Vida en el Planeta

Dos medidas concretas acaban de entrar en vigor -una en Francia y otra en en la Unión Europea- para luchar contra la obsolescencia prematura de los electrodomésticos. Se trata del nuevo índice de sostenibilidad y del cargador universal para los teléfonos celulares.

Nos ha pasado a todos: comprar un aparato que deja de funcionar a los dos meses y tener que comprar uno nuevo. En Francia, el año inició con una nueva medida para incentivar el reuso, la reparación y luchar contra la obsolescencia prematura. Desde el 8 de enero, todos los nuevos televisores vendidos en Francia llevan una eco etiqueta. Se trata de un pequeño símbolo con un reloj de arena y una calificación de 1 a 10 (para los objetos más robustos) y que permite a los consumidores informarse mejor sobre lo que compran.

Dicho índice de sostenibilidad se calcula a partir de una serie de criterios: si el televisor es reparable, si resiste bien al deterioro y si conlleva una garantía de al menos 3 años, por ejemplo. La medida solo concierne los televisores, pero en unos meses, se aplicará a las lavadoras también. “Es un avance muy importante. Hemos luchado por este índice durante casi 10 años”, dice a RFI el economista francés Samuel Sauvage, cofundador de la asociación civil Halte à l'obsolescence, ‘Basta de obsolescencia’, en francés.

Dicha organización que lucha a favor de la economía circular, se basó en la ley francesa de 2015 que prohíbe la obsolescencia programada para demandar a Apple. En 2020, el gigante estadounidense de los teléfonos celulares fue condenado a 25 millones de euros de multa por haber voluntariamente acorta la duración de vida de las baterías de los Iphone.

Aunque el nuevo indicar francés no aplicará para los teléfonos celulares – en espera de una legislación similar nivel europeo - “el consumidor podrá saber con esa nota de 1 a 10 si el televisor podrá ser a la vez reparado, si tiene las piezas de recambio, si es desmontable y también si es robusto, si resiste a los choques”, se alegra Sauvage.

Y aunque serán los fabricantes quienes se encargarán ellos mismos de elaborar los índices de sostenibilidad de sus productos, “habrá controles a nivel del Estado francés, el detalle de las notas estará en línea y visible por cualquier consumidor o para organizaciones como como la nuestra. Así que se permitirá tener controles regulares”, indica el activista.

Samuel Sauvage recuerda que su organización realizó una investigación sobre el índice de reparabilidad, un indicador que existía desde 2021 en Francia, pero que no incluía criterios como la solidez de los aparatos o la existencia de garantías. Dicha investigación “había mostrado que globalmente las notas eran bastante coherentes. Pero siendo siempre atentos ante la tentación que puedan tener algunas marcas de sobrevalorar sus productos”, advierte Sauvage.

Pero ¿qué tanto impacto puede tener este tipo de indicadores para los consumidores?

Según afirma el economista Samuel Sauvage, “los consumidores franceses escogen más los productos que tienen mejor nota, por ejemplo, sobre las lavadoras. Las que tienen una nota superior a 8 de 10 en el 2022 representaban el 13% de las ventas. Y en tan solo un año pasaron a representar el 20%, de las ventas, y eso se ve sobre muchas categorías de productos, así que los consumidores escogen cada vez más los productos que tienen la mejor nota, aunque sean más caros”.

El cargador universal para celulares en la U.E.

La Unión Europea también camina hacia una regulación para limitar el despilfarro de aparatos electrónicos. Todos tenemos en casa esta maraña de cables amontonados en un cajón. Para evitar esto, desde finales de diciembre de 2024, ha entrado en vigor el cargador universal en la Unión Europea.

Celulares, cámaras, audífonos, altavoces portátiles y teclados nuevos serán compatibles con el mismo cargador de tipo USB C. Los consumidores además podrán optar por recibir o no el cargador. Se busca de esta manera ahorrar 11.000 toneladas de residuos electrónicos anuales en la Unión europea, según cálculos de Bruselas.

“En 2020 se vendieron más de 420 millones de dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos móviles”, recuerda el eurodiputado conservador Pablo Arias (PP, España). “Había 30 soluciones para cargar teléfonos móviles. La Comisión Europea estimó que era una amalgama demasiado amplia para cargar teléfonos móviles y que era un problema para el consumidor. Lo que se puso sobre la mesa por una cuestión de comodidad para el consumidor también llegó con la intención de reducir los residuos electrónicos en el marco del Green Deal” -el Paquete Verde de leyes ecologistas que hacen de la Unión Europea un espacio pionero en materia de protección ambiental -, detalla Pablo Arias.

Sin embargo, esta medida de sentido común no ha sido fácil de alcanzar: el gigante Apple opuso resistencias. Y lo que inicialmente debía ser una medida fundada en la buena voluntad de los fabricantes de aparatos electrónicos, acabó en una ley obligatoria que instauró el cargador USB C desde diciembre de 2024, nos cuenta el eurodiputado Pablo Arias, miembro de la comisión de protección de los consumidores.

La Unión Europea también está preparando una directiva para instaurar a partir de 2025 en los 27 países del continente un etiquetado con un índice de sostenibilidad para los electrodomésticos nuevos, emulando el sistema francés.

Se trata, concluye el eurodiputado Pablo Arias de “pasar del producir, usar y tirar a un sistema en el que pudiésemos unas opciones en las que, como tenemos falta de materias primas, pudiéramos reciclar reutilizar, reacondicionar, reparar, rediseñar, renovar y recuperar”.

Entrevistas:

-Samuel Sauvage, economista y cofundador de la organización francesa Halte à l'obsolescence - 'Basta de Obsolecencia'

-Pablo Arias, eurodiputado del Partido Popular (conservador).

