Vida en el Planeta

Dentro de tres años, el mundo habrá superado +1.5°C de calentamiento global. Para evitar que se agrave el cambio climático, urge reducir emisiones de CO2 y proteger los bosques. En Colombia, por ejemplo, miles de familias reciben incentivos económicos a cambios de sus labores de conservación o de reforestación de las zonas boscosas. Reportaje en el centro de Colombia.

Alcanzar la finca de la familia Cárdenas desde Medellín implica recorrer un paisaje de colinas verdes, una pista de tierra y cruzar varios arroyos hasta adentrarse en un bosque tropical húmedo. Un letrero indica por fin que hemos llegado a la reserva natural Los Monos. Es aquí donde los Cárdenas, una familia campesina que llegó hace alrededor de una década tras ser desplazada por el conflicto armado, decidió reforestar algunas parcelas. El proyecto busca sustituir la ganadería extensiva – muy dañina para los ecosistemas – por el ecoturismo mediante la restauración de varias hectáreas de tierras deforestadas.

Bajo un techo de paja, Alejandro, uno de los hermanos Cárdenas nos recibe. Comparte con nosotros una limonada fresca y nos cuenta la historia de la reserva privada Los Monos.

La familia de campesinos colombianos recibe el apoyo de la ONG ambiental Masbosques que identifica tierras prioritarias para la conservación y canaliza fondos para ayudar a las familias campesinas a reforestarlas.

Una vez que las familias firman un acuerdo de conservación, la organización monitorea el cumplimiento de los compromisos de conservación o reforestación por vía satelital y con visita en el campo, explica a RFI Heiler Orozco, técnico de Masbosques.

En este caso, los recursos provienen de empresas privadas, mediante programas de compensación ambiental -obligatoria o voluntaria-, y permite pagar alrededor de 80 euros mensuales por predio a cada familia que se comprometa a reforestar una parte de su terreno. Para compensar la pérdida de recursos en los predios que se dedicaban al ganado, los Cárdenas optaron por desarrollar el ecoturismo.

En esta región particularmente biodiversa donde abundan tucanes, monos y jaguares, la riqueza de la naturaleza suscita el interés científico de académicos que acuden a la zona para formar a sus estudiantes, así como turistas de zonas urbanas. Fue por este motivo también que la zona fue identificada como corredor de conservación priotario.

El pago por servicios ambientales a comunidades rurales existe también en otras regiones de Colombia. En 2023, la entonces ministra de ambiente Susana Muhamad extendió el programa Conservar Paga a miles de familias de la Amazonía Colombia, muy golpeada por la deforestación. Cerca de 4000 familias del sur de Colombia reciben una remuneración mensual de entre 80 y 190 euros para conservar el medioambiente, y mantener sus ingresos.

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Realización técnica: Fabien Hilly.

El Parlamento francés debate una ley para reconocer parcialmente la responsabilidad estatal en el escándalo de la clordecona, un pesticida particularmente nocivo para la salud humana y el medioambiente, masivamente aplicado en los cultivos de plátanos de las Antillas francesas. Miles de trabajadores quedaron envenenados y miles de hectáreas de tierras están contaminadas.

"Cuando trabajábamos en los cultivos, el producto caía sobre nosotros. Fumigaban por vía aérea. También tocábamos el producto para sacarlo de las bolsas y llevarlo al campo. Todo el mundo resultó envenenado”, recuerda con emoción esta extrabajadora del sector agrícola en Martinica.

Como esta mujer, miles de trabajadores del sector platanero de las Antillas francesas fueron envenenados por la clordecona, un pesticida usado durante dos décadas en Martinica y Guadalupe en los cultivos de plátanos, pese a que su alta toxicidad para los animales y el medioambiente ya había sido comprobada. La codicia del sector del plátano en las islas caribeñas y la complicidad de las autoridades francesas de 1972 a 1993 llevó a uno de los mayores escándalos sanitarios franceses con cerca de 10.000 trabajadores intoxicados, miles de hectáreas de tierras y costas contaminadas y una isla, Martinica, con la tasa de cáncer de próstata más elevada del mundo.

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Todo inició en 1972 cuando las autoridades francesas autorizaron el uso de la clordecona, un insecticida, para luchar contra la proliferación de gorgojos un insecto que devora los cultivos de plátanos en las islas francesas de Martinica y Guadalupe. Tres años después, obreros estadounidenses de la planta química de Virginia donde se fabricaba esta sustancia presentaron graves síntomas neurológicos y en los testículos. El incidente llevó a Estados Unidos a prohibir el uso de la clordecona. En 1979, la organización mundial de la Salud, OMS, a su vez declaró el producto como posiblemente cancerígeno. Además, ya se conocían los efectos neurotóxicos y de perturbación endocrina de la clordecona.

A pesar de estas alertas, Francia mantuvo sin embargo la autorización de aplicación de este producto hasta 1993. Y no fue sino hasta 2007 que las alertas de médicos llevaron a las autoridades francesas a atender la crisis.

“Durante 50 años se aplicó clordecona por helicópteros, por avión o directamente por los jornaleros, sin guantes. Ha sido comprobado que estos productos causan problemas de vista, sordera, problemas respiratorios, cáncer. Ha habido muchas parálisis faciales también, sobre todo entre las mujeres que cortaban las hojas deterioradas de los plátanos, denuncia Yvon Serenus, presidente del colectivo de los exjornaleros envenenados por la clordecona en Martinica.

