Noticias de América

Las pérdidas ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto se estiman en unos 9.570 millones de dólares, según el Gobierno. El departamento del Chocó, donde se situó el epicentro, es uno de los más afectados. “Si para Colombia el terremoto es una tragedia, para el Chocó es una catástrofe”, dijo a RFI la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba.

Más de una semana después del potente terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia, el país entró en la fase de remoción de escombros, sin prácticamente posibilidades de encontrar sobrevivientes. El sismo dejó al menos 305 muertos, 4.548 heridos y miles de edificios destruidos.

En el Chocó, epicentro del temblor, el desastre puso de manifiesto la desigualdad estructural que atraviesa uno de los departamentos más pobres del país.

“Si para Colombia el terremoto es una tragedia, para el Chocó es una catástrofe”, dijo a RFI la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

Según explicó, ya antes del sismo, el departamento tenía "condiciones de altísima vulnerabilidad social y económica" de la población, así como una "gran precariedad en las condiciones de vida mínimas para el desarrollo de la gente”.

“Esto tiene mucho que ver con la desatención histórica, con el abandono histórico del Estado colombiano en estos territorios, que están mayoritariamente poblados por afrocolombianos e indígenas”, agregó.

Leer tambiénColombia: migrantes en Cali obligados a empezar de cero tras el terremoto

 

También para Amir Chaverra, fundador del Movimiento Cimarrón en el Chocó, defensor de los derechos de los afrocolombianos, el terremoto simplemente hizo visible "una brecha de desigualdad".

"El terremoto no encontró una economía sana, sino una economía de profunda desigualdad, así como una población que ya había tenido que desarrollar estrategias de supervivencia frente al conflicto armado, que ha generado desplazamiento, así como exclusión estatal. Todo esto, obviamente, aumenta el riesgo de que la emergencia produzca una pobreza adicional secundaria”, sostuvo Chaverra.

Según las autoridades, 29 de los 31 municipios del Chocó se vieron golpeados por el terremoto. El departamento registró 13 muertos, 310 heridos y casi 44.000 afectados.

La vasta extensión del territorio, la escasez de rutas y la falta de profesionales especializados han dificultado las tareas de estimación de daños, que apenas alcanzan un 50 %. Hasta ahora se han contabilizado más de 3.000 viviendas destruidas y casi 20.000 averiadas, además de 267 instituciones educativas afectadas. Para la gobernadora, es urgente pasar a la fase de reconstrucción.

“Es urgente reconstruir las escuelas del Chocó. Mientras que en otros lugares de Colombia se puede recurrir a la virtualidad, nosotros no podemos hacerlo. Además, en el Chocó no hay excedentes de vivienda, sino déficit. Incluso si las familias pudieran acceder a un subsidio para buscar un arrendamiento, no van a encontrar viviendas para arrendar"

- Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó

 

A su juicio, esta situación hace "mucho más urgente" el comienzo de la fase de reconstrucción en el departamento, que presenta los indicadores de pobreza multidimensional, pobreza monetaria y desempleo "más altos del país".

"Realmente es una cuestión de tiempo, es una carrera contrarreloj. Hay que comenzar cuanto antes”, sentenció.

Más allá de la reconstrucción, el Chocó deberá también hacer frente al histórico abandono estatal, marcado por la falta de acceso a servicios como la electricidad, la conectividad y las carreteras, que han obstaculizado una respuesta eficaz durante la emergencia.

La Justicia española concedió la libertad condicional anticipada al excoronel salvadoreño Inocente Montano, condenado a 113 años de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles durante la guerra civil en el país centroamericano, debido a una enfermedad irreversible que padece a sus 84 años.

El excoronel Inocente Orlando Montano Morales fue el primer militar salvadoreño que respondió ante la Justicia española por la muerte de cinco jesuitas en 1989. Tras ser condenado a 133 años y tres meses de cárcel en 2020 (foto), ayer se le otorgó la libertad condicional por razones médicas, tras una petición formulada por la prisión donde cumplía su condena. RFI entrevistó en exclusiva a quien fuera su abogado defensor, Jorge Agüero Lafora, sobre esta excarcelación.