En El Salvador, los congresistas del partido del presidente Nayib Bukele dieron luz verde a la minería metálica, una actividad que hasta ahora estaba prohibida a causa de sus impactos ambientales nocivos. El presidente Bukele afirma que la minería permitirá reactivar la economía, pero varias voces advierten de los peligros potenciales de reabrir minas de oro.

A principios de diciembre, Nayib Bukele, defendió durante un discurso de más de 20 minutos la reintroducción de la minería metálica en el país. Según el mandatario salvadoreño, reelegido en 2024 con el 84% de los votos, el país tendría bajo sus pies grandes cantidades de oro que podrían desencadenar una lluvia de dólares para reactivar una economía estancada y aliviar la pobreza.

Sin demoras, la bancada de su partido -57 congresistas de los 60 que cuenta en el país centroamericano- aprobó de manera unánime el 23 de diciembre la Ley de minería que restablece la minería metálica, prohibida desde 2017. La ley fue aprobada a pesar del rechazo de varios ambientalistas y de la Iglesia católica. RFI habló con dos voces críticas de la política de Nayib Bukele: el ambientalista Ricardo Navarro y el abogado Luis Parada.

Entrevistado por RFI, Ricardo Navarro, director de la ONG CESTA / Amigos de la Tierra, activista reconocido por el prestigio premio Goldman en 1995, fue parte del movimiento que obtuvo en 2017 la prohibición de la minería en 2017, tras una lucha que le costó la vida a varios compañeros. Hoy, Navarro cuestiona la realidad de las reservas de oro presentadas por el presidente Bukele y considera que la minería agravaría la escasez de agua en el país centroamericano.

La reintroducción de la actividad minera despierta también el recuerdo de la devastación ambiental algunas regiones. El río San Sebastián, vecino de una mina donde se extrajo oro durante décadas, aún arrastras huellas de contaminación a pesar de la suspensión de la minería industrial en 2017. Barriles de cianuro altamente peligrosos fueron abandonados en la zona mientras que las aguas del río, color marrón, mantiene la población lejos de su cauce. 

Ante los conocidos riesgos ecológicos de la extracción minera, el presidente Bukele aseguró que esta actividad será "responsable" y que se hará sin usar mercurio, una sustancia que ya no usan las empresas extractivistas, recuerda el ambientalista Ricardo Navarro, que estima que el uso de otras sustancias como el cianuro sí representan riesgos reales.

Sin embargo, el contenido de la ley está lejos de ofrecer las garantías necesarias, según explica Luis Parada. Este abogado de origen salvadoreño fue candidato presidencial contra Nayib Bukele al que critica por concentrar todos los poderes. Parada vive hoy en Estados Unidos, es abogado y es un experto en arbitrajes internacionales. A partir de 2009, Parada defendió al estado salvadoreño en dos litigios contra empresas mineras extranjeras. Una de ellas, Pacific Rim pedía 250 millones de dólares de indemnizaciones, pero perdió en 2016 un juicio de arbitraje internacional. El abogado analizó para RFI el contenido de la nueva ley de minería de El Salvador y su opinión es contundente: "es una ley que está diseñada para evadir cualquier requisitos ambientales, técnicos y económicos que protegen a la población y el medioambiente. Van a poder hacer lo que no podían hacer con la ley anterior".

Desde el año pasado, investigaciones periodísticas y activistas comunitarios alertaron sobre la presencia de representantes de mineras extranjeras interesados en reabrir minas en El Salvador. La nueva ley, votada en diciembre les dará vía libre para reactivar esta actividad que ha devastado el medio ambiente en varias regiones de Latinoamérica.

Entrevistas: 

Luis Parada, abogado y ex candidato presidencial

Ricardo Navarro, ambientalista, premio Goldman (1995) y director de la ONG ambientalista CESTA.

En Colombia tras el cierre de dos gigantescas minas de carbón en el norte del país, miles de familias piden que la empresa asuma los costos ambientales y sociales de años de explotación minera. ¿Con qué sustituir la actividad minera? El caso puede sentar un precedente en materia de transición energética.

Después de la pandemia de Covid19, el gigante minero Prodeco, subsidiara de la transnacional suiza Glencore anunció el cese de operación en las minas de carbón Jagua y Calenturitas, en el departamento del Cesar, por razones económicas. Sin embargo, tras 25 años de operaciones, la empresa deja un desastre ambiental en la zona. ¿Quién pagará para la restauración del medioambiente? ¿Cómo darles condiciones dignas a las familias de la región afectadas por la pérdida de cerca de 1200 empleos directos?

Al ser la primera vez que se cierra una mina en Colombia, las comunidades campesinos, locales y los sindicatos de empleados de Prodeco quieren dejar un precedente para futuras clausuras de minas y exigen a la empresa que repare los pasivos ambientales.  El gobierno de izquierda de Gustavo Petro por su parte quiere convertir la región minera del Cesar en un "corredor de la vida" reduciendo poco a poco la dependencia de país en este combustible fósil altamente contaminante para la salud, el medioambiente y que agrava el calentamiento global.

RFI conversó con Andrea del Rocío Torres, abogada especializada en derechos ambientales y humanos y que defiende los derechos de 12 comunidades -ceca de 20000 personas- que viven alrededor de las minas de Jagua y Calenturitas en el norte de Colombia. Las comunidades solicitaron una decisión judicial de la Corte Constitucional colombiana para que garantice su derecho a participar en el plan de cierre ambiental de la empresa Prodeco.

> Bosques, fuentes hídricas y atmosfera: el desastre ambiental de 25 años de explotación del carbón:

>El cierre de la mina implica varias obligaciones para Prodeco. ¿Qué tipo de restauración ecológica se debe llevar a cabo? ¿Quién se hará cargo del costo de estas operaciones?:

>Los retos de una transición post-carbón, según Andrea Torres:

"Obviamente hay que garantizar que haya agua para cualquier tipo de agricultura, que haya territorio que no esté en desertificación. Que también hayan condiciones de salud óptimas. Hay unos proyectos muy interesantes de energías renovables y comunidades energéticas que está liderando el gobierno. Por el otro lado, también hay proyectos de agricultura sostenible para zonas que no tenemos tanta capacidad hídrica. Se están proponiendo también proyectos de productos de las comunidades que han sido tradicionales que puedan hacer un encadenamiento en comercio justo con algunas empresas del sector alimentario. Hay muchas alternativas. El tema es que primero hay que tener territorio, agua y salud para que esas comunidades florezcan en una nueva alternativa económica."