La contaminación alcanzó una magnitud tal, que se ha detectado clordecona en la sangre del 92% de la población de Martinica, según un estudio de 2018 de las autoridades sanitarias francesas. Perturbación endocrina, alteración de la fertilidad, cáncer e impactos nocivos para el sistema nervioso, para el hígado, los riñones y el riñón... La lista de los efectos de la clordecona en la salud humana es larga. “Un día que andaba de compras con mis hijos, le dije a mi hija que ya no veía nada. No podía ver el precio de los objetos. Mi hija me llevó a casa. Fui al médico. Y el médico pidió que me operaran inmediatamente el ojo para evitar complicaciones cerebrales”, recuerda la exjornalera martiniquesa, que prefiere no revelar su nombre.

Indemnizaciones parciales

Este escándalo sanitario ha dado sin embargo a indemnizaciones mínimas. El estado francés ha negado su responsabilidad en el envenenamiento de miles de trabajadores. Solo un centenar de ellos ha logrado obtener indemnizaciones de unos 300 euros mensuales, una suma ridícula comparada con el costo de la vida en las Antillas francesas donde la mayoría de los productos son importados de la metrópoli. Hoy exigen que la justicia reconozca que la degradación de su estado de salud es la consecuencia directa de su exposición a la clordecona.

“Me quedé intoxicado. A mí me operaron del estómago. Me quitaron todo, una úlcera que estaba a punto de causarme una hemorragia y me pusieron una víscera artificial. Fueron los bekés que me envenenaron. Tienen que darme una compensación, reconocen que cometieron errores y que abusaron de nosotros”, insiste otro exjornalero entrevistado por Jeanne Richard de RFI, en Martinica.

El caso de la clordecona es un síntoma más de la injusticia social que aun reina en este territorio francés de ultramar donde los bekés, descendientes de los colonos blancos de la metrópoli francesa representan el 1% de la población de Martinica, pero poseen la mitad de las tierras.

La salud de los jornaleros, afrodescendientes, fue sacrificada para generar ganancias para los terratenientes denuncia Yvon Serenus, sindicalista agrícola. "Sentimos rabia contra el estado francés y contra los que nos envenenaron. Envenenaron al pueblo martiniqués de manera intencional. ¡Los dirigentes del sector platanero pidieron al gobierno francés la autorización de comprar la patente de la clordecona y se la concedió! A pesar de que sabían muy bien que este producto era nocivo”, enfatiza Serenus.

Tierras contaminadas hasta 2070

La batalla de las víctimas de la clordecona para obtener reparaciones avanza a pasos de tortuga. No fue sino hasta 2007 que el estado francés puso en marcha el llamado ‘plan clordecona’. De 2021 a 2027, se dedicarán 130 millones de euros en agricultura, salud, medioambiente y educación para mitigar la contaminación por el pesticida. Pero borrar la huella de décadas de envenenamiento parece una tarea titánica.

Según cifras oficiales, 20.000 hectáreas están contaminadas por la clordecona, es decir el 40% de la superficie agrícola de la isla. La pesca está prohibida en agua dulce y decenas de kilómetros de costas también contaminadas por el pesticida que podría persistir hasta 2070 en niveles detectables en la naturaleza.

En el plano judicial, un grupo de 1286 personas obtuvo en febrero pasado una primera victoria ante un tribunal francés que declaró el estado francés responsable por el escándalo sanitario, pero solo obligó las autoridades a dar compensaciones financieras por 'perjuicio moral' a las víctimas que pudieron comprobar que su enfermedad estaba directamente vinculada a la exposición a la clordecona.

Otra batalla se juega ahora en el parlamento francés. El senado aprobó por unanimidad una propuesta de ley que reconoce la "responsabilidad parcial" del estado francés en el escándalo de la clordecona en las Antillas. Un reconocimiento simbólico que no implicará indemnizaciones automáticas para las víctimas.

Un programa de Raphaël Morán, con entrevistas de Jeanne Richard en Martinica (Francia). Realización técnica: Charly Amadou.

Desde la Cumbre de los océanos de Niza, ambientalistas pidieron acciones para proteger el krill, un mini crustáceo que juega un papel fundamental para la alimentación de pingüinos y ballenas. Pero la población de krill está amenazada por el cambio climático y la pesca industrial noruega que lo utiliza para producir alimentos de mascotas.

A pesar de la ausencia de Estados unidos, en la cumbre de la ONU sobre los océanos en Francia, se alcanzaron avances tímidos pero alentadores para enfrentar los desafíos ambientales del mundo marino.

Tras una semana de discusiones con 12 000 delegados internacionales, la diplomacia francesa afirma que la cumbre fue un éxito. Más países se sumaron al tratado de Alta Mar para proteger las aguas internacionales, la coalición de naciones contra la minería submarina y aumentará la superficie de áreas marina protegidas de 8% a 10%. Una tendencia positiva, aunque muy lejos del objetivo de proteger el 30% de los mares para frenar el declive de la población de peces y de otras especies, por ejemplo.

Al término de la conferencia de Niza, RFI conversó con el experto en protección marina Maximiliano Bello de la Fundación Blue Marine basada en Washington.

RFI: La tercera cumbre de los océanos de Naciones Unidas en Niza tras una semana de discusiones con 12.000 delegados. La diplomacia francesa afirma que la cumbre fue un éxito. El Tratado de Elta mar debería entrar en vigor en enero de 2026. ¿Qué tanto se ha avanzado aquí en Niza en este aspecto? 

