El Gobierno de Dina Boluarte desestimó la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigía suspender de inmediato el trámite del proyecto ley de amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de violación de derechos humanos en el marco de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Tras la firme decisión del Gobierno peruano los organismos expertos en derechos humanos expresaron su preocupación por la aprobación del proyecto de ley, al considerar que viola normas internacionales y contradice los compromisos asumidos por el Perú en materia de justicia y reparación.

"Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos"

- Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

La ley de amnistía, que aún está pendiente de la promulgación por parte del ejecutivo, afectaría a 156 víctimas con sentencia firme y otras 600 en proceso de investigación. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene a través de su secretaria general, Tania Pariona, que de aprobarse este indulto borraría décadas de lucha por justicia y verdad.

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"Consideramos que esto es altamente lesivo para el acceso a la justicia de las víctimas y los familiares que lucharon décadas por conseguir una sentencia", afirma Pariona. "Esta ley deja en total impunidad y premia a militares, policías y miembros de los comités de Autodefensa que violaron los derechos humanos", declara la secretaria general de la CNDDHH.

"Los familiares de las víctimas están no solo revictimizados de forma permanente al alcanzar la justicia bastante tardía, sino que otra vez se les vuelve a revictimizar. Esto les golpea en lo más doloroso, la amnistía anula todo lo que ellos caminaron por buscar la verdad, por lograr una audiencia pública. En el Perú estamos viviendo un contexto, ya no un debilitamiento democrático, sino un deterioro ya de las bases mínimas de un Estado de derecho", aclara la defensora de los derechos humanos. 

Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes

La Corte Interamericana de Derechos Humanos avisó que, de promulgarse la ley sin atender sus observaciones, el Estado peruano estaría incurriendo en un incumplimiento de las medidas provisionales vigentes en esos casos. Por ello, exigió que la iniciativa legislativa no continúe su trámite y que, en caso de ser promulgada, las autoridades se abstengan de aplicarla hasta que se evalúe su impacto legal en los procesos supervisados por el sistema interamericano.

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"Se ha institucionalizado la impunidad bajo estas leyes. Se cuestiona hoy la pertenencia del Perú al sistema Interamericano y esto profundiza la crisis institucional y pone en riesgo, no solo la posibilidad de acceder a la justicia en instancias supranacionales de parte de los ciudadanos peruanos, sino que además el Estado está dejando de ser el primer garante de los derechos humanos y más bien siendo el actor violatorio de los derechos humanos", dice Tania Pariona. 

Perú ya aprobó en agosto de 2024 una ley que declaró prescrito los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que benefició al difunto expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia política que dejó unas 70.000 víctimas de 1980 a 2000.