Se espera que la Corte Constitucional colombiana se pronuncie a finales de 2024 sobre las obligaciones de Prodeco en el proceso de cierre de las minas de Jagua y Calenturitas.

Escuche la entrevista completa de la abogada Andrea Torres, con Raphaël Morán: 

A principios de diciembre, Ecuador renegoció parte de su deuda externa a cambio de dedicar fondos a la protección de la Amazonía. Es la segunda operación financiera de este tipo que realiza Ecuador. Pero, ¿qué tan exitoso ha sido el canje de deuda anterior para la proteger la islas Galápagos?

Reducir la deuda externa de un país a cambio de inversiones para proteger el medio ambiente no es una idea nueva. En pocas palabras, se trata de perdonar una parte de la deuda de un país endeudado a cambio de que el gobierno destine el dinero ahorrado a la protección de zonas altamente biodiversas. El concepto surgió en los años 80. Y recientemente, países como Gabón o Seychelles se acogieron a este mecanismo en años recientes, al igual que Bolivia en 1987 o Costa Rica en 1988.

El Estado ecuatoriano, que sobrevive bajo perfusión del Fondo Monetario Internacional acaba de recurrir nuevamente a este mecanismo: anunció la renegociación de cerca de 1000 millones de dólares de bonos de deuda a cambio de un programa de conservación de la Amazonía. La recompra será operada por el Amazon Conservation DAC, una ONG estadounidense.

En mayo de 2023, el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso renegoció cerca de 1630 millones de dólares de deuda por un nuevo préstamo 656 millones de dólares (ver detalles aquí). A cambio, se decidió cear el Galapagos Live Fund (GLF) para administrar un fondo de 450 millones de dólares dedicados a la protección de la reserva del archipiélago, conocido por su excepcional biodiversidad marina.

El trueque de deuda fue ideado para financiar la costosa ampliación de 60.000 kilómetros de la Reserva Marina de Galápagos, una joya de biodiversidad “muy importante para los ecosistemas marinos que viajan del norte al sur y viceversa”, subraya la bióloga galapagueña Mónica Calvopiña.

“Hace algunos años, nació la propuesta de ampliación de la reserva marina como una iniciativa comunitaria identificando que había más amenazas de pesca ilegal de tiburones, de flotas ilegal extranjeras. Sin embargo, el tener áreas de protección implica financiamiento”, recalca la bióloga.

En 2023, Calvopiña asumió el cargo de directora ejecutiva del Galapagos Live Fund (GLF), el fondo encargado de gestionar los 450 millones de dólares dedicados a la conservación ambiental durante 18 años, en el marco del canje de deuda.

Sin embargo, ha pasado más de un año desde aquella transacción récord y aún no hay ningún proyecto de conservación en marcha. 

“En este primer año lo que hemos hecho fue crear legalmente la fundación en el Ecuador, tenemos nuestra oficina, staff. Y esperamos hacer el primer llamado a proyectos que GLF va a financiar, antes de que termine este año”, promete Mónica Calvopiña, entrevistada por teléfono por RFI.

Los primeros financiamientos estarán destinados al Parque Nacional Galápagos y la Armada de Ecuador, para financiar los gastos de patrullaje, por ejemplo, indicó Mónica Calvopiña. Ambas entidades recibirán cada año el 50% de los recursos financieros que liberara el GLF.

Además del control de embarcaciones, se subvencionarán proyectos de pesca sostenible, turismo sostenible y de educación medioambiental.

Reducción insuficiente de la deuda

A parte de la lentitud de instauración del proyecto, el canje de deuda por conservación ambiental en Galápagos ha suscitado cuatro críticas principales: no reduce significativamente la deuda ecuatoriana, implica una pérdida de soberanía, involucra a paraísos fiscales para la gestión del dinero del fondo y excluye a las comunidades locales.

Si bien fue presentado como un “hito” por el entonces gobierno de Guillermo Lasso, el canje de bonos que realizó ecuador el año pasado solo representó alrededor del 2% de su deuda externa total.

“El mercado de canje de deuda por naturaleza es muy pequeño. Las estimaciones varían, pero los cálculos de Eurodad muestran que estos canjes solo compensaron alrededor del 0,11% de los pagos de deuda de los países de renta baja y media entre 1987 y 2023”, indicaba un informe del centro de análisis Zero Carbon Analytics publicado en agosto de 2024 (consulte el PDF aquí).

El manejo del dinero para la conservación de Galápagos suscitó también dudas. En efecto, según el convenio firmado por el gobierno ecuatoriano, será el Galapagos Live Fund, basado en el estado estadounidense de Delaware, considerado un paraíso fiscal por muchos economistas, que será encargado de controlar el dinero recaudado en el marco del canje de deuda. Será también este fondo que decidirá a quién se otorga subsidios en Galápagos.

“Nos preocupa que se involucren ONG internacionales, entendemos sus buenas motivaciones, pero cuando se cede la autonomía administrativa y de recursos a ONG internacionales de áreas estratégicas como Galápagos y la Amazonia, nos preocupa la incidencia que pueda haber en territorio en la gestión de territorios de conflictos socioambientales”, advierte Daniel Ortega Pacheco, ex ministro de medioambiente de Ecuador, y especialista en finanza climática.

