sobre las condiciones de detención infrahumanas impuestas a su esposo Gonzalo Almanza en Alligator Alcatraz, la cárcel migratoria inaugurada el 1 de julio en Florida por Donald Trump para facilitar las expulsiones de extranjeros. 

“No tienen acceso a abogados”

“Tienen un aire acondicionado que está súper frío. O sea, imagínese bañarse en agua fría y salir y estar en el frío. Tienen una cámara ahí encima de los toilets que está viendo cuando los hombres vienen y hacen sus cosas. No tienen privacidad. Ha habido casos donde ni les quieren dar papel, rollos de toilet. Imagínese, 32 hombres y les dan un rollo de toilet. Y les dicen que ya les dieron uno para 32 personas. La comida, no están dando porciones para adultos, están comiendo un sándwich”, denuncia Valdez.

“Otra cosa que deben tomar en cuenta es que ellos tienen ocho luces sobre cada jaula, que son LED, que son brillantes, brillantes y están prendidas 24 siete, no se apagan. Un perro vive mejor. Tienen acceso al teléfono que es la única cosa, pero no tienen acceso a abogados, nadie puede entrar a verlos. Les quitaron todos sus derechos. Mi esposo está aquí, tiene su residencia permanente, no es un ilegal”, subraya.

Gonzalo Almanza llegó a Estados Unidos a los seis años y vive legalmente en el país. Y aunque tiene antecedentes penales, su abogada asegura que cumple con sus obligaciones probatorias. Fue precisamente durante una de sus citas rutinarias con un oficial de justicia, que el hombre fue detenido, sin que hasta el momento se le haya notificado ningún cargo o motivo exacto.

“Está en el limbo”

“Él fue a ver a su probatoria y cuando ella abrió la puerta había dos agentes de ICE y le dijeron que tenían una orden administrativa contra él y no le dijeron nada más. Él está en un limbo. No hemos podido visitarlo. La abogada todavía no ha podido ir a verlo”, precisa la mujer.

“En mi opinión, diseñaron el sistema para torturar y para que la gente simplemente renunciara a su caso y dijera 'no puedo quedarme aquí, quiero irme a casa ahora mismo, ni siquiera voy a intentar defender mi caso ante los tribunales'”, denuncia al micrófono de RFI Anna Weiser, defensora de Gonzalo Almanza y abogada especialista en asuntos migratorios en la firma Smith and Eulo.

Actualmente, la creación de este centro de detención migratorio está siendo objeto de dos demandas en tribunales. Por una parte, organizaciones de derechos civiles estiman que la imposibilidad de los abogados de acceder a las instalaciones viola el derecho a un juicio equitativo. Y por otra parte, ONG ambientalistas consideran que las infraestructuras del centro, en la reserva natural del humedal de los Everglades, contradicen las normativas ambientales de protección de especies frágiles.

Tras un largo proceso judicial que inició en 2012, el expresidente Álvaro Uribe fue condenado por intentar sobornar a un paramilitar para evitar que lo vinculara con los escuadrones paramilitares de ultraderecha. ¿Qué supone esta condena?

La condena del exmandatario colombiano Álvaro Uribe es sin precedentes y representa un avance en la búsqueda de justicia sobre los crímenes del paramilitarismo en Colombia.

Grupos paramilitares propios

“Álvaro Uribe fue gobernador en los años 90 del departamento de Antioquia, que era uno de los puntos álgidos del conflicto en el país. El único hecho de que él nunca se ha escondido es que sí fue un impulsador de unas cooperativas de seguridad que se llamaron en esa época las ‘Convivir’, que funcionaron como una fachada legal del paramilitarismo durante todos los años 90”, explica a RFI Jacobo Grajales, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Paris 1 Sorbona.