"Nosotros defendimos a Montano principalmente durante el juicio y luego en los recursos que se presentaron ante el Tribunal Supremo, en el momento de la ampliación de la medida de prisión provisional. En ese momento solicitamos la liberación por la situación en la que Montano se encontraba en razón de su estado de salud con el paso del tiempo. Ya es una persona mayor y el Código Penal recoge la posibilidad de esa suspensión ordinaria de la pena. El Código Penal no intenta aplicar una pena desproporcionada. Y cuando la persona se encuentra en una situación en la que tiene una enfermedad incurable, lo lógico y normal, por razones de dignidad y humanidad, es esa aplicación", comenta Lafora.

El hecho de que el juicio se llevase a cabo en España ayudó a que su cliente saliese en libertad, agrega el abogado. 

"El Código Penal español es garantista en este sentido. Nosotros defendíamos en su momento que España no era competente para enjuiciar estos hechos, en particular, por el hecho de que la calificación de los mismos pudiera ser la de asesinato. Para nosotros, esto no encuadraba en el tipo penal de acto terrorista, que era la calificación jurídica que permitía al Estado español juzgar unos hechos cometidos en el extranjero. Partiendo de esa premisa, no habría tenido que ser necesario llegar a este punto. Entendíamos que se le aplicaba una interpretación del delito actual de terrorismo para unos hechos previos a la configuración penal que se le da en este momento. Por tanto, la intención era haber llegado hasta las instancias más altas, pero, teniendo en cuenta la situación médica en la que se encontraba mi cliente, finalmente no acudimos", concluye Lafora.

Según el Ministerio Público español, en 1989, cuando se produjo la masacre, la orden religiosa estaba ejerciendo de intermediaria entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a fin de encauzar las negociaciones de paz. Montano, considerado el primer autor intelectual de la masacre, fue condenado por estos hechos. El presidente salvadoreño y comandante de las Fuerzas Armadas en el momento de la matanza, Alfredo Cristiani, así como un grupo de militares, serán juzgados próximamente en El Salvador por este caso.

El devastador terremoto en Colombia dejó al descubierto un hallazgo inesperado: el sismo provocó el colapso de un muro en el cementerio de Roldanillo, en el Valle del Cauca, dejando expuestos restos humanos. Familiares de víctimas del conflicto sospechan que las osamentas podrían corresponder a personas sepultadas ilegalmente en el lugar. 

Por Raquel Villaécija y Justine Fontaine 

Los familiares de desaparecidos en Colombia han pedido a las autoridades que examinen estos restos que creen pueden pertenecer a sus allegados o pueden dar pistas para localizar alguno de ellos, como explica Sandra Ubaté, que lleva años buscando a su hermano Jhon Ricardo Ubaté, desaparecido en 1995 cuando tenía 24 años; nunca han encontrado sus restos: “En ese cementerio, se cae una pared y aparece(n) dentro algunas bolsas marcadas, rotuladas, lo que da la sensación de que lo que hay allí son cuerpos que pasaron alguna vez por Medicina Legal. Así que rastrear cualquier posibilidad de disposición de restos óseos que estén expuestos sin protección, pues es un interés para cada uno de los familiares que estamos buscando a nuestros desaparecidos.”

Los restos óseos hallados en el cementerio tenían otros elementos como restos de prendas, que parecen uniformes o botas de caucho. Esto les hace pensar que pueden ser personas desaparecidas durante el conflicto, como explica Deidania Perdomo, coordinadora de búsqueda del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda: “Es muy preocupante porque, ¿qué va a pasar después de del sismo?  Las familias están angustiadas, desesperadas y es lógico, entendemos la preocupación porque con esto se irá a borrar, digamos, años de historia, años de sufrimiento, años de angustia. Entonces nos preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué va a pasar con toda esta información que tenemos sobre las personas dadas por desaparecidas?”.

Piden que se examine si el lugar debe ser incorporado al registro de fosas o cementerios ilegales para la búsqueda de desaparecidos y que estos restos no sean destruidos ni alterados.

Sandra Ubaté: “Y hemos sido descubierto (sic) a lo largo del tiempo, que no solamente en el cementerio de Jamundi, sino que muchos cementerios, a lo largo y ancho del país, que incluso ya tienen medidas cautelares, se han dado enterramientos de manera ilegal, es decir, que las fuerzas militares y paramilitares utilizaban los cementerios como lugares para ocultar los cuerpos de los de dados de baja en combate, o para cuerpos de personas dadas por desaparecidas.”