Maximiliano Bello: Efectivamente, Francia hizo algo muy inteligente al traer el tratado acá para que muchos países pudieran ratificarlo de una vez. Estamos mucho más cerca de las 60 ratificaciones, cifra necesaria para que el tratado entre en vigor. Una vez que eso pase, entonces empezaremos con las Conferencia de las partes para los océanos. Por lo tanto, eso fue un muy buen paso. Lamentablemente no alcanzamos la cifra de 60 países en la reunión, pero nos la cumbre dejó muy cerca. Estamos hoy día en 51 países

Por otra parte, está la moratoria (pausa) sobre la minería submarina. Aquí en Niza se sumaron varios países: son 40 países ciertos los que se han sumado entonces a esta moratoria, que es clave porque obviamente

RFI: Uno de los objetivos del Tratado de Alta mar (BBNJ por sus siglas en inglés) es impulsar la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. ¿En qué regiones sería urgente impulsar la creación de áreas marinas protegidas? 

Maximiliano Bello: En todas partes y para eso es justamente muy importante que tengamos un acuerdo de Alta Mar vigente. Porque no podemos pensar el 30% de la protección del océano si no tenemos posibilidad legal para crear áreas marinas protegidas en alta mar también, en la Antártida, por ejemplo.

Hemos visto muchos países declarar aquí en Niza nuevas áreas marinas protegidas. Hay que destacar Polinesia francesa que está protegiendo con distintas formas 4,5 millones de kilómetros cuadrados de su área económica exclusiva. Pero más importante todavía, alrededor de 1 millon de kilómetros cuadrados de ‘no tocar’, que es, la mejor calidad de las áreas protegidas. Chile va a expandir el área protegida de Juan Fernández y Desventurada. Además, es proyecto liderado por pescadores artesanales y que va a llevar a Chile a superar el 50% de la protección. Es cierto que están avanzando, sin embargo, estamos esperando que ciertos países eliminen la pesca destructiva dentro de sus áreas marinas estratégicas. O sea, hay áreas marinas protegidas que tienen pesca destructiva: no tiene ningún sentido.

RFI: En en esta cumbre del océano en Niza, también se ha avanzado en materia de lucha contra la contaminación plástica, otro reto que enfrenta el océano. 

Maximiliano Bello: Acordémonos que hay 3 grandes amenazas al planeta y al océano. La contaminación, y no solamente por plástico que es la más visible. Otra amenaza es la pérdida de la biodiversidad, de la cual la amenaza principal es la pesca y tenemos el cambio climático.

En el caso de los plásticos, cierto, hay un empuje para poder llegar a un acuerdo que sea vinculante, pero que además sea robusto, que sea ambicioso sobre terminar con esta problemática.

RFI: Durante esta cumbre hemos visto dirigentes del mundo de varias naciones dando discursos muy ambiciosos sobre la protección de los océanos pero que fueron criticados por algunas organizaciones ambientales por el contraste con las políticas nacionales que efectivamente implementan. ¿Ha notado esta contradicción de algunos dirigentes entre sus palabras y sus actos?

Maximiliano Bello: El caso de Europa nos preocupa muchísimo, porque efectivamente España, Francia, Grecia, Reino Unido están ahora avanzando algo, pero muchos de estos países siguen manteniendo esta práctica la pesca de arrastre de fondo en las áreas protegidas. Se sigue utilizando el arte de pesca que está reconocido incluso por la FAO, como el arte de pesca más destructivo que existe. Esperábamos de parte del presidente Macron un algún tipo de anuncio de justamente para cortar con eso. Lamentablemente no ha ocurrido, esperamos también de más países de la Unión Europea que avancen en eso. En Costa Rica también se sigue haciendo uso de la legislación de una forma muy negativa para poder seguir destruyendo los ecosistemas o especies como los tiburones que debieran ser considerados especies silvestres y que están en especies que están en manos de la pesca.

RFI: Las organizaciones de la sociedad civil y pescadores artesanales han denunciado intensamente en esta Cumbre de la ONU los impactos negativos de la pesca industrial que merma los stocks de peces. Algo similar está ocurriendo también en la Antártida. ¿Por qué alertan en particular sobre la pesca del krill, un mini crustáceo?

Maximiliano Bello: Es el elemento básico de toda la cadena alimenticia de la Antártica, el cual está siendo explotado en inmensas cantidades. Esta pesca, junto con el cambio climático, pone en gran vulnerabilidad a un ecosistema que es altamente frágil, del que se alimentan animales como pingüinos, focas y ballenas.

Tenemos una nueva campaña para poder pedir el fin de esa pesca. Para pedir el cierre de las aguas antárticas para la pesca de krill.

Noruega es el principal pesquero de krill. ¿Y para qué? Para poder producir alimento de salmón, y alimento de mascotas. Entonces imagínate, envían barcos desde Noruega hasta la Antártica para luego llevarse ese alimento a Noruega, para luego mandar esos salmones a todo el mundo. La huella climática, la huella de carbono de ese salmón es impresionante y no contribuye a la seguridad alimentaria. Es puramente un negocio.

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Entre la pesca ilegal china, la disminución de las poblaciones de peces y la contaminación de las aguas, los pescadores a pequeña escala enfrentan varios retos que necesitan soluciones urgentes. RFI conversó con pescadores de Chile y Senegal en la cumbre de Niza en Francia.

El océano está siendo saqueado y la sobrepesca amenaza a más de un tercio de las especies de peces. En la cumbre de la ONU sobre el océano, lideres políticos y científicos están de acuerdo que es hora de actuar para gestionar el océano de manera sostenible y frenar el grave declive de las especies de peces.