“Pero”, prosigue, “las otras acusaciones que tiene en su contra es de haber creado él mismo con su hermano Santiago grupos paramilitares en torno a una hacienda que les pertenecía. Son acusaciones que siempre han estado en el ambiente político pero que nunca se han logrado probar a ciencia cierta. Y una de las razones por las cuales nunca se habían logrado probar era que testigos, que inicialmente declaraban contra él, terminaban cambiando su versión, o incluso algunos testigos simplemente desaparecieron, fueron asesinados. Entonces la decisión de ayer es realmente un hito histórico en esos procesos de esclarecimiento de la verdad histórica del paramilitarismo en Colombia”.

Nexos entre políticos y paramilitares

Ya habido condenas por los crímenes cometidos por los paramilitares, prueba de un cierto progreso en la justicia: “Ha sido una lucha de más de 20 años, ha habido asesinatos de jueces, asesinatos de testigos, asesinatos de fiscales y sobre todo también de defensores de derechos humanos que se han metido a investigar estos temas”, subraya Grajales.

“En el caso particular del paramilitarismo, los jueces y las juezas en Colombia han mostrado que gran parte de la clase política regional se alió con grupos paramilitares. Hubo decenas de representantes a la Cámara y de senadores condenados por sus nexos con los grupos paramilitares en los años 2000 y 2010. El mismo primo de Álvaro Uribe, que era senador, fue condenado por nexos con grupos paramilitares. La responsabilidad del Ejército se ha establecido”, detalla el especialista.

“Lo único que no se ha establecido totalmente del punto de vista judicial es la responsabilidad que pudo existir desde la Presidencia de la República en la formación de estos grupos y en los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que pudieron cometer”, concluye.

El senador de izquierda Iván Cepeda, que impulsó las investigaciones sobre los posibles nexos entre Uribe y el paramilitarismo hace 13 años, considera por su parte que la condena de Uribe puede ser el punto de inflexión para un proceso de reconciliación basado en la verdad y la justicia para las víctimas de los crímenes paramilitares.

El Gobierno de Dina Boluarte desestimó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigía suspender de inmediato el trámite del proyecto ley de amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de violación de derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Tras la firme decisión del Gobierno peruano los organismos expertos en derechos humanos expresaron su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, al considerar que viola normas internacionales y contradice los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia y reparación.

"Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos"

- Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

La ley de amnistía, que aún está pendiente de la promulgación por parte del ejecutivo, afectaría a 156 víctimas con sentencia firme y otras 600 en proceso de investigación. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene a través de su secretaria general, Tania Pariona, que de aprobarse este indulto borraría décadas de lucha por justicia y verdad.

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"Consideramos que esto es altamente lesivo para el acceso a la justicia de las víctimas y los familiares que lucharon décadas por conseguir una sentencia", afirma Pariona. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos", declara la secretaria general de la CNDDHH.

"Los familiares de las víctimas están no solo revictimizados de forma permanente al alcanzar la justicia bastante tardía, sino que otra vez se les vuelve a revictimizar. Esto les golpea en lo más doloroso, la amnistía anula todo lo que ellos caminaron por buscar la verdad, por lograr una audiencia pública. En el Perú estamos viviendo un contexto, ya no un debilitamiento democrático, sino un deterioro ya de las bases mínimas de un Estado de derecho", aclara la defensora de los derechos humanos. 

Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes

La Corte Interamericana de Derechos Humanos avisó que, de promulgarse la ley sin atender sus observaciones, el Estado peruano estaría incurriendo en un incumplimiento de las medidas provisionales vigentes en esos casos. Por ello, exigió que la iniciativa legislativa no continúe su trámite y que, en caso de ser promulgada, las autoridades se abstengan de aplicarla hasta que se evalúe su impacto legal en los procesos supervisados por el sistema interamericano.

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"Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes. Se cuestiona hoy la pertenencia del Perú al sistema Interamericano y esto profundiza la crisis institucional y pone en riesgo, no solo la posibilidad de acceder a la justicia en instancias supranacionales de parte de los ciudadanos peruanos, sino que además el Estado está dejando de ser el primer garante de los derechos humanos y más bien siendo el actor violatorio de los derechos humanos", dice Tania Pariona. 

