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El gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional por los incendios que arrasan varias regiones del país. Juan Pablo Chumacero, investigador y director de la Fundación Tierra, advierte que el modelo agrícola y ganadero, centrado en cultivos de exportación, favorece la deforestación y la quema de tierras, agravando la devastación ambiental.
El gobierno decretó el Estado de Emergencia Nacional ante el avance de los incendios forestales en varias regiones del país. Juan Pablo Chumacero, investigador en temas agrarios y director de la Fundación Tierra, estima que el sistema de producción agrícola y ganadera, ligado a cultivos como la soya, el sorgo, el azúcar y el maíz, contribuye al agravamiento de este fenómeno.
Hasta este miércoles se registraban 720 focos activos de fuego, de los cuales 540 estaban en Santa Cruz y 140 en la región amazónica de Beni. Los incendios incluyen reservas naturales consideradas patrimonio ambiental. Tras decretar la Emergencia Nacional, el gobierno podrá movilizar recursos humanos, financieros y la cooperación internacional para afrontar una crisis que ya ha arrasado miles de hectáreas y pone en riesgo a comunidades enteras.
En 2024, Bolivia sufrió un récord histórico de devastación, con más de 12 millones de hectáreas quemadas —equivalentes a aproximadamente el 11% del territorio nacional— como consecuencia de los incendios forestales.
Juan Pablo Chumacero explica el origen de estos incendios: "En los últimos cinco o seis años hemos tenido incendios de tamaño totalmente desastroso en Bolivia. Esto ha generado una serie de alertas y preocupaciones de la sociedad civil, de las ONG, de la cooperación internacional, de la justicia ambiental y también de los distintos niveles de gobierno. A pesar de ello, a pesar de existir una serie de normativas que pretenden frenar los incendios —ya que muchos son ocasionados por mano humana con el fin de ampliar la frontera agrícola o buscar maneras de enriquecimiento rápido a costa del bosque y la tierra—, se siguen dando situaciones en las que la gente vuelve a quemar".
Priman los intereses económicos de la industria agrícolaSegún Chumacero, los intereses económicos de corto plazo se han impuesto en la agenda política, en detrimento del medio ambiente: "Lo que está detrás de estos incendios forestales es un sistema de producción agrícola y ganadera ligado a bienes de exportación como la soya, el sorgo, el azúcar, el maíz y también la carne vacuna. Este modelo se utiliza desde hace 40 años. El crecimiento del sector depende de ampliar la frontera agrícola, de deforestar y habilitar nuevas tierras de cultivo. El sector agroindustrial, agrícola y ganadero es grande, tiene poder y hasta ahora ha mantenido una relación de trabajo en concordancia con el gobierno. Por esta razón, no se ha planteado de manera seria un cambio de modelo que suponga dejar de expandir la frontera agrícola recurriendo a estos métodos. Lo que tenemos es una política que más bien facilita la expansión mediante la quema y la deforestación".
Hasta el momento se han realizado 52 operaciones contra los incendios forestales, con la participación de más de 900 personas, entre ellos bomberos, militares y miembros de diferentes instituciones.
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El gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional por los incendios que arrasan varias regiones del país. Juan Pablo Chumacero, investigador y director de la Fundación Tierra, advierte que el modelo agrícola y ganadero, centrado en cultivos de exportación, favorece la deforestación y la quema de tierras, agravando la devastación ambiental.
El gobierno decretó el Estado de Emergencia Nacional ante el avance de los incendios forestales en varias regiones del país. Juan Pablo Chumacero, investigador en temas agrarios y director de la Fundación Tierra, estima que el