Desde el puerto de Niza a orillas del Mediterráneo, lugar de la cumbre, voces de la sociedad civil alertan sobre la disminución de las pesquerías debido a la pesca industrial. En las aguas suramericanas, por ejemplo, se estima que 600 barcos chinos pescan grandes cantidades de peces en aguas internacionales frente a las costas de Ecuador, Peru y Chile. Pescadores artesanales denuncian incluso la incursión de estos barcos en las aguas territoriales.

En la cumbre de Niza, Zoila Bustamante Cárdenas, oriunda de la región de Puerto Montt al sur de Chile, representa a la Unión de pescadores artesanales de Latinoamérica y alerta sobre esta depredación.  “Nosotros hoy día tenemos un gran problema en Latinoamérica, que son estas flotas que llegan como poblaciones a nuestros países de Latinoamérica y no solamente a Chile, sino que la prácticamente a la mayor parte de los países de Latinoamérica a depredar todo lo que encuentran. De hecho, nosotros ahora en Chile tenemos barcos chinos que andan pescando jibia y dicen que van a carena”, dijo a RFI.

El pescador Salatou Sambou, coordinador de una concesión de pesca en la región de Casamanza en Senegal describe el mismo fenómeno en las costas atlánticas del oeste de África: “los recursos pesqueros empezaron a disminuir de manera drástica desde que los barcos chinos llegaron a la región”, constata. “Si África esta empobrecida y si perdemos hijos en el mediterráneo, se debe en parte a los barcos chinos que vienen a saquear nuestros recursos de forma ilegal e irresponsable”, denuncia Sambou, desde la cumbre de Niza, y llama al gobierno chino a actuar.

La sobrepesca china, y la pesca de arrastre de fondo, así como la pesca con palangre han afectado duramente los stocks de pesquerías. Según la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 35% de las pesquerías están sobreexplotadas.

En Chile por ejemplo, esta cifra alcanza 53, según la ONG Oceana. Una tendencia que impacta directamente a los pequeños pescadores confirma Zoila Bustamante quien tambien presidente la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach.

“En Chile tenemos varias pesquerías y algunas están hoy día en colapso y otras están recuperadas. Desde el año 2012 hasta la fecha de merluza austral, por ejemplo, nosotros teníamos una cuota de pesca de 18.000 toneladas de pescado. Hoy día tenemos 14.000 toneladas porque cada vez cada vez que tenemos el problema de que la pesquería esté en media colapsada, el comité científico baja las cuotas y a nosotros también nos restringen", comentó a RFI.

Otras especies por ejemplo han logrado recuperarse gracias a planes de manejo. “En el tema bentónico, por ejemplo, los pescadores artesanales hemos ido recuperando las pesquerías con planes de manejo y con áreas de manejo. Nosotros tenemos en Chile, tenemos comités científicos que ven en qué estado está la biomasa, y entregan una cuota de pesca”, detalla Bustamante.

La acuicultura

Entre las propuestas para mantener los ingresos de los pescadores y la soberanía alimentaria, la FAO promueve la acuicultura, o granjas agrícolas en las zonas costeras. Pero el modelo suscita dudas entre algunos pescadores artesanales como en Chile, segundo productor mundial de salmón. “La acuicultura de salmón deja muchísimos impactos. Primero, la feca el salmón, muy concentrada, porque los crían en jaulas. Segundo toda la comida que el salmón no se alcanza a comer, que también queda en el fondo marino; todos los plásticos y redes que quedan en el fondo marino cuando las empresas cambian de lugar, así como los pontones que se hunden en el borde costero. Entonces nosotros como pescados artesanales no vamos a defender una acuicultura de especie introducida”, denuncia la pescadora a RFI. 

Por su lado, las organizaciones de la sociedad civil piden limitar la pesca industrial y eliminar el uso de palangres y la pesca de arrastre, técnicas muy dañinas para los ecosistemas marinos, así como reducir los subsidios estatales a la industria pesquera.

En el documental peruano 'El otro río', que se estrenó en París, la activista ambientalista alerta sobre la depredación ambiental en la región amazónica de Loreto en Perú. En la cinta, Herrera documenta en particular el tráfico de animales y de madera. De estos retos ambientales habló con RFI a su paso por la capital francesa.

Esta semana Vida en el planeta recibimos a Fiorella Herrera, activista medioambiental peruana, autora de 'El otro río', un documental sobre la extracción de recursos naturales en el río Napo, en la Amazonía peruana.

A su paso por París, seleccionada por la Iniciativa Marianne del gobierno francés para empoderar a activistas defensores de los derechos de varios países, Herrera abordó con RFI los distintos retos ambientales que enfrentan las comunidades locales en Perú.

A través de su ONG We can be heroes, Herrera ha luchado contra la contaminación por plástico a través de una iniciativa que se convirtió en ley. Y desde 2018, lidera el proyecto 'Salva tu Selva', protegiendo aproximadamente 25,000 hectáreas de bosque primario en la Amazonía y conservando 35 especies en peligro de extinción, incluyendo el jaguar.

Escuche la entrevista completa: 

En su documental 'El otro río', que se estrenó en París a finales de mayo, Herrera documenta y denuncia las afectaciones al medioambiente en la región amazónica de Loreto como el tráfico de fauna -como monos, guacamayas y jaguares-, la tala ilegal de madera y minería clandestina con el uso de dragas artesanales en los ríos.

El gobierno colombiano busca triplicar la meta anual de erradicación de los narcocultivos. Para ello, el ministro de Defensa no descartó el uso del controvertido glifosato. RFI recibió en sus estudios al líder indígena Hernando Chindoy, del pueblo inga que logró erradicar totalmente los cultivos de amapola gracias a un proyecto comunitario.