Perú ya aprobó en agosto de 2024 una ley que declaró prescrito los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que benefició al difunto expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia política que dejó unas 70.000 víctimas de 1980 a 2000.

La policía peruana incautó la semana pasada cuatro toneladas de mercurio procedentes de México con destino a Bolivia. Esta operación representa un duro golpe a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal de oro, las cuales utilizan el mercurio para separar el metal precioso de los sedimentos.

El cargamento ilícito fue detectado gracias al uso de equipos tecnológicos especializados, los cuales permitieron corroborar que el mercurio se encontraba adherido en las 20 toneladas de piedra molida localizadas dentro de un contenedor en el puerto del Callao. Así lo comunicó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Luis Fernández, especialista en contaminación por mercurio de la Universidad Wake Forest en Carolina del Norte, explica las razones por las cuales este metal tóxico es utilizado en la minería informal.

Fernández explica que primero hay que entender que hay dos formas para refinar el oro. Las grandes empresas emplean procesos industriales que requieren el uso de cianuro. Esta sustancia química, que posee un rendimiento del 97 %, requiere muchos controles y un proceso muy complejo, ya que es mortal para el ser humano.

En cambio, los grupos más pequeños que operan en la minería informal emplean el mercurio, que no necesita de procesos ni controles tan rigurosos. El especialista destaca que el rendimiento del mercurio también es más bajo, del 30 o 35 %, ya que estas personas emplean una tecnología de hasta 100 años de antigüedad. "Estos grupos pueden llegar a producir entre 10 y 100 gramos de mercurio al día, cuyo valor es muy alto", aclara Fernández.

El mercurio es ampliamente utilizado por la minería ilegal. Pero está causando daños profundos en el medio ambiente y en la salud humana. El biólogo Luis Fernández, de la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte, considera que "es muy probable que estemos envenenando la biodiversidad amazónica. Estamos viendo concentraciones de mercurio en murciélagos, aves, tortugas, aire y agua. Estamos viendo que muchos pescados también están contaminaos, con efectos en el sistema nervioso de niños y mujeres embarazadas", que viven las ciudades amazónicas, constata Luis Fernández, que ha realizado estudios de monitoreo de la contaminación por mercurio.

Los expertos relacionan la proliferación de la minería ilícita con el aumento de la delincuencia y el crimen organizado. Noam López Villanes, politólogo y profesor en la Universidad de Ingeniería en Lima, pone de ejemplo el caso de los "Pulpos", una banda criminal que fue contratada por la explotación minera de la Sierra de la libertad. 

"Durante unos meses cumplió su rol, pero eran prácticamente criminales", explica el politólogo. Este cuenta que tras aprender el negocio, acabaron con la vida de quienes los contrataron para hacerse con el control. "Aprendieron bastante como para empezar a operar y llevar a cabo la extracción, el proceso de refinamiento y transporte, ya que conocen también el territorio", señala López Villanes.

Las autoridades peruanas aseguran que esta incautación de mercurio permitió identificar a una presunta red internacional de tráfico ilícito de este metal que opera en México, Perú, Colombia y Bolivia.

En un fallo histórico, la justicia colombiana ha condenado a 7 exdirectivos de la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares. Esta sentencia, emitida tras 17 años de proceso judicial, marca un hito en el caso de la empresa bananera que operó en la región de Urabá, ubicada en el noroeste del país.

El proceso judicial inició en 2005, cuando un testigo denunció ante las autoridades colombianas que la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands estaba financiando a un grupo paramilitar. Esta denuncia marcó el comienzo de un extenso proceso legal con el objetivo de llevar a los ejecutivos de la empresa ante la justicia.

Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, -una organización que ha asesorado a las víctimas del conflicto armado y ha impulsado durante dos décadas la resolución de este caso-, resalta la importancia de este hito judicial. “El fallo condena a 7 personas que eran de Panadex, una empresa que era ciento por ciento de propiedad de Chiquita Brand y se demuestra en el fallo que los miembros de la junta directiva conocían lo que pasaba con la financiación, que entregaban 3 centavos de dólar por cada caja exportada en Colombia a los grupos paramilitares y marca un límite para el comportamiento de las empresas también en Colombia”, señaló.

