En Estados Unidos, la administración Trump borró casi por completo las palabras 'cambio climático' y 'justicia climática' de las páginas gubernamentales en el marco de masivos recortes presupuestarios en varias agencias públicas. Esta política pone en peligro nuestra capacidad para anticipar el cambio climático, dijeron a RFI varios científicos.

 

El 7 de marzo miles de científicos salieron a las calles para protestar contra los despidos masivos, los recortes y la censura en el sector de la ciencia ambiental y la medicina. Con el lema de ‘Stand up for science’ – o ‘en defensa de la ciencia’- grupos de académicos, estudiantes, investigadores marcharon en EEUU y en otras ciudades como en París Francia en solidaridad con sus pares estadounidenses

La cruzada sin precedentes de la segunda administración Trump contra la ciencia y en particular la ciencia ambiental despertó las alarmas de la comunidad científica. Wahington arremetió por ejemplo contra la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica, la NOAA. Creada en 1970 bajo el impulso de Richard Nixon, esta agencia emplea 13.000 personas que se dedican a los pronósticos de huracanes, olas de sequias, inundaciones y monitorean la atmósfera y los océanos en contexto de cambio climático.

Pero el departamento de eficacia gubernamental, DOGE, encabezada por el hombre más rico de planeta, Elon Musk, diezmó esta agencia: cerca de 600 empleados de esta agencia fueron despedidos abruptamente, algunos eran encargados de los pronósticos de huracanes, otros monitoreaban datos de sobrepesca.

Este gesto es el resultado de la aplicación del plan ultraderechista Project 2025 que llamaba a desmantelar y privatizar la agencia de pronósticos del tiempo de EE.UU. considerándola un vector del "alarmismo climático" que "perjudica la prosperidad del país".

El efecto es devastador para las ciencias ambientales, alerta Josep Canadell, reconocido científico y especialista en datos climáticos, director del Global Carbon Project. Canadell es también miembro del panel internacional de científicos sobre cambio climático, el GIEC o IPCC, y firmó una carta abierta para alertar sobre el desmantelamiento de la NOAA.

A finales de febrero, la administración Trump prohibió también a los científicos estadunidenses a participar a la 62 reunión del Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climatico (GIEC, o IPCC en inglés) en China.

Una decisión que Pep Canadell califica de “desastre”. “El nivel de investigación de los estadounidenses es muy alto. Y el gobierno no les deja ni participar en videollamadas. En el IPCC necesitamos los mejores investigadores para producir el mejor informe sobre el estado del clima global”.

El retiro de los investigadores estadounidenses de los trabajos del GIEC plantea también dificultades a largo plazo. “En el GIEC tenemos tres grupos: los de la ciencia del clima, los que miden los impactos del cambio climático, y un tercer grupo que determina qué es lo que hay que hacer, en materia de energía. Y este grupo era liderado por un grupo de estadounidenses de la NASA, a quienes se les prohibió participar”, alerta Canadell.

Escuche la entrevista completa con Josep Canadell en nuestro programa 'Vida en el planeta':

Resisten a la censura de las páginas gubernamentales

En el marco de su cruzada con la ciencia climática, el gobierno de Donald Trump eliminó también miles de páginas web gubernamentales que contienen las palabras 'cambio climático". Desaparecieron también páginas sobre la justicia climática.

Ante esta censura, aún más severa que durante el primer mandato, un colectivo de académico agrupados en el Public Environmental Data Project decidió resistir y organiza el rescate y archivo de millones de datos. "Hemos archivado alrededor de 1 millón de páginas de datos gubernamentales medioambientales”, indica Lourdes Vera, doctora en sociología. Vera, quien investiga en particular temas de justicia climática, es parte de este colectivo.

“Por ejemplo, rastreamos páginas que fueron retiradas: todo lo que tiene que ver con el cambio climático, la ciencia climática, la justicia ambiental ya no aparece en las páginas del gobierno. Por ejemplo, la Agencia de Protección del Medioambiente, la EPA, tenía una herramienta de consulta de datos sobre justicia medioambiental. Entonces los datos a veces siguen ahí, como los datos ambientales o los datos de censos de población, pero el mapeo, el acceso sencillo en un clic para saber qué instalaciones industriales contaminaron en qué área, esto es lo que ha desaparecido", constata Lourdes Vera, entrevistada por RFI.

La investigadora sospecha que esta ofensiva contra la ciencia climática responda tanto a intereses ideológicos como económicos. “Por una parte el gobierno argumenta que todo lo que responde a la justicia ambiental tiene que ver con una agenda y una ideología radical, cuando en realidad ¡son datos empíricos! Y, por otra parte, esta postura del gobierno tiene razones económicas directamente ligadas al lema de campaña 'perfora, baby, perfora( de Trump.

“Evidentemente si uno pone el foco de atención a las injusticias y las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la industria de los combustibles fósiles, pues claro que la gente se va a poner a luchar contra la industria petrolera!”, concluye Vera.

Otros investigadores estadounidenses, consternados por la ofensiva de Trump contra la ciencia, una actitud calificada de golpe de estado por algunos, esperan ahora que la justicia ponga un freno a estos recortes masivos. Una reciente decisión de la Corte judicial de mayoría conservadora, ordenó por ejemplo a la administración Trump reanudar los contratos de USAID, la agencia de cooperación humanitaria internacional, diezmada también por los recortes.

Entrevistas:

-Pep Canadell, científico y director del Global Carbon Project

-Lourdes Vera, doctor en sociología y profesora asistente en la University at Buffalo (EEUU), miembro del Public Environmental Data Project

-Emmanuelle Pérez-Tisserant, historiadora (Universidad de Toulouse), impulsora de Stand up for Science, Francia.