Revivir territorios azotados por la violencia, eliminar los narcocultivos y proteger los saberes ancestrales y el medioambiente, a esto se ha dedicado incansablemente y con éxito Hernando Chindoy, vocero y líder indígena colombiano del pueblo inga, un grupo cultural de unas 30.000 personas que viven en el suroeste de Colombia y en Ecuador.

Su labor de defensor de la identidad cultural y del territorio inga, como gobernador de un territorio indígena, fue reconocido con el titutlo de doctor honoris causa de la Universidad de las Artes de Londres. Actuaulmente se encuentra en Francia a invitación del gobierno francés con la iniciativa Marianne, para impulsar a nivel internacional su proyecto de educación superior en territorios indígenas.

El caso de su comunidad, Aponte, en el sur del país, fue un modelo de sustitución de cultivos ilícitos que busca precisamente impulsar el gobierno de Gustavo Petro. Ante el un auge de los cultivos de coca en varios departamentos del país, las autoridades colombianas anunciaron en abril una meta de erradicació de 50.000 hectáreas de cultivos de coca. Una meta ambiciosa si tomamos en cuenta que la cifra de erradicación de cultivos ilícitos en 2024 fue de 9403 hectáreas. El gobierno anunció que ofrecerá hasta 313 dólares a los campesinos que se sumen al programa de sustitución de cultivos. También surgió una polémica sobre el posible del glifosato, un peligroso herbicida. El ministro de Defensa colombiano Pedro Sáchez anunció la compra de glifosato para destruir plantaciones de coca, antes de aclara que no se reanudarán las aspersiones aéreas de dicho producto.

Chindoy contó a RFI el proceso de esta transición desde los cultivos ilícitos hacia la producción de alimentos, a principios de los años 2000.

Como guardián del territorio, Hernando Chindoy también abordó también el caso de la comercialización del yagé, o ayahuasca, planta clave para la medicina tradicional inga. "Al Putumayo llegan aviones llenos de gente buscando yagé. Se ha convertido en un tema de folclor", lamenta Chindoy.

En la región ecuatoriana del Chocó Andino, un oasis de biodiversidad, a dos horas de Quito, las comunidades campesinas aprobaron en 2023 prohibir las nuevas concesiones mineras. Sin embargo, la actividad minera sigue presente. Reportaje.

A tan solo dos horas de Quito, la capital ecuatoriana, entre el mar y los Andes, existe un paraíso de vegetación tropical sumergido por las nubes. Estamos en el Chocó Andino, declarado reserva de la biósfera por la Unesco en 2018.

Junto con Doris Villalba - su esposa-, Sergio Basantes, vestido de un chaleco gris, nos da la bienvenida en Mashpi Amagusa, una de las reservas privadas de este corredor de biodiversidad que conecta Panamá con Perú y donde habitan tucanes y osos entre otras especies. Aquí se han registrado 600 especies de aves 270 mamíferos y 140 anfibios distintos, varios de ellos endémicos.

“Mashpi significa ‘amigo del agua’”, cuenta a RFI Sergio Basantes en medio de su predio de 65 hectáreas de vegetación tropical donde recibe a turistas para el avistamiento de aves. “Aquí puede ver una lorita de cachete rosado, endémica del Chocó, y un tucanete lomirrojo”.

La reserva surgió en 2012 para valorar la biodiversidad. “Antiguamente utilizábamos esto para potreros, y ahora todo lo que puede ver acá ha sido resembrado y reforestado con 2000 árboles”, recuerda Basantes, en medio de una densa vegetación, donde se mezclan el canto de las aves, el ruido de la lluvia y el vuelo de decenas de colibrís. “En temporadas altas tenemos 23 especies de colibrís. Ahorita hay un oreja violeta, un brillante emperatriz y una corinita aterciopelada que anda ahí rondando”.

“Hemos podido conservar esto porque nos hemos opuesto a que estas tierras sean concesionadas a empresas mineras”, recuerda Basantes.

Y es que el Choco Andino, además de su excepcional biodiversidad de fauna y flora alberga otro tipo de riqueza: el subsuelo contiene oro que suscita la codicia de empresas y mineros ilegales.

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Aunque suene paradójico existen aquí cerca de 20 concesiones mineras vigentes y que se superponen con el mapa de la región de biósfera. Fue precisamente para detener el avance de la minería que, en 2023, ciudadanos de la región impulsaron una consulta popular para prohibir las nuevas concesiones de minería metálica en el distrito Metropolitano de Quito, que abarca el Chocó Andino.

Teolinda Calle activista ambiental, fue una de las impulsoras de esta consulta. Nos recibe en su restaurante ubicado rodeado de colinas verdes y de cascadas. “Antes de la consulta popular, hemos logrado que se borren dos concesiones.  Recién en 2024 se borraron”, explica Calle.

“Ganamos la consulta con aproximadamente 1 millón de votos, sin embargo, la falta de control del estado sigue dándose. Ninguna empresa tiene permisos ambientales. Y tenemos minería ilegal en Paco. Pero no hay quien controle”, lamente Teolinda Calle.

Los habitantes del Choco Andino ganaron una primera batalla legal contra la minería. Pero no han ganado la guerra contra el extractivismo, nos dice Eddyn Cortés. Este campesino, miembro de la cooperativa de producción de panela Copropap, principal industria de la región es también líder del Frente Antiminero que lucha contra el extractivismo en la región.