Responsabilidad de orden Penal

Vega explica que en EE.UU. había dos decisiones judiciales: Una administrativa con una multa de 25’000.000 de dólares que fue en el año 2007 sobre este mismo caso y otra del año 2024, “en el que un jurado establece la responsabilidad de la empresa a pagar una indemnización a las víctimas que sufrieron daños por el homicidio de algún familiar, pero no había avanzado sobre la responsabilidad de orden penal. Esa es la diferencia con los fallos que se emiten acá en Colombia hoy” aseguró. 

La decisión judicial, pone fin a una larga etapa de impunidad en torno a los vínculos entre la multinacional bananera y el paramilitarismo en Colombia.

El jurista señala que los jueces han determinado la existencia una contribución voluntaria, deliberada, permanente, “que no fue producto de la extorsión ni fue producto de la coacción, sino que fue voluntaria y lo hacían evidentemente, para contrarrestar luchas sociales que se daban en la región, por la tierra, por el movimiento sindical, por los trabajadores y por la presencia de la guerrilla, han alegado ellos. Pero la empresa, en lugar de acudir a las autoridades, lo que hizo fue buscar un grupo terrorista paramilitar para que contrarrestara esa situación. Eso no lo digo yo, lo dicen los jueces norteamericanos y la juez en Colombia”, indicó. 

La justicia colombiana condenó a siete directivos de Chiquita Brands a once años de prisión y a una multa de aproximadamente tres millones y medio de dólares por sus vínculos con grupos armados ilegales.

Venezuela recibe a migrantes liberados de la prisión de alta seguridad Cecot tras un canje de prisioneros entre Washington y Caracas.

Esta repatriación fue posible gracias a las negociaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. El acuerdo incluyó la liberación y el viaje inmediato a Estados Unidos de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, así como la liberación de unos 80 presos venezolanos, según las versiones oficiales de Washington y Caracas.

Andy Perozo, uno de los venezolanos liberados, comparte su testimonio sobre cómo llegó a esta prisión de alta seguridad.

"Llegó un guardia y dos dijo: «Bienvenidos al Cecot, al infierno, de aquí nadie sale». Nos recibieron con golpes y cuando escuché eso yo dije: «De aquí solamente me saca Dios»", cuenta Perozo.

Según su testimonio, les cortaron el cabello, les pusieron el uniforme de la prisión y los volvieron a esposar. "La gente se desmayaba, uno veía cuando la gente estaba sangrando porque lo golpeaban. Después de eso no volvimos a ver a los salvadoreños, todo eso pasó con nosotros, los venezolanos", explica Andy.

Andy fue arrestado por no acatar una orden de expulsión de Estados Unidos y posteriormente fue acusado por las autoridades estadounidenses de formar parte de la organización criminal "Tren de Aragua", sin pruebas concluyentes. Como resultado, fue recluido en el Cecot.

"Los soldados abrían la puerta del autobús antes de que lo hiciera el conductor, parecían zombis buscando agarrar personas", afirma Andy. Este declara que los golpearon al llegar al lugar donde les esperaba el director del centro, quien dijo: "Bienvenidos al Cecot, de aquí no saldrán nunca porque son miembros del tren de Aragua, y ustedes están condenados por terroristas".  "Me encargaré de que no vuelvan a comer nunca ni pollo ni carne", dijo el director les metieron en la celda, atestigua Andy.

Andy concluye agradeciendo al gobierno venezolano por haber logrado lo que él consideraba casi imposible: ser liberado del Cecot.

La asociación afirma que desde agosto de 2024 hasta julio de 2025, han sido asesinados 32 choferes, siete pasajeros, un gerente y un cobrador.