Pérdida de soberanía

“El principio de poder canjear deuda y liberar espacio fiscal y alcanzar los objetivos de desarrollos sostenible, los compartimos todos. Pero hay que hacerlo de tal manera que no se ponga en peligro la soberanía del país, y que realmente se cumpla la reducción del stock de deuda en una proporción suficiente”, indica el exministro, entrevistado por RFI.

Desde su fundación, el consejo directivo del fondo GLF incluye a 11 miembros de los cuales “cinco son del gobierno de Ecuador, y 6 miembros privados. De los 6 miembros, muchos son de aquí, de Galápagos: hay un representante del sector pesquero, uno de la ONG, uno del sector turismo, uno del sector academia y solo dos son privados, externos, que son los miembros fundadores del GLF, entonces para ser una ONG privada, tiene un componente de gobernanza bastante inclusivo”, responde Mónica Calvopiña, directora del Fondo.

Los estatus del fondo sin embargo recalcan que los representantes del gobierno de Ecuador nunca podrán superar al número de representantes no gubernamentales.

“Nos preocupa la gestión de esos recursos: la comunidad no forma parte del fondo que administra los recursos. Por eso hemos acompañado el reclamo de las comunidades ante el Banco Interamericano de Desarrollo que tiene un mecanismo de consulta, el MICI, y se ha iniciado un proceso de mediación”, insiste el exministro de medioambiente Daniel Ortega Pacheco. “Esperamos que se pueda corregir y que sienta un precedente para que exista transparencia y consulta de las comunidades locales”. El reclamo fue impulsado por el centro de investigación, ecuatoriano CDES y puede ser consultado aquí.

La elección de Delaware como sede del fondo también es también un motivo de preocupación. Este pequeño estado estadounidense cuenta con más empresas que habitantes y garantiza la anonimidad a la hora de crear una empresa.

Experiencias pasadas contrastadas

En conclusión, Ortega Pachecho pide que es establezcan "principios de integridad que incluyen transparencia, rendición de cuentas, y que no se incluyan paraísos fiscales" y que los proyectos de conservación de la naturaleza no dependan de transacciones financieras que no generen nuevamente deuda y gastos de transacción para los estados, como ha sido el caso para Ecuador que firmó clausulas exigentes en caso de impago de su deuda reestructurada.

Las experiencias pasadas de canje de deuda por conservación en Bolivia o Costa Rica muestran resultados variables: no siempre han permitido traer dinero del extranjero para la conservación ambiental, la inflación debilitó los proyectos, y en algunos casos surgieron conflictos con las comunidades locales indica un informe del centro de análisis Zero Carbon Analytics.

En las cumbres climáticas, los países en desarrollo insisten en que la mejor manera de proteger el planeta y luchar contra el calentamiento global es la entrega de ayuda directa, sin pasar por préstamos o bonos de deuda que agravan el endeudamiento.

En apertura de la Cop16 sobre desertificación y sequía en Arabia Saudita, el secretario ejecutivo sobre la Convención de Naciones Unidas sobre la lucha contra la Desertificación llamó a parar la degradación de las tierras. Un fenómeno que afecta también a América latina, con múltiples consecuencias.

Es tal vez la menos conocida de las cumbres internacionales sobre asuntos medioambientales: además de la Cop sobre cambio climático y de la Cop sobre biodiversidad, la cumbre sobre desertificación tiene lugar cada dos años bajo la égida de la ONU.

Este año, representantes de 196 países se reúnen en Arabia Saudita para reforzar la lucha contra la sequía y el empobrecimiento de los suelos, fenómenos que comprometen los rendimientos agrícolas y transforman algunas zonas en desiertos como en Suramérica o en España por ejemplo. Llamada "Cop sobre desertificación", este espacio de negociación se centra en realidad sobre las consecuencias de la sequía y la degradación de los suelos.

Naciones Unidas calcula que alrededor del 40% de las tierras del planeta están degradadas.

El suelo, esta capa delgada en la tierra, “alberga una cuarta parte de la biodiversidad, regula las emisiones de Co2 y otros gases de efecto invernadero, constituye la segunda reserva de carbono más importante a nivel planetario y es clave para la adaptación al cambio climático. Gracias al suelo, el agua se infiltra, la almacena la limpia. Y se mejora la resiliencia a la población ante inundaciones y sequías”, recuerda la geóloga mexicana de la Universidad Naciones Autónoma de México Blanca Prado, que estudia la erosión de los suelos.

“Y conocemos al suelo por ser el medio en el que crecen nuestros alimentos. De él obtenemos el 95% de los alimentos. Al perder su salud, el suelo pierde la capacidad para realizar todas estas funciones que mencioné al principio”, agregó Blanca Prado.

En México, por ejemplo, cerca del 60% sufren algún tipo de degradación. Y las causas están bien identificadas, según Blanca Prado. Se trata de “las prácticas agrícolas, el sobrepastoreo, la deforestación, la sobreexplotación de la vegetación, las actividades industriales y la urbanización, siendo las prácticas agrícolas y el sobrepastoreo las más importantes”, recalca la investigadora mexicana.

Escuche el programa completo de Vida en el planeta sobre la Cop16 sobre desertificación:

El fenómeno afecta a numerosos países de Latinoamérica con impactos visibles, observa también Andrea Meza Murillo, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de Naciones Unidas sobre la desertificación. “Al menos el 22% de las tierras de América latina y el Caribe” sufre los impactos de la sequía y de la degradación del suelo. “Equivale a una superficie mayor a la India”, insiste Meza, entrevistada por RFI.

Este flagelo ambiental causa varios impactos visibles ya: reducción de rendimientos agrícolas, caída de la producción hidroeléctrica debido a la falta de agua y perturbación en la circulación del Canal de Panamá.

Frente al fenómeno de la degradación de los suelos, los países del mundo se comprometieron a restaurar 1000 millones de hectáreas de tierras de aquí a 2030 ya que sí, es posible mejorar el estado de salud de los suelos afectados por la sequía o el agotamiento de nutrientes.