Sandra Ubaté lleva 30 años buscando a su hermano, que desapareció en circunstancias desconocidas en el Valle del Cauca.

Video de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

Tras el terremoto en Cali, cientos de personas siguen sin poder regresar a sus viviendas. Permanecen en albergues y refugios temporales donde reciben atención y elementos básicos, mientras esperan saber qué ocurrirá con sus casas y las ayudas.

Mientras continúan las labores de búsqueda y la evaluación de las edificaciones, otra urgencia crece en Cali: la de quienes no tienen dónde volver. Al menos siete espacios reciben a damnificados. Los principales funcionan en el Coliseo de Hockey Miguel Calero y el Diamante de Béisbol. Verónica Soto Brecas, chilena, no puede regresar a su vivienda por el riesgo de colapso.

"Nosotros somos personas damnificadas que no podemos volver a nuestras casas porque están por derrumbarse, entonces no sabemos qué hacer en realidad", cuenta a RFI.

Verónica también teme abandonar el lugar donde encontró refugio y que esto pueda afectar el acceso a las ayudas. “De hecho nos querían sacar porque nos dijeron que iban a poner una ducha. Vamos a perder el beneficio que nos puede entregar el gobierno", teme.

En los espacios habilitados se brinda alimentación y atención psicológica y se entregan colchonetas, almohadas, agua, leche y pañales. Otros, como Raúl Esteban Pérez, enfrentan otra dificultad: permanecer junto a sus perros.

"Yo comprendo que es un momento de no exigir cosas. Nos dijeron hoy en la mañana que, si nos podíamos ir para un lugar, un albergue diferente, por los perros", explica.

La experiencia no es igual para todos. María Hinestroza destaca la atención recibida. "Hemos tenido buena atención, nos han ayudado bastante, todo el tiempo están pendientes de nosotros. Nos han dado, colchonetas, agua, camas", reconoce.

Mientras se evalúan las viviendas afectadas, cientos de damnificados esperan saber cuándo podrán regresar o qué ayuda recibirán. 

El gobierno de Venezuela ha pactado con la oposición una reforma del poder judicial tras una primera ronda de negociaciones, que debería avanzar hacia una transición democrática, siete meses después de la caída de Nicolás Maduro. La clave está en la transformación del Tribunal de Justicia, que valido la reelección fraudulenta de Nicolas Maduro en 2024.

Esta primera ronda de negociaciones se ha llevado a cabo a puerta cerrada y sin la participación de la líder opositora María Corina Machado, que se encuentra en el exilio en Panamá y que ha dicho que no se opondrá a la reforma.

Uno de los puntos clave de la reforma es el cambio en la designación de los jueces que componen el tribunal supremo de justicia, como explica Manuel Camilo González, experto en Venezuela, profesor de la Universidad Javeriana.

"Ciertamente, la negociación no creo que vaya a ser muy fácil; no creo que vayan a salir a acuerdos muy rápidos porque esto supone quién va a ser el que juzgue y sancione, en caso de que exista un proceso de democratización en Venezuela, a los máximos responsables de violación de derechos humanos", estima González.

"Lo que busca obviamente el Gobierno es blindarse ante el futuro. La oposición lo que busca es tener un actor democrático que pues obviamente no solamente sanee todo el sistema político venezolano -porque el tribunal ha sido muy importante para sostener a Nicolás Maduro-, sino también un sistema obviamente judicial que permita esa apertura democrática y sobre todo la que la justicia llegue a todos los ciudadanos, que sea una justicia que obviamente sea para todos". 

Las conversaciones han sido auspiciadas por Estados Unidos, que jugara un papel de mediador cuando haya algún tema sensible.

"Estados Unidos actúa como una especie de árbitro o de tercero moderador que lo que hace es empujar la negociación cuando esta se bloquea, y seguramente va a ser así. Estados Unidos va a hacer declaraciones, va a presionar para que efectivamente se llegue a un acuerdo para que las dos partes obviamente cumplan su rol dentro del plan de Estados Unidos. El plan de Estados Unidos siempre ha sido tener el orden, beneficiarse y lograr la transición. Necesita a la oposición para la transición, pero también a los chavistas para mantener el orden", asegura el profesor de la Universidad Javeriana.