Para los conductores de transporte público en Perú, su trabajo se ha convertido en una fuente de angustia y peligro, ya que temen que en cualquier momento pueda subir a su vehículo un sicario con el objetivo de asesinarles debido a que su empresa no pagó un cupo.

Dimitri Senmache, exministro del Interior de Perú y especialista en seguridad, ha alertado sobre la proliferación de organizaciones mafiosas.

Presencia del tren de Aragua y los Choneros en Perú

"Nosotros, desde hace tiempo, hemos estado vislumbrando el crecimiento de organizaciones criminales - principalmente vinculadas al narcotráfico - que han comenzado a abrir otros nódulos", explica Senmache.

Este relaciona los hechos con la migración de criminales de Colombia y Venezuela que huyen de la ley en sus países de origen. El exministro del Interior asegura que miembros del tren de Aragua o los Choneros de ecuador están presentes en Perú; los cuales extorsionan a "pequeños transportistas, pero hoy ya están con transportes de mediana envergadura, y eso hace pensar que se están fortaleciendo más".

División en el gremio de transportistas

A pesar del peligro que representan estas acciones criminales, existe una fragmentación dentro del gremio de los transportistas, que no han logrado ponerse de acuerdo sobre la adhesión al paro.

"Lo que sucede es que hay empresas que tienen mayor recaudo y que no les importa detener o parar; ya que no se ven afectados por ahora por la delincuencia", cuenta el experto en seguridad.

Este contextualiza que la delincuencia afecta ahora a los pequeños y medianos empresarios, pero que en el futuro llegará a tomar espacio "en aquellos sectores de transporte de gran escala que todavía se sienten un poco seguros".

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que ningún gremio formal acatará ningún paro en lo que resta de julio. Sin embargo, la Alianza Nacional de Transportistas ha comunicado que están considerando acatar un nuevo paro que se realizaría durante las Fiestas por la Independencia de Perú, los días 27 y 28 de julio.

Tras las denuncias de decenas de mujeres que afirman haber trabajado en condiciones muy difíciles y sin sueldo para la institución católica Opus Dei, cinco responsables argentinos son señalados por la Justicia.

Son 43 mujeres las que acusan a la institución conservadora católica Opus Dei de haberlas separado de sus familias para hacerlas trabajar como empleadas domésticas, sin ningún tipo de remuneración y en condiciones especialmente difíciles, entre 1974 y 2015.

La Justicia argentina investigó durante varios meses antes de implicar a cuatro líderes argentinos de la orden en 2024. Pero el caso dio un nuevo giro hace poco, cuando se añadió un quinto nombre a la lista de personas que podrían ser imputadas. Esta vez se trataba de Mariano Fazio, número dos de la organización en Roma y ex vicario regional en Argentina entre 2010 y 2014.

“En todas partes del mundo”

El abogado de las denunciantes, Sebastián Sal, entiende que se trata de una red de trata de seres humanos que está extendida por todo el mundo y que podría involucrar a dirigentes de primera importancia del Opus Dei.

“Los pedidos de indagatoria son fuertes, inclusive la querella ha pedido la indagatoria del número uno del Opus Dei, el señor Fernando Ocáriz, porque se considera que él sabía lo que pasaba. Aparte inclusive trabajaron en Roma, en la sede central del Opus Dei, porque el Opus Dei las trasladaba, una vez que ya se hacían numerarias o miembros del Opus Dei, las trasladaba a diferentes partes del mundo, entre ellos Roma”, explica a RFI Sebastián Sal.

“Hay casos similares en España, Italia, Inglaterra, en Irlanda hay una denuncia penal también realizada. En México se está empezando a gestar toda una situación como la que iniciaron estas 43. Y mismo en Estados Unidos. El Opus Dei no sólo lo hacía en Argentina o en Uruguay, Paraguay, sino que lo hacía como algo organizado en todas partes del mundo”, subraya.