En el caso de México, por ejemplo, la investigadora Blanca Prado aboga por una agricultura más sostenible, en un país donde la ganadería y la agricultura agotaron los suelos con el uso intensivo de pesticidas y abonos químicos.

Entre las soluciones comunes para restaurar los suelos están: la restauración de manglares y de bosques para mantener las zonas húmedas, la agricultura sostenible como la agroforestería o el silvopastoreo, es decir la introducción de árboles en zonas de pastoreo.

Sobre el mismo tema, le recomendamos: Un método prehispánico para reforestar los manglares de Veracruz

En esta Cop16 sobre la desertificación y degradación de los suelos se espera que varios países en desarrollo pidan una ayuda financiera para estos proyectos de restauración del suelo. Un tema que podría ser objeto de negociaciones entre los delegados.

En Corea del Sur, 175 países están reunidos y durante una semana para negociar un tratado vinculante contra la contaminación plástica. El plástico contamina ríos, mares, peces y hasta nuestra propia salud y las cantidades de residuos no hacen sino aumentar.

Este lunes arrancó en Busán, Corea del Sur la quinta última ronda de negociación bajo la égida de Naciones Unidas para atender una de las grandes crisis medioambientales globales: la contaminación por plásticos.

En 2020, el mundo produjo 460 millones de toneladas de residuos plásticos y el 90% de esta cantidad astronómica no se recicla. Y lo que no se recicla acaba en incineradoras, basureros y en el medioambiente. Cada minuto, una cantidad equivalente a un camión de basura lleno de plástico acaba en los océanos afectando a peces, mamíferos y aves. Y si no se hace nada, la cantidad de residuos plásticos en 2040 llegará a 610 millones de toneladas, según proyecciones de la OCDE.

El plástico representa además un 3% de las emisiones globales de CO2. Y es una amenaza para nuestra salud: los científicos han encontrado microplásticos, esas partículas ínfimas, en placentas y testículos.

Las maniobras de los petroestados

¿Qué se puede hacer para reducir la asombrosa cantidad de envases de productos de supermercado, principal fuente de residuos plásticos que contaminan los mares?

Este quinto ciclo de negociaciones inicia con un documento de 73 páginas con cerca de 3000 corchetes que reflejan las posiciones de los unos y los otros, señal de que aún no hay consenso sobre las medidas a tomar. A lo largo de los ciclos pasados de negociaciones, han surgido dos grandes coaliciones de naciones.

Por un lado, existe una coalición llamada de "alta ambición", integrada por más de 60 naciones europeas, asiáticas y latinoamericanas pide que se ponga un tope la producción global de plástico. Si no se hace nada, la contaminación por plásticos aumentará un 70% según proyecciones. Perú y Ruanda proponen por ejemplo un pacto 40x40 es decir reducir un 40% la producción en 2040, en relación con los niveles de 2025.

Estados Unidos se sumó, en julio de 2024, a esta coalición que defiende un tratado ambicioso, aunque la inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ensombrece esta buena voluntad.

En cambio bloque de estados que producen petróleo, Arabia Saudita, Catar, Rusia, Irán se opone categóricamente a la instauración de un límite a la producción de productos plásticos.

“Son países que están trabando las negociaciones, ya sea por vía procedimental o por vía de sustancia, oponiéndose a cualquier medida que restrinja el comercio de plásticos, que son el plan B de las energías fósiles, sabiendo que el mercado está yendo en una dirección de energías alternativas más sostenibles”, observa el abogado ambientalista Andrés Del Castillo, quien sigue las negociaciones sobre el tratado contra la contaminación plástica para la organización CIEL.

Recordemos que el plástico es un derivado del petróleo, y esos estados ven esta industria como una manera de mantener sus ingresos. En las negociaciones, estos estados insisten en la retórica del reciclaje del plástico.

Pero para ello, habrá que reducir entonces el uso de miles de aditivos, que obstaculizan el reciclaje. “Varios estudios afirman que la regulación actual a nivel global no es suficiente porque cubre menos de 1% de los de los químicos que se encuentran presente en los plásticos: alrededor de 16,000 químicos, de los cuales más de 4000 son de químicos de alta preocupación”, recuerda Andrés del Castillo, entrevistado por RFI.

La regulación del uso de sustancias toxicas del plástico como el bisfenol A, la instauración de impuestos al plástico, la reducción de los subsidios a la industria del plástico son otros temas espinosos que se abordarán en esta cumbre.

Las negociaciones para un tratado internacional contra los residuos plásticos tendrán lugar hasta el primero de diciembre en Busan, Corea del Sur.

Escuche nuestro podcast:

Las emisiones de CO2, principal causa del calentamiento global alcanzan niveles récords, según datos compilados por un consorcio científico, y a pesar de las negociaciones climáticas para reducirlas. ¿En cuántos grados podría calentarse el planeta a finales del siglo? ¿Por qué algunos países logran reducir sus emisiones y otros no?

El año pasado, la cumbre climática de Dubái se cerró con la promesa de que el mundo se alejaría gradualmente de los combustibles fósiles. A pesar de este compromiso histórico, las emisiones de CO2, principalmente ligadas a los combustibles fósiles siguen en aumento y alcanzan niveles récords en la atmosfera. Según un equipo de 120 científicos, agrupados en el Global Carbon Project, las emisiones mundiales de CO2 alcanzarán 37.400 millones de toneladas en 2024, 0,8% más que en 2023. Sumando las emisiones ligadas a la deforestación, la cifra llega a 41,6 mil millones de toneladas.

Y según la trayectoria actual de reducciones de emisiones, hay 50% de probabilidades de que el calentamiento global supere los 1.5°C, lo que conllevaría a la multiplicación de eventos climáticos extremos en varios países.

El cambio climático “acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia (…) El planeta no están dando señales cada vez más claras. Pero, aun así, en este momento tan crucial para la humanidad, estamos viendo a muchos gobiernos titubear”, alertó por ejemplo el jefe de gobierno español Pedro Sánchez desde Bakú.