La oposición quiere derogar leyes contra el odio o el terrorismo que permitieron encarcelar a numerosos opositores, y lograr así un saneamiento del sistema judicial.

"La idea es como quitar los obstáculos, que se dé la democratización, que esa misma democratización no suponga un peligro para los que dejen el poder, que muchas veces esos tribunales cuando se reforman, usualmente sirven para hacer purgas y como has visto las purgas que han existido desde que salió Maduro. Van a colocar seguramente como chivos expiatorios en judiciales muy irrisorias como corrupción o delitos financieros a ciertos cargos del antiguo régimen, es decir, el Gobierno de Maduro como una especie de ofrenda de que efectivamente el Gobierno interino está haciendo sus digamos su tarea".

Las negociaciones se producen siete meses después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el pasado mes de enero. Las partes aún no han dado fecha para la segunda ronda de conversaciones.

Los miembros de una sala de retransmisión de Discord incitaron a mutilarse y luego suicidarse a una menor de 13 años. El caso ha conmocionado a Brasil, que acusa a la compañía de no aplicar las medidas de protección acordadas en el Estatuto Digital de Niños y Adolescentes aprobado en 2025.

 

Un verdadero espectáculo del horror. Así describió la policía el caso de la menor de 13 años de Brasil que fue incitada a mutilarse y luego suicidarse durante una retransmisión en directo de 45 minutos a través de la red social Discord. Las autoridades han detenido a cinco adolescentes y un adulto y el Gobierno ha ordenado a la plataforma suspender las retransmisiones en vivo. 

Waldemar Gonçalves, director de la Agencia Nacional de Protección de Datos, cuenta que Discord se ha utilizado "de forma recurrente" para "prácticas de violencia, asedio, inducción a la automutilación y suicidio" contra menores.

"La Agencia de Protección de Datos no trata casos aislados, tiene siempre como intención analizar el sistema. La plataforma debe implantar las herramientas necesarias para que esto no ocurra e interrumpir de inmediato este tipo de retransmisiones en directo. Todo lo contrario a este caso, en el que pasaron más de 2 horas y terminó con el peor final posible, que fue la muerte de la joven". 

Problemas al desarrollo y adicciones

En 2025, Brasil creó una ley que obligaba a las compañías de redes sociales a eliminar todos los elementos adictivos para los menores, así como la autodeclaración de edad a los menores de 18 años. Además, hoy comienza el juicio en Estados Unidos contra Meta, acusada de diseñar deliberadamente Instagram y Facebook para generar adicción a menores. 

Rodrigo Nejm, psicólogo y experto en la protección de la infancia en las redes sociales del Instituto Alana, nos explica estos efectos nocivos.

"Hay evidencias por todas partes de que estos modelos de negocio implementan un diseño que aprovecha las brechas de la vulnerabilidad del desarrollo infantojuvenil. Esto es un tipo de violencia que la legislación brasileña ha incluido explícitamente dentro del Estatuto Digital de Niños y Adolescentes, el cual busca enfrentar todo lo que es diseño engañoso y mecanismos de diseño que generen un uso adictivo de plataformas".

Desigualdad entre regiones

Rodrigo defiende que la situación sobrepasa la capacidad de las familias para proteger a sus hijos y recalca que este problema no afecta a todos los países por igual. 

"Esta legislación en Brasil demuestra que los países de América Latina podemos y debemos levantar más protecciones para nuestros niños, porque no es justo que en países de Europa, los menores tengan más protecciones en las mismas plataformas los deI sur global.

Para ambos expertos, este trágico suceso deja claro que aún queda un largo camino para que las redes sociales sean algún día un espacio libre de peligros.

Las tareas de rescate tras el terremoto de Colombia entraron el miércoles en su "fase final", concluidas las 72 horas consideradas cruciales para hallar sobrevivientes. Entrada la noche, los equipos de emergencia en Cali avanzan sobre las ruinas con grúas y perros, mientras removían pedazos de concreto con sus manos.

Cuando la tierra comenzó a moverse, Patricia Monar estaba en su apartamento en un tercer piso de la ciudad de Cali. El ruido y la fuerza del terremoto la hicieron pensar que no lograría salir con vida.