En conversación con RFI desde Pacto, Cortés denuncia la actividad de empresas mineras, como Ecuamin, que cuentan con concesiones pero que carecen de licencias ambientales vigentes para operar. "A parte de eso, existe minería aluvial de mineros supuestamente artesanales, pero que usan dragas, en el río Chirapi que siguen minando en el territorio. Ellos le venden material a la empresa", señala el campesino.

En Pacto, la actividad minera aún se siente. A unos minutos del centro, la entrada de una concesión minera parece activa: la reja está abierta y tiene rastros recientes de camiones en el suelo.

La minería ilegal en Ecuador que generó en 2024 1.300 millones de dólares de exportaciones, según estimaciones del medio de investigación Plan V. Los campesinos del Choco Andino denuncian la actividad minera en túneles abandonados por las empresas que tienen concesiones mineras, como en la localidad de El Paraíso. Una moradora del pueblito, Marcia Obando observa desde 8 meses idas y venidas de camiones llenos de material pétreo extraído ilegalmente en un cerro a menos de 1 km de su casa. “Los camiones cargados con material pétreo pasan a la 1 o 2 de la mañana, con carros de seguridad. El 8 de abril fue la última vez que los vimos cargar material. Y se escucha cuando detonan los explosivos”, dice a RFI.

“Hemos llamado varias veces al ECU, el número de emergencias, pero dicen que no es su responsabilidad”, alerta.

Las alternativas a la minería

Marcia Obando, junto con un grupo de campesinos, apuestan a la actividad agrícola como alternativa a la minería “para no solo estar gritando, porque somos agricultores, no mineros”. Nos condujo hacia a la finca Parcayaco, un modelo de agricultura orgánica y circular.

Detrás su casa, Wilson Ruales camina entre cultivos que mezclan caña de azúcar, vegetación libre y una variedad infinita de verduras, sembradas con técnicas que permiten prescindir del uso de agroquímicos. Varias fincas de la región tienen el sello orgánico, y exportan panela a Italia, España y Francia. Ruales va más allá de lo orgánico y sembró 41 especies en 400 m2 en una parcela siguiendo los principios de la agricultura sintrópica donde las plantas hacen alianzas y se protegen mutuamente contra las plagas. “Las aromáticas producen olores y eso hace que ciertos insectos eviten poner sus larvas para que se desarrollen las plagas”.

“Aquí la minería es muy preocupante. Se ha hecho resistencia desde 2002, luego ganamos la consulta popular para prohibir la minería en el Chocó Andino, pero no suficiente. Una de las formas de decirle ‘no’ a la minería no es solo salir a las calles. Tenemos actividades agrícolas. La lucha también es producir e innovar para la alimentación”,

La lucha de los campesinos de Pacto contra la minería no es un caso aislado. En varias regiones de Ecuador, comunidades campesinas e indígenas alzan la voz contra el extractivismo legal e ilegal que invade sus territorios. Y la reelección reciente de Daniel Noboa a la presidencia de la Republica preocupa a los sectores ambientalistas: el mandatario quiere impulsar la minería metálica a gran escala en Ecuador.

Un reportaje de Raphaël Morán, realización técnica: Pilar Pérez.

La inyección masiva de aerosoles para disminuir la radiación solar y limitar el cambio climático es una técnica impulsada por varias empresas estadounidenses. Sin embargo, aunque parezca futurista, la geoingeniería solar presenta múltiples peligros, advierten científicos.

La propuesta de la Planetary Sunshade Foundation se asemeja a un guión de ciencia ficción. Esta iniciativa privada, con sede en Los Angeles, propone desplegar una gigantesca sombrilla en el espacio para reflejar la luz solar y de esta manera disminuir el efecto invernadero en la Tierra.

Y es que con la aceleración del cambio climático - nuestra trayectoria actual nos llevaría hacia un aumento de 3°C de las temperaturas globales -, los defensores de la geoingeniería solar abogan por alterar la radiación a gran escala, además de reducir nuestro uso de los combustibles fósiles, principal causa del cambio climático.

“La geoingeniería solar o lo que se llama ‘modificación de la radiación solar’ (SRM en inglés) agrupa técnicas que buscan reflejar parte de la radiación solar. O sea que la radiación que llega al planeta se refleje hacia el espacio en orden de reducir el calentamiento global”, explica Alex Godoy Faúndez, profesor asociado en la Universidad del Desarrollo en Chile y miembro comité científico asesor en temáticas de cambio climático del gobierno de Chile.

Los modelos de ingeniería solar proponen “inyectar a nivel estratosférico aerosoles como sulfato o carbonato de calcio o bien con el blanqueamiento de nubes marinas para aumentar el reflejo de la radiación en términos geográficos enormes, como si fuese un espejo”, agrega en entrevista con RFI. 

Dicha tecnología, sin embargo, está en fase experimental. Según la plataforma Geoingeneering Monitor, que compila los proyectos de geoingeniería a nivel global, existen actualmente 17 proyectos de geoingeniería solar. El Great Barrier Reef MCB en Australia plantea, por ejemplo, pulverizar gotas de agua de mar para que las partículas de sal aumenten el potencial reflectivo de las nubes, y así limitar el deterioro de los corales bajo el efecto del calor.

“La mayoría de los estudios que existen son modelaciones climáticas en computador. Sin embargo, el interés por este tipo de aproximación ha aumentado entre el año 2015 y 2022, precisamente porque se ha agravado el efecto del cambio climático”, observa Alex Godoy Faúndez.

Rechazo contundente de la comunidad científica

“El problema que existe es un riesgo ético. La posibilidad es que [la geoingeniería solar] se use como excusa para no salir de los combustibles fósiles. Esta preocupación ya lo despertó el IPCC (Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, GIEC), del cual me tocó ser parte del año 2018”, advierte el investigador chileno.