La cumbre climática Cop29 de Azerbaiyán, bajo la égida de la ONU, inició en un ambiente caótico. Unos días antes, los electores estadounidenses eligieron por segunda vez a Donald Trump, adversario de las políticas climáticas, lo que arroja una sombra en las futuras negociaciones para luchar contra el calentamiento global.

Las guerras en Ucrania, Medio Oriente y Alto Karabaj complican también las relaciones entre grandes potencias. Y aún existe una desconfianza entre países del industrializados que no quieren pagar solos la factura de la transición energética, y los del Sur global, que piden más ayudas. Y mientras arrancaban las negociaciones para definir un nuevo objetivo anual de financiamiento para los países en desarrollo, los científicos del Global Carbon Project, un consorcio internacional, alertan una vez más sobre la insuficiencia de las políticas actuales de lucha contra el cambio climático.

Cada año este grupo de 120 científicos realiza la tarea titánica de calcular la cantidad de emisiones de CO2, principales responsables del calentamiento global, que se emiten en nuestro planeta.

El director del Global Carbon Project, Pep Canadell nos comparte las conclusiones de este informe. Con el ritmo actual de aumento de emisiones, "el mundo podría calentarse en 2.5 o 3°C a fin del siglo", alerta. ¿Cuáles son los buenos alumnos de la lucha contra el cambio climático? Escuche su entrevista: 

Y si queremos que nuestro planeta sea aun habitable en unas décadas, y evitar la multiplicación de sequias, olas de calor, huracanes y lluvias torrenciales, es indispensable limitar el calentamiento global a 1.5°C, comparado con la era preindustrial. Para ello, la ONU y los científicos estiman que tenemos que reducir un 42% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 comparado con 1990.

La cumbre climática Cop29 inició este lunes en Azerbaiyán con delegados de más de 190 países reunidos en un contexto de urgencia climática: 2024 será probablemente el primer año en que se supere el umbral de 1,5° C de calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero siguen batiendo récords. La ayuda financiera para la transición energética será el tema prioritario.

La gran cita internacional sobre la lucha contra el cambio climático de la ONU abrió sus puertas este año en Azerbaiyán, ex república soviética ubicada entre Europa y Asia y gran productor de gas y petróleo gobernado con puño de hierro por Ilham Aliev, que reprime brutalmente todas las voces disidentes.

La Cop29 sobre el clima ocurre a casi 10 años del Acuerdo de París en el que se plasmó el objetivo de limitar a +1,5ºC el aumento de la temperatura global a finales del siglo comparado con la era preindustrial, una meta que sin embargo será superada este año, según datos del programa satelital europeo Copernicus.

En este contexto de urgencia climática en el que se multiplican los eventos climáticos extremos como en España, ¿sigue siendo válida esta meta o deberíamos prepararnos para un aumento mayor de las temperaturas medias? La respuesta es afirmativa, según Marta Torres Gunfaus, directora de asuntos climáticos Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI), centro de análisis basado en París.

“Es necesario todavía mantenerse en la estrategia de negociar, acordar resolver decisiones que sean coherentes con ese objetivo del 1,5°C de aumento de las temperaturas medias a nivel mundial. La principal razón de mantenerse con esta estrategia es porque cada décima de grado que superamos tiene unas implicaciones enormes tanto en ecosistemas naturales como para las sociedades humanas”, explicó la especialista, entrevistada por RFI.

En vísperas de esta Cop29, Yalchin Rafiev, canciller azerí y jefe negociador indicó los tres objetivos principales de su país: lanzar una iniciativa para una tregua de un mes en todo el mundo, acordar una nueva meta de financiamiento de la lucha contra el cambio climático y fijar los últimos detalles del artículo 6 del Acuerdo de París sobre los mercados de carbono.

Prioridad número 1: los nuevos objetivos financieros

Financiar la lucha climática será el tema número uno sobre la mesa de negociaciones. Se trata de renegociar los nuevos objetivos colectivos cuantificados, NCQG en lenguaje diplomático, es decir las contribuciones de las naciones industrializadas para financiar la transición energética en los países en desarrollo, la adaptación de esos países frente al cambio climático, y el financiamiento de los daños que no se pudieron evitar.

Hasta ahora, los países industrializados movilizaron 100 mil millones de dólares anuales entre 2020 y 2025, pero esta promesa llegó con dos años de retraso, lo que tensó la confianza entre países del Norte y del Sur global.

¿Cuánto debería ser el monto de esta ayuda para 2025-2030? Las ONG ambientalistas consideran que ya no serán suficientes los cientos de miles de millones, sino millones de millones de dólares de ayuda pública, inversiones y préstamos.

“Hay que saber que en 2009 el objetivo de los cien mil millones fue un objetivo totalmente salido de la nada que no reflejaba ni necesidades ni la realidad de los impactos del cambio. El Climate Action Network, [ndr: Red de Acción por el Clima, principal coalición de ONG ambientales], muchos actores de la sociedad civil, pero también agencias de Naciones Unidas, muestran que las necesidades están más bien en los millones de millones de dólares. CAN está diciendo 5 de millones de dólares anuales de movilización de dinero”, subrayó Anabella Rosemberg, asesora en políticas climática para Climate Action Network.

“Pero más allá de la cifra, es muy importante para nosotros un reconocimiento sobre el tipo de dinero del que estamos hablando. Porque hay una voluntad por parte de los países desarrollados de plantear esto como un objetivo de inversión. Para nosotros, lo que es clave es que el monto identificado sea un monto de dinero público accesible a los países en desarrollo y que no implique una dimensión de deuda. Hoy en día mucho del financiamiento climático se hace en forma de préstamo”, lamentó Anabella Rosemberg, en entrevista con RFI en vísperas de la COP.