“Fue terrible, fue demasiado movimiento que no paraba de más y el sonido era como si estuviera abriendo un hueco y la tierra nos se estuviera tragando”.

Su apartamento quedó con fisuras y todavía no sabe cuándo podrá regresar, pero Patricia salió a ayudar, pensó en las personas atrapadas y en lo que ella habría esperado que su propio edificio se hubiera venido abajo.

“Y si hubiese pasado que se me derrumbara el edificio, lo que hubiese pretendido es que alguien no se cansara de sacar escombros, insistiera, quisiera llegar hasta que se me abriera una lucecita y me pudieran sacar. En eso pienso cuando veo personas que todavía están allí metidas”, dice al borde del llanto.

Esa reacción se ha multiplicado por toda la ciudad. Agua, alimentos y elementos de primera necesidad no han dejado de llegar a los centros de acopio. La respuesta ha sido tan grande que algunos espacios alcanzaron su capacidad. Víctor Alfonso Barrera Miranda, secretario de participación ciudadana de Cali, explica que tuvieron que abrir un nuevo punto para recibir las donaciones.

“Ya hemos llegado a nuestra capacidad en términos físicos, por lo cual nos tocó generar un tercer punto de acopio donde está el montaje de la Ciudadela del Petronio (centro cultural) en este momento”, indicó.

Pero la solidaridad también está junto a los escombros. Tiffany Rojas, auxiliar de ambulancia, ha trabajado en algunos de los puntos más golpeados y ha estado acompañando la atención de personas que han logrado ser rescatadas. “Es satisfactorio saber que todo el esfuerzo que se hizo sirvió de algo porque el minuto, los segundos todos cuentan”, explica. 

La Cruz Roja también ha recibido una enorme cantidad de personas dispuestas a colaborar. Walter Ricardo Cotes, representante de la Cruz roja Colombia, dice que ahora uno de los desafíos es organizar esa solidaridad para no desbordar la capacidad de respuesta”. Describe la gente como “solidaria, amable, cariñosa y con ganas de ayudar”.

Entre el miedo y el cansancio, la solidaridad se ha convertido también en otra forma de responder a esta emergencia.

En una cerrada votación, el Senado aprobó la nominación de quien fuera abogado personal del presidente Donald Trump, cercanía que genera suspicacias sobre su desempeño en el nuevo cargo.

Con 50 votos a favor y 49 en contra, Todd Blanche superó el difícil proceso de confirmación del Senado para convertirse en el próximo Fiscal General de Estados Unidos.  

Blanche defendió al presidente Donald Trump en tres casos penales, entre ellos el relacionado con los pagos no declarados a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels que terminó en condena.  

Por lo anterior, a la doctora Estefanía Cruz Lera, experta del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no le extraña que Trump haya apoyado una figura tan cercana para ocupar este puesto, ya que además garantiza la continuidad en sus políticas, como la persecución a los grandes capos de la droga. 

“Al final, el fiscal general también es la cara del gobierno en todos los casos, en todas las investigaciones de justicia que se tengan que llevar a cabo. Me parece que por ahora Donald Trump va a afianzar esta parte de perseguir a estos grandes cárteles que él ha nominado como grandes amenazas para Estados Unidos”, afirmó. 

Por lo anterior, advirtió sobre un posible endurecimiento de la política de seguridad, particularmente porque le resulta más benéfico al mandatario estadounidense en términos de imagen, comparado con asuntos de política exterior. 

“Creo que viene un endurecimiento de la política de seguridad de Estados Unidos en los próximos meses. Y es que le ha dado resultado, ya que mientras que por otros raseros, como sería la guerra en Irán, a Donald Trump le ha ido bastante mal, en términos de seguridad, de detener a capos, le ha sido redituable”, opinó la investigadora. 

El nombramiento del nuevo fiscal generó dudas incluso al seno del partido Republicano. Aunque votó a favor, el senador John Neely Kennedy, llegó a preguntarle a Blanche si era amigo de Trump o si el presidente le había pedido alguna vez hacer algo ilegal. 

Al respecto, Cruz Lera precisó que uno de los grandes cuestionamientos al nuevo fiscal general es si será capaz de tomar sus propias decisiones de manera independiente. 