“Otro aspecto tiene que ver con la inequidad, porque cambiar el balance climático es cambiar los equilibrios energéticos del planeta”, alerta Godoy Faúndez.

“¿Qué pasa si un país unilateralmente decide aplicar un experimento a gran escala que perjudique a muchos países? Los modelos incluso sugieren que una inyección mal calibrada podría alterar desde los monzones africanos asiáticos, afectando la agricultura y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas”, recuerda el especialista.

En el 2022, más de 400 científicos y expertos de 60 países firmaron una carta abierta para solicitar un acuerdo internacional de no uso unilateral de la geoingeniería. “Apostamos por alternativas que hoy son más seguras y efectivas con una transición energética justa, una conservación de los ecosistemas, la promoción y la inversión en tecnologías limpias y apuntar hacia una justicia climática global”, concluye Alex Godoy Faúndez, firmante de dicha carta. 

El sueño 'tecnosolucionista' de la Silicon Valley

Bombardear la atmósfera con aerosoles para reducir la radiación solar plantea también serios retos en materia de justicia climática y varias pruebas se han hecho a espaldas de las comunidades locales, advierte por su parte el colectivo ambientalista HOME (Manos fuera del planeta por su abreviatura en inglés).

El proyecto Scopex, financiado por Bill Gates y lanzado en 2019, que consistió en la liberación de carbonato de calcio y sulfato desde un globo a gran altitud para reflejar la luz solar, fue finalmente abandonado el año pasado debido al rechazo de comunidades locales en Suecia. Este caso fue un emblema de la falta de consenso social en torno a la geoingeniería según Silvia Ribeiro, periodista de investigación y asesora de la plataforma HOME, que monitorea los proyectos de geoingeniería en el mundo.

“Lo que impulsa este tipo de arreglos tecnológicos es que cualquier problema que cause el cambio climático no es necesario ir a las causas porque se puede manejar con tecnología y esto es exactamente el tipo de mentalidad de Silicon Valley, o sea, de las grandes empresas tecnológicas que en este momento también son los hombres más ricos del mundo”, constata Silvia Ribeiro.

En México, la startup estadounidense Make Sunset liberó dióxido de azufre en territorio mexicano sin el consentimiento de las autoridades ni de la población local. El cofundador del proyecto, Luke Iseman, un empresario estadounidense, dice haberse inspirado de una novela de ciencia ficción, Termination Schock (William Morrow, 2021), y propone 'créditos de refrigeración' a clientes que buscan compensar sus emisiones de CO2.

Después de la revelación de estos experimentos. El gobierno mexicano declaró la prohibición de la geoingeniería solar en su suelo en virtud del principio precautorio.

Escuche el programa completo:

Entrevistas: 

-Alex Godoy Faúndez, profesor asociado y directo centro de investigación en sustentabilidad de la Universidad del desarrollo y miembro comité científico asesor en CC del gobierno de Chile, autor de IPBES. 

-Silvia Ribeiro, periodista investigadora y asesora de la plataforma 'HOME', 'Manos fuera del planeta', de monitoreo de los impactos ambientales de la tecnología.

A un año de la declaratoria de emergencia ambiental en las ciudades de Huancavelica y Sacsamarca debido a la contaminación por mercurio, nada ha cambiado. Aún no se han tomado las medidas necesarias para limpiar los suelos contaminados por siglos de explotación minera, constatan varias voces de la sociedad civil.

Ubicada a 3600 metros de altitud en los Andes peruanos la ciudad de Huancavelica aún paga el precio de siglos de explotación minera para la producción de mercurio, una sustancia usada para separar el oro. Según estimaciones realizadas desde los registros de la época colonial, 68.000 toneladas de mercurio salieron de las entrañas de la tierra en Huancavelica entre 1564 y 1810.

“Cerca de la ciudad estaba la mina de Santa Bárbara, una de las mayores. Este mineral, el cinabrio, que bajaban de la mina, se quemaba en más de cien hornos en Huancavelica para poder extraer el mercurio. Por las chimeneas salían estos humos que tenían mercurio que fue esparciendo, además de las escorias”, describe Elsa Benavente, física y miembro de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú.

Aunque la actividad minera se acabó en los años 1970, las familias de esta ciudad que hoy en día viven en casas de adobe construidas con tierra contaminada, así como las de Sacsamarca, un municipio colindante, aún respiran vapores de metales tóxicos y pisan una tierra contaminada. “Según el censo de 2017, hay 3517 viviendas hechas de adobe, con el suelo de tierra”, indica Benavente.

Una contaminación invisible pero peligrosa. Para evidenciar esta exposición de la población a los metales tóxicos, la ONG estadounidense Consejo de Salud Ambiental EHC, por sus siglas en inglés analizó muestras de suelo y de polvo de la ciudad de Huancavelica. Se analizaron también las paredes adobe de las casas y la calidad del aire.

En un informe de 59 páginas publicado en 2015, la organización alertó las altísimas concentraciones de metales pesados en Huancavelica. En el 47% de las casas estudiadas, la concentración de mercurio superaba tres veces los estándares recomendados, detalló a RFI el director de la ONG, Nicholas Robins.