Finalizar los mecanismos de mercado de carbono

El otro gran tema de negociación, según el país anfitrión de la Cop, Azerbaiyán, es el artículo 6 del Acuerdo de París que regula el mercado del carbono y que no aún no ha sido finalizado. Dicho mecanismo permite a los países o las empresas muy contaminantes intercambiar sus emisiones de CO2 contra proyectos verdes en los países del Sur global. Se espera que los delegados de la Cop29 pongan orden en ese mercado para evitar el "greenwashing".

Y a más tardar en febrero de 2025, los estados firmantes del Acuerdo de París se han comprometido en presentar nuevos objetivos para reducir sus emisiones de gases de efectos, en sintonía con el objetivo de limitar a 1,5°C el calentamiento global. Para alcanzar dicha meta, es necesario reducir en un 43% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, con relación a 2019. Un esfuerzo colosal que los países están lejos de cumplir: según la ONU, el mundo rompió un récord de emisiones en 2024, y las trayectorias actuales solo llevarían a reducirlas en un 2,6% en 2030.

Del lado europeo, negociadores franceses dijeron a RFI que esperan avanzar en dos aspectos durante esta Cop29: buscar nuevas fuentes de financiamiento a través de la creación de nuevos impuestos globales al transporte marítimo o aéreo por ejemplo para financiar la lucha contra el cambio climático. Y segundo, los negociadores europeos quieren actualizar la lista de las naciones industrializadas que tienen que contribuir a nivel financiero.

Y es que actualmente, sólo las naciones industrializadas, como las europeas y Estados Unidos, debido a su responsabilidad histórica en las emisiones de CO2, tienen la obligación de aportar fondos a la mitigación del cambio climático y la adaptación, a los países pobres. China en cambio, no era considerada una nación industrializada cuando se negoció el marco de las contribuciones en 1992. Se avecinan debates álgidos sobre la base de contribuciones, anticipa Marta Torres Gunfaus, especialista en negociaciones climáticas. 

Europa quiere que China también pague su parte

“Una de las discusiones importantes es que contribuyan no solamente países industrializados sino todos aquellos que puedan aportar como Corea del Sur, Catar o Singapur, que ya habían dicho que querrían colaborar con en ese objetivo. Y el tema importante es si vamos a añadir, por ejemplo, China en los posibles contribuidores”, detalla Torres Gunfaus.

“Lo que es interesante es que hoy China ya es de los grandes contribuidores en la lucha contra el cambio climático y con muchas no inversiones Sur-Sur. El tema es si se formaliza esas contribuciones, porque si se formaliza que también forma parte de este grupo de países más ricos que lideran esa contribución financiera, eso traería pues otras obligaciones que China no quiere necesariamente asumir, prefiere contribuir de manera voluntaria que de manera obligatoria”, concluye la experta en negociaciones climáticas.

Varios países recientemente industrializados oponen un ‘no’ rotundo al pedido de Europa y Estados Unidos. Consideran que no quieren renegociar la distinción entre países desarrollados y los que están en desarrollo, plasmado en el Acuerdo de París. “No nos vamos a substituir a los países desarrollados que tienen obligaciones de contribuir, según el Acuerdo de Paris. Además, hay que acordarse de que países como China, Brasil, India o Indonesia, invertimos muchísimo internamente. En Brasil, cubrimos nosotros mismos el 80% del costo de la lucha contra la deforestación”, subrayó André Correa do Lago, diplomático brasileño y jefe negociador de la delegación de Brasil en la Cop29, en entrevista con Lucía Muzell de RFI.

En esta Cop29 también planeará la sombra de Donald Trump. Aunque será la administración Biden quien representará a aún a Estados Unidos en las negociaciones, la victoria de Donald Trump, un climatoescéptico notorio que prometió impulsar la extracción petrolera, augura un debilitamiento del liderazgo estadounidense en las negociaciones climáticas en las siguientes cumbres climáticas.

"Cuidando a Los Dinamos: Mujeres mexicanas comprometidas con la conservación", es el trabajo ganador del Premio Reportaje RFI en español 2024 de Mariana Hernandez y Marcela Ortiz Mena, estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. En este trabajo periodístico, las jóvenes relatan cómo es el cuidado del parque natural Los Dinamos, que se encuentra al borde de la capital mexicana. 

Reportaje de Mariana Hernandez y Marcela Ortiz Mena, ganadoras del Premio Reportaje RFI en español 

En 2020 la Ciudad de México, como varias otras ciudades, estaba en cuarentena. La gente no salía de sus casas, no tenía a donde ir a divertirse. En 2021, algunos lugares comenzaron a abrirse al público poco a poco. Uno de los primeros fue el Parque Nacional Los Dinamos, una de las escasas zonas naturales que existen en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Abrir Los Dinamos en ese momento implicó que llegara demasiada gente. Empezó a haber más basura y erosión en el suelo, los ecosistemas se empezaron a ver afectados. Un grupo de mujeres decidió actuar y dedicarse a la conservación. Es así como nace Comuneras Unidas por el Amor a los Dinamos (CUPADI).

Se habla de amor a Los Dinamos porque es su tierra. “Nuestra vocación es la conservación de nuestro bosque”, dice Marisol Tovar, una de las mujeres que conforman CUPADI.

A pesar de que el gobierno mexicano describe en varios sitios de internet a Los Dinamos como una zona natural protegida, no lo es. El parque se encuentra en la Magdalena Atlitic, una propiedad comunal. Son los comuneros de esta zona los que son dueños de la tierra, y por lo tanto, quienes la cuidan. Si fuera una zona natural protegida, sería el gobierno quien se encargaría de su conservación.

Es por esto que Marisol Tovar, al igual que Graciela Madrigal y Estefanía Navarro, tiene una relación personal y profunda con Los Dinamos. Cada una ha heredado el derecho que tiene sobre la tierra. En una propiedad comunal, existen títulos que prueban los derechos sobre el territorio y estas comuneras lo recibieron gracias a sus familiares.