Víctimas que sufren secuelas

Este caso es seguido de cerca por el Vaticano que ya impuso varias sanciones durante el pontificado del papa Francisco, señala asimismo el abogado: “Nosotros hemos hecho una denuncia también ante el Vaticano por este motivo. El papa Francisco en su momento tomó dos medidas importantes contra el Opus Dei. Le prohibió al prelado del Opus Dei que fuera obispo. De hecho, no puede ser más obispo el prelado del Opus Dei, cosa que antes sí lo era. Y la otra cosa es que los degradó y obligó al Opus Dei a presentar nuevos estatutos, que tengo entendido los presentaron hace poco con el nuevo papa”.

Las denuncias se amontonan por todas partes del mundo, y en Sudamérica, las víctimas sufren las secuelas como consecuencia de este periodo: “A lo largo de los años, después de 10, 15 o 20 años de estar dentro del Opus Dei, consiguen algunas escaparse. Muchas de ellas se enferman, todas enfermedades psiquiátricas, algunas inclusive han intentado suicidarse. Pero bueno, llega un momento en que muchas de ellas consiguen escaparse, a través de alguna conocida, alguna amiga, y obviamente no tienen aportes sociales ni nada. No les pagaban sueldo, no conocían lo que era el dinero, mucho menos iban a tener cualquier tipo de aportes para poder acceder a la seguridad social”, comenta Sebastián Sal.

Mientras el proceso legal avanza, el Opus Dei ha expresado que, aunque miles de adolescentes pasaron por su Institución de Capacitación sin incidentes graves, las denunciantes podrían haber tenido “malas experiencias” y reconocieron posibles incumplimientos legales.

El asunto envuelve en el escándalo a las más altas esferas de esta poderosa institución católica y se convierte potencialmente en uno de los primeros asuntos espinosos del pontificado de León XIV.

En El Salvador, Cristosal, la mayor ONG de derechos humanos abandona el país tras 25 años de presencia en el país centroamericano. La decisión llega después de que su directora de anticorrupción, Ruth López, fue arrestada por cargos de corrupción, en un proceso que ha sido cuestionado por organismos internacionales.

"Estamos obligados a elegir entre la prisión o el exilio" dice Noah Bullock, el director ejecutivo de Cristosal, una ong fundada en 2001 por obispos anglicanos, y que investiga casos de corrupción y violación de derechos humanos durante el gobierno de Nayib Bukele.

Ellos han tomado la decisión de irse de El Salvador ante lo que califican de una escalada represiva del gobierno; Noah Bullock: "Sumado a quienes tenemos pocas esperanzas podernos defender ante una instancia de justicia imparcial o independiente, decidimos que no les servimos a las víctimas que acompañamos, ni tampoco a nuestros presos políticos, también estando en la cárcel."

La decisión la tomaron después de que el gobierno aprobó la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) que obliga a las ongs a pagar un impuesto del 30 % de sus fondos; pero sobre todo, después de que en marzo pasado la jefa de su unidad anticorrupción, Ruth López, fue acusada por el gobierno de malversación de fondos; ella fue detenida y desaparecida por un periodo de tiempo en el que ni sus familiares ni colegas de Cristosal sabían donde se encontraba.

Noah Bullock: "Ya han amenazado a capturar otros miembros de nuestro liderazgo. Ya tenemos años de estar bajo un acoso estatal casi constante. Incluso hace poco tuvimos un grupo de policías que entraron a nuestra oficina en medio de una conferencia de prensa y tomaron fotos de todos los vehículos de los periodistas, pero éso ya se había tristemente normalizado. La captura de nuestro colega para nosotros nos dejó muy claro de que esta represión está muy dirigida a nosotros para mandar un mensaje a toda la población, de que quienes piensan distinto al régimen, pueden sufrir represalias incluso matarse".

Según la ONG, en los últimos tres años, mas de 86 mil personas han sido detenidas de manera arbitraria y sin que medie una investigación por el gobierno de Nayib Bukele.

Cristosal agregó que su labor continúa, "reorganizada y comprometida, desde Guatemala y Honduras", países donde también trabaja desde hace años y cuenta con sedes.