En diciembre de 2023, como resultado de acción judicial de organizaciones de la sociedad civil, la justicia peruana ordenó a las autoridades decretar la emergencia ambiental en Huancavelica y Sascamarca, realizar un inventario de pasivos mineros y tomar medidas de remediación ambiental. La orden fue firmada en abril de 2024. Pero desde entonces, los avances son casi nulos. Más de 55.000 personas debían recibir atención integral. Pero entre mayo y julio de 2024, solo 1,553 personas fueron atendidas y no hay plan de remediación a causa de la lentitud burocrática, indica una investigación del portal peruano de investigación Salud con Lupa.

Y a pesar de que las autoridades ambientales locales confirmaron la presencia excesiva de una veintena de metales pesados en el medioambiente, la situación no ha cambiado para la población de Huancavelica: a la contaminación se suma la pobreza y la falta de atención médica.

La intensa actividad minera, legal e ilegal, en Perú ha causado desastres ambientales también en la región Amazónica de Madre de Dios donde también se han encontrado altos niveles de mercurio.

Escuche el programa completo aquí: 

Entrevistas:

-Nicholas Robins, presidente del Consejo de Salud Ambiental, Environmental Health Council, ONG estadounidense.

-Elsa Benavente, física y miembro de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú

En Ecuador, cerca de 200.000 personas se quedaron sin agua potable durante dos semanas debido a la contaminación por hidrocarburos tras el derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas. Y los daños ambientales de esta catástrofe sin precedentes en la región de Esmeraldas son incalculables. Testimonios.

La población de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas sintió en carne propia los impactos del derrame petrolero del 13 de marzo en el oleoducto ‘Sote’ en el norte del país. Irritación en la piel, afectaciones respiratorias, ruptura del suministro de agua son algunas de las consecuencias del vertido de miles de barriles de crudo en 80 km de cuerpos de agua en los ríos Viche, Caple y Esmeraldas.

La empresa Petroecuador ha instalado barreras de contención para detener el flujo de hidrocarburos en los afluentes del río Esmeraldas y remover el crudo del agua. Pero la contaminación bajó hasta la desembocadura del río, en la costa donde vive Wendy, en una de las islas rodeadas de manglares. “El impacto es total en la economía. El manglar está contaminado. Y nosotros vivimos del cangrejo, del camarón. Nuestros animales se están muriendo. Hemos visto nutrias manchadas de petróleo”, contó Wendy a RFI, por teléfono.

Dos semanas después de la rotura de un oleoducto, presuntamente por un deslave, la empresa Petroecuador indicó que se derramaron 25.116 barriles de petróleo. El incidente se añade a una serie de derrames, pero sería el peor desde el deslave de febrero de 1998 que causó una fuga de más de 43.000 barriles de crudo en la provincia de Esmeraldas.

“Algunos años atrás, hubo también un derrame de diésel y las islas fueron golpeadas. Es injusto que esto siga siendo sucediendo”, lamenta Wendy, con la voz quebrada por la emoción.

Tras recorrer explorar con drones los ríos Viche y Caple, afluentes del Esmeraldas, el biólogo marino y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Eduardo Rebolledo compartió con RFI un preocupante diagnóstico. “Hay dos ríos azoicos, esto significa que están carentes de forma de vida acuática en este momento. Están muertos. Pero es temporal. En el recorrido que hicimos, no vimos ni un solo pez”, contó a Radio Francia Internacional tras un recorrido una semana después de la catástrofe.

“El sector más afectado es la comunidad de pescadores artesanales con una flota pesquera de alrededor de 150 a 200 embarcaciones en las comunidades ribereñas : no hay producción pesquera”, detalla Rebolledo.

El investigador reporta también “una franja negra pegada a las hojas del mangle” en el manglar del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, un refugio único de biodiversidad.

El derrame petróleo de marzo se suma a una larga lista de incidentes de este tipo en Ecuador desde el inició de las operaciones en 1972 del oleoducto SOTE que atraviesa el país desde la Amazonía para transportar el crudo hasta la costa de Esmeraldas.

Las comunidades locales y el medioambiente han pagado un precio muy alto por la extracción petrolera, denuncia Alexandra Almeida, vocera de la ONG ambientalista Acción Ecológica para temas petroleros. “Los derrames son muy frecuentes. En los campos petroleros de la Amazonía donde se extraen estos hidrocarburos, hay dos a tres derrames medianos por semana. Los pequeños son casi a diarios. Y en las tuberías ‘SOTE’ y ‘OCP’ también son frecuentes”.

Antes de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados ‘OCP’ en 2003, la ONG Acción Ecológica realizó un inventario de derrames en el otro oleoducto paralelo, el ‘SOTE’.  Desde los años 1970, “llegamos a contar 49 derrames, y el mas grande era el ocurrido en el 1987 por un terremoto”, indica Almeida.

La ONG denuncia también el impacto duradero de esta contaminación por hidrocarburos. “Estamos haciendo monitoreos en los sitios afectados y todavía aparecen en los suelos tóxicos, metales pesados que son típicos de la composición del petroleo”, subraya Almeida.

Quedan aún dudas sobre las causas del desastre ambiental. Inicialmente la empresa Petroecuador indicó que la rotura del oleoducto se debió a un deslizamiento, que suelen ocurrir en temporadas de lluvias. Pero la ministra de Energía de Ecuador habló de un posible sabotaje.

Escuche el programa completo:

Entrevistas:

-Eduardo Rebolledo, biólogo marino, docente e investigador en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en Esmeraldas.

-Fabricio Valencia, presidente de la comunidad de Chucaple, Esmeraldas, afectada por el derrame petrolero.

-Wendy, habitante de las islas de la desembocadura del río Esmeraldas.

-Alexandra Almeida, bioquímica y encargada de los temas petroleros en la ONG ambientalista Acción Ecológica.