“Yo empecé a conocer más el bosque y dije pues son nuestras tierras, hay que conocerlas”, explica Estefanía al hablar de su relación con esta zona. Tanto ella como Graciela sabían poco sobre lo que implicaba ser comunera, pero decidieron acercarse cada vez más a ella. Marisol ha participado en su conservación desde que era pequeña, incluso siendo miembro de otros grupos que también se dedican a la preservación de Los Dinamos.

Las labores de CUPADI son amplias. Empezaron informando a los visitantes sobre las maneras apropiadas de cuidar el bosque: No tirar basura, no llevar a los perros sin correa, no desviarse del camino y muchas más. Se han encontrado con personas que no aceptan estas reglas, pero cada vez son menos. También se han dedicado a regular a la gente que entra al parque, evitando que se desgaste la zona.

Después, siguieron con otras labores, como la señalización de caminos para evitar la erosión y la restauración de suelos quemados. CUPADI fue avanzando, y hoy en día son capaces de hacer monitoreos de animales en la zona, lo que las ayuda a cuidar de las diversas especies que se encuentran en Los Dinamos, incluyendo el ajolote.

CUPADI está integrado sólo por mujeres, no por dejar fuera a los hombres, sino por tener un trabajo propio, aseguran. A pesar de que reciben apoyo de Eco Dinamos, otro grupo que también se dedica a la conservación, se han enfrentado a la discriminación. “Estamos en una comunidad súper tradicional también, donde impera, como en toda nuestra sociedad, el machismo”, cuenta Marisol. Otros comuneros e incluso el mismo comisariado, que es el líder de la comunidad, han dificultado algunas de sus labores por el hecho de que son puras mujeres, agregó.

En el parque se han puesto puntos de pago para entrar al lugar, aprovechando el trabajo de CUPADI, aunque ellas trabajan en el parque “de forma voluntaria”, asegura Graciela.  Sin embargo, el hecho de que sea sin remuneración limita el presupuesto de CUPADI, además de las horas en las que pueden trabajar.  

En este grupo de mujeres, la mayoría de sus integrantes son de la tercera edad, por lo que algunas de sus labores les resultan muy difíciles.

A pesar de las dificultades, las comuneras de CUPADI han logrado enormes cambios en Los Dinamos. Han restaurado suelos, han marcado caminos y se han dedicado a conservar especies. Todo esto es gracias a la dedicación que tienen por su causa, pero también gracias al amor que le tienen a su tierra.

En Colombia, a orillas del río Magdalena, la fundación Biodiversa ha comprado miles de hectáreas de tierras para reforestarlas y crear un refugios para especies amenazadas. Reportaje en El Silencio, un modelo de protección del medioambiente.

Los primeros rayos de luz aparecen sobre el río Magdalena. Tras una hora de navegación, nuestra lancha gira hacia un brazo del río. Nos alejamos de un paisaje moldeado por instalaciones petroleras, por la minería, la agricultura y los grandes potreros. Y entramos en un caño natural rodeado de árboles majestuosos. A mano derecha, aparece la densa vegetación de la reserva natural El Silencio. El lugar incita a guardar silencio y disfrutar del canto de las aves.

Una familia de loros vuela de una orilla a otra, un oso hormiguero se trepa de una rama a otra y se oye el rugido de los monos aulladores. Aquí, a orillas del tropical río Magdalena que inspiró al escritor colombiano Gabriel García Márquez, científicos decidieron crear una reserva natural en 2012. 

Escuche el audio reportaje: 

Julio Marín dirige el equipo de los 10 guardabosques de la reserva de la fundación Biodiversa Colombia. Este exsoldado es ahora un apasionado de la naturaleza. A lo lejos,  divisa dos puntos brillantes escondidos en la zanja de un tronco. Se trata de una marteja, o mono ‘aotus’, en peligro de extinción. Marín y su equipo tienen la misión de conservar y restaurar el territorio de mamíferos terrestres, acuáticos y aves amenazados por la deforestación. "La reserva se ha convertido e un puente de unión entre los bosques del sur y del norte. La reserva está estrategicamente puesta ahí como parte de un corredor", explica Santiago Rosado, biólogo y coordinador científico de El Silencio.

Según datos de Global Forest Watch, en el municipio de Yondó, la superficie de bosque primario se ha derrumbado un 43% en 20 años mientras se extendieron los potreros. La ganadería sigue siendo una de las principales actividades económicas en la región de Antioquia, en detrimento del bosque tropical.

Una de las características de la reserva natural El Silencio ha sido asociar a las comunidades locales de ganaderos y pescadores a los esfuerzos de conservación y reforestación. Los ganaderos y también los pescadores de la zona contribuyen a la reforestación cuidando los viveros, por ejemplo. A cambio, estas comunidades reciben ingresos de la Fundación.

Y los efectos de la reforestación son notables. Aquí en el corazón de la reserva, los científicos observan con cámaras y captación de sonido, el regreso de ciertas especies, explica el biólogo Santiago Rosado, responsable científico de la reserva natural: "En la reserva original, no había registros de danta (tapir). Ahora, la danta apareció cuando la reserva se expandió en 2020".

Gracias a fondos de fundaciones privadas extranjeras, la reserva natural El Silencio se ha ampliado considerablemente. Ha pasado de 70 hectáreas en 2012 a 3.500 hectáreas actualmente, de los cuales alrededor de 100 ha fueron reforestadas, de forma pasiva y activa.

La fundación Biodiversa Colombia busca ahora registrar todas estas tierras bajo el estatuto de reserva de la sociedad civil. Una iniciativa que contribuye a los esfuerzos nacionales de conservación. Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, se ha comprometido a proteger el 30% de sus tierras para 2030, según lo pactado en la Cop 15 sobre biodiversidad en 2022 en Montreal.