Ingresamos a Villa Hermosa, una de las zonas más azotadas por la violencia en San Miguel Petapa, a escasos 16 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Es un barrio donde, por 10 años, las pandillas han ejercido un control implacable, apoderándose de las propiedades y desplazando a sus habitantes, quienes huyen para no ser asesinados.

En Villa Hermosa, logramos contactar a una vecina del sector que sobrevive vendiendo ropa y zapatos usados. Por su seguridad y petición expresa, mantendremos su identidad en reserva.

“Dejan las casas abandonadas”

“Mire, en una casita que está por allá atrás, la cerraron, porque dijeron que sí, habían invadido. Sí, mareros, pero lograron sacar a esa gente”, cuenta la mujer de 65 años que vive en este sector de Villa Hermosa desde hace 38 años, pero asegura que los últimos 10 años la delincuencia aumentó exponencialmente.

“Pónganle, pónganle que ellos se dedican a extorsionar, los mareros, extorsionar, roban las baterías de los carros”, dice. “Fíjese que ahí lo que hemos oído es que los dueños ya no pueden llegar porque los amenazan y todo. Ya dejan ahí las casitas abandonadas”, prosigue.

“Porque aquí era bien tranquilo (…) Pero siempre, mire, ahorita con el temor de que viene la Navidad, va uno a comprar con aquel temor de que le quiten a uno cualquier cosa, los centavitos, cuando uno va a comprar”, afirma.

Otra ex vecina de Villa Hermosa, quien se fue del lugar hace años debido a la delincuencia, cuenta su experiencia. Ella también prefiere mantenerse en el anonimato: “Los que estamos más vulnerables acá somos los que vivimos a diario la inseguridad total, tanto del Ministerio de Gobernación, del mismo Gobierno y de todas las instituciones del Estado, que serían los obligados y encargados de velar por la ciudadanía, no lo hacen, porque ellos son parte de eso también”, considera.

“Transformadas en bases de operaciones”

“Abandonar el hogar, como opción ante amenazas de muerte. En esos casos específicos, es mucho más fácil apropiarse de esas casas que quedan en abandono. El principal mecanismo que facilita esa usurpación es esa coacción económica que se ejerce contra la población. Económica, violenta. Las viviendas afectadas se encuentran en la mayoría de los casos en zonas marginales, marginalidad social, que por definición ya tienen limitado acceso a servicios básicos e incluso a la justicia formal, debido a esta idea de criminalización de la pobreza”, explica a RFI Ludwin Álvarez, antropólogo y consultor experto en seguridad y justicia.

“Esas casas que están ubicadas en zonas de alta densidad, como la zona 18, Mixco, Villanueva, son transformadas casi siempre en bases de operaciones, en puntos de distribución para narcotraficantes, o centros de planificación para extorsiones. Entonces, al controlar esos espacios se refuerza como la gobernanza criminal. Ahí se imponen reglas, se limita la acción policial y eso es fundamental para mantener ese flujo de ingresos ilícitos que sostienen su estructura y también ese territorio criminal”, analiza.

“Actualmente la tasa nacional en Guatemala es mucho menor, es de 16 por cada 100 mil habitantes. Entonces, la respuesta institucional a ese contexto de violencia ha sido, por lo general, por lo menos en la actualidad, la gestión ordinaria de la crisis y el conflicto”, concluye Álvarez.

La impunidad y la falta de Estado de derecho

La fuga de 20 reos causó en la población una alarma y un miedo generalizado. Algunas personas prefieren no hablar del tema por temor a represalias por las pandillas.

Entre los más afectados del área metropolitana están Ciudad de Guatemala y municipios como Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Chinautla y Amatitlán. En dichas áreas operan con más frecuencia las maras, tanto el Barrio 18 como la Mara Salvatrucha.

Según medios locales que viralizaron esta información en las últimas semanas, hay 13 mil denuncias por usurpación en el país. En ese mismo período, el Estado ejecutó 99 desalojos, es decir, solo el 0.76 % de las víctimas logró recuperar su propiedad.

Según Astrid Escobedo, especialista en democracia y violencia, “las mayores causas de esto es por la falta de Estado de derecho y la falta de control, además porque los políticos se dejaron comprar por los delincuentes, son los que los eligen entonces no hay quien pueda combatirlos”.

“La gente sale de su país por la violencia y están los que deben huir con sus hijos principalmente adolescentes, y si no huyen los grupos del narcotráfico los están reclutando y si no quieren ser parte de las estructuras criminales los matan”, subraya.

Las estructuras criminales siguen operando a nivel nacional sin ningún problema porque las condiciones las mantienen bien fortalecidas desde hace décadas, como también la usurpación de viviendas que se ha normalizado. El objetivo final de este control territorial es mantener el flujo de ingresos ilícitos que sostienen tanto a la estructura criminal como al territorio criminal que han establecido, según expertos.