“Él (John Neely Kennedy) ha hecho declaraciones de que a veces el Departamento de Justicia en Estados Unidos se utiliza como cacería de brujas y que no tiene independencia,y bueno, esto con base en su experiencia hacia las investigaciones que se hicieron sobre el propio presidente durante el mandato anterior", precisó Cruz Lera. 

“Entonces, parece que tienen poca confianza institucional y bueno, pues eso al final entre los senadores causa desconfianza”, apuntó la especialista. 

En la misma sesión, el senador demócrata Chris Coons también cuestionó la imparcialidad de Blanche, ya que durante su periodo como subsecretario del Departamento de Justicia creó un fondo monetario para ayudar a aliados del presidente, como los acusados por el asalto al Capitolio. 

“El Partido Demócrata considera que de ahora en adelante el Departamento de Justicia va a perder independencia y va a servir para los intereses o la agenda personal del presidente. Donald Trump tiende a interpretar al margen de las leyes, se basa más en interpretaciones que en hechos jurídicos, entonces consideran que ahora el Departamento de Justicia operará así”, aseveró. 

Estefanía Cruz Lera recuerda que la actitud errática de Trump lo hace imprevisible, por lo que nada asegura que Blanche dure eternamente en el puesto. 

A dos días del terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter, socorristas continúan sus labores sin el material adecuado. El gobierno sólo ha autorizado la entrada de ayuda económica. 

Este miércoles se cumplen 48 horas del terremoto que cimbró Colombia el pasado lunes alrededor de las 7:40 mañana en la costa occidental, por lo que se reducen las posibilidades de encontrar sobrevivientes. 

En medio de los escombros, una mano levantada, basta para que todos se detengan.  

“Para todos los que están llegando, cuando se levante la mano es porque se está pidiendo silencio. Quédense quietos, no se muevan”, se escucha por altavoces. 

El silencio permite detectar cualquier señal que pueda orientar la búsqueda, como lo relata Luis Eduardo Vélez, quien llegó como voluntario para apoyar las labores de rescate. 

“Se han escuchado bullas de gente que se queja adentro. Entonces, ése es el desespero de la gente de querer ayudar, pero que lo mejor de querer ayudar es haciendo silencio”. 

Luis Eduardo Vélez cuenta que junto a otros voluntarios, también ha ayudado a retirar parte del material que cubre la zona. Y han tenido la buena noticia de haber logrado el rescate de sobrevivientes en el colegio Bautista de Cali. 

“Acabamos de rescatar anoche a tres niños; todavía hay niños allá, y aquí hay como unas seis o siete personas, entonces estamos bregando hacer silencio para poder escucharlos y para poder ingresar, porque tenemos solamente dos horas que nos prestaron la grúa para poder tomarnos las plaquetas más pesadas que hay”. 

Mientras unos trabajan entre los escombros, otros sostienen la atención desde los centros de acopio.  

Ana Cristina Martínez es una de las voluntarias que se sumó a esta labor y relata el rescate de dos personas, padre e hijo, al tiempo de hacer hincapié en la urgencia de material para que los voluntarios puedan hacer su labor. 

“¿Y, qué se requiere para estos voluntarios? El apoyo de diversas empresas, personas que se unan con el fin de brindarles a ellos los elementos de protección personal adecuados, como lo son gafas y guantes. También el tema de linternas para los trabajos nocturnos que venimos desarrollando”. 

Entre golpes, instrucciones y momentos en los que todos deben callar, continúan las labores de búsqueda de la movilización de voluntarios en Cali, así como de las autoridades en busca de sobrevivientes.  

Saldo de víctimas

La cifra preliminar de víctimas mortales es de al menos 250, según informó la agencia Reuters apoyándose en conteos oficiales locales. 

De acuerdo con la Asociación de Alcaldes, el número de heridos se sitúa en 1.600, así como una centena de edificios destruidos. 

Además, continúa la falta de servicios básicos en varias comunidades indígenas de la región selvática del Pacífico, particularmente en el departamento del Chocó donde se localizó el epicentro. 

