El Congreso de Ecuador aprobó una reforma constitucional que permitiría establecer bases militares extranjeras en el país. La medida, que deberá ser aprobada en referéndum, busca reforzar la lucha contra el narcotráfico. Carla Álvarez, experta en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, se muestra cautelosa frente a esta propuesta y duda de que la cooperación internacional, sin una depuración institucional y un fortalecimiento legal, pueda resolver problemas estructurales como la corrupción.

Ecuador podría eliminar próximamente un capítulo de su Constitución —vigente desde 2008, en la era de Rafael Correa— que prohíbe la presencia de bases militares extranjeras. La reforma fue aprobada este martes en el Congreso, con el respaldo de la bancada oficialista, con el argumento de reforzar al Estado frente al crimen organizado.

En ese contexto de creciente inseguridad, la iniciativa goza de apoyo entre la ciudadanía, explica Carla Álvarez.

"Esta propuesta es bastante popular entre los ecuatorianos porque para el 50 % de los ciudadanos el principal problema del país es la inseguridad. Eso refleja mucho la sensación de miedo que se vive en Ecuador por los elevadísimos indicadores de violencia. La tasa de homicidios en Ecuador está por superar la de Haití, que actualmente registra 40 muertes por cada 100.000 habitantes". 

Sin embargo, la especialista expresa reservas sobre la eficacia de instalar bases extranjeras para combatir al crimen organizado.

Más depuración institucional

"La cooperación con presencia militar no es necesariamente la mejor respuesta. Si hacemos una evaluación de los diez años de operación de la base militar de Manta, podríamos decir que en ese momento hubo una mejora en las condiciones de seguridad. Pero, de hecho, fue tras la salida de la base cuando empezamos a ver avances más sólidos, gracias al fortalecimiento del andamiaje institucional, presupuestario y normativo. Eso permitió reducir la tasa de violencia. Llegamos a tener 5,8 muertos por cada 100.000 habitantes, apenas por debajo de la tasa de Chile, que era el país más seguro de América del Sur". 

Las fuerzas militares estadounidenses se retiraron de Manta en septiembre de 2009. Dieciséis años después, la situación es otra.

"Ahora hemos superado los 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Creo que lo que se necesita es cooperación tecnológica: compartir información, rastrear flujos de dinero ilegales, monitorear movimientos de personas vinculadas al crimen organizado transnacional. La cooperación internacional, por sí sola, no va a resolver los problemas locales de Ecuador. Muchos de estos problemas tienen que ver con corrupción y con infiltración en las instituciones. Esto no se resuelven con militares, sino con leyes y depuración institucional", concluye.

La Corte Constitucional debe ahora pronunciarse sobre la reforma antes de que se someta a consulta popular.