Polémica sobre entrega de ayuda  

Mientras la cancillería de Colombia afirma que en las próximas horas llegarán los primeros vuelos con ayuda internacional, se ha cuestionado la decisión del gobierno recién instalado de privilegiar el apoyo económico y de insumos, frente a la propuesta del envío de rescatistas como “Los Topos” de México, en horas clave para el rescate de sobrevivientes. 

El propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la decisión de Bogotá: 

“Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”. 

En tanto, el embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang, urgió a que el gobierno colombiano acelere la coordinación interna que favorezca la entrega de apoyo internacional. 

“Esperamos que el gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional, a favor de los damnificados del terremoto”. 

Por su parte, Christophe Moreau, presidente de la Asociación Solidarity International French Emergency, indicó que "según la información que tenemos, el gobierno está gestionando la catástrofe en general de manera adecuada y con recursos bastante considerables”. Y respecto a la ciudad de Cali, dijo tener contactos locales que le han informado que ya se "ha realizado la mayor parte del trabajo, aunque todavía quedan algunas personas bajo los escombros".  

"En general, los equipos de rescate sobre el terreno están en condiciones de hacer frente al volumen del trabajo que hay que hacer con carácter de urgencia”, puntualizó.

 

Mientras tanto, en el Chocó la situación sigue siendo desesperante y aún no ha llegado ninguna ayuda, según informan habitantes de la zona como el maestro Irvin Cárdenas del municipio del Litoral del San Juan.

"La situación es gravísima, porque nuestras viviendas han sido destruidas, la situación en el resguardo indígena es que la gente no está trabajando, se han quedado en casa, algunas familias han perdido casas. No ha llegado la alcaldía, no ha llegado la gobernación del Chocó, nadie ha llegado. No ha llegado la ayuda humanitaria, ni alimento, ni ropa y la ayuda económica tampoco. Están recogiendo información vía whatsapp, vía internet, y tampoco hay energía eléctrica".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que la Unión Europea movilizará dos millones de euros en ayudas para las zonas más afectadas por el que se considera el mayor terremoto ha sufrido el país sudamericano.

La estrategia de mano dura del presidente ecuatoriano Daniel Noboa no combate el origen del problema del crimen organizado, estiman analistas. Consideran que el tema de la violencia debe tratarse de manera integral para evitar que siguen produciéndose casos como el registrado la semana pasada.

El hallazgo de ocho cadáveres desmembrados en dos fosas comunes en una mina ilegal de oro en el sur de Ecuador no es el primero ni el único caso que alarma sobre la violenta situación que arrastra el país en su lucha contra el crimen organizado.

Para la profesora Carla Álvarez, politóloga investigadora y experta en seguridad ciudadana, violencia y crimen organizado en Ecuador por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), este último macabro hallazgo responde a la pedagogía de la violencia que se está instaurando en el país. 

"El punto es que hay varios hallazgos ya de fosas comunes y de cuerpos calcinados con signos de tortura en zonas donde se ejerce la minería ilegal. Esto nos quiere decir que el país está vuelto en este ciclo de violencia y que lamentable estas escenas, estos hechos, estos hallazgos, se están volviendo más cotidianos", dice.

La investigadora advierte sobre la instalación de una pedagogía de la violencia que se observa en diferentes áreas de la criminalidad.

"Se ve que hay una pedagogía de la violencia que está siendo utilizada por la disputa territorial de estas organizaciones que compiten por los yacimientos de oro, por dominar la logística de la salida de la droga. Entonces es una pedagogía de la violencia que se está instaurando en el país y este hallazgo lo muestra así".

Respecto a la política de mano dura aplicada por el presidente Daniel Noboa desde que en noviembre de 2023 asumió el poder, la profesora de la FLACSO advierte que no es la solución correcta, porque no se atacan las causas y se usan de manera cotidiana medidas que deberín ser excepcionales, como el estado de excepción o un toque de queda.

"La estrategia descansa en los militares, en los policías, en general en el uso de la fuerza y esto no está dando el resultado necesario, porque definitivamente el uso de la fuerza no puede reducir todas las condiciones estructurales que nos abocan y que han permitido que este estemos en estas circunstancias", aseveró Carla Álvarez.

Finalmente, agregó que el tema de la violencia debe tratarse de manera integral, porque si no se estarán repitiendo hechos tan espeluznantes como el acontecido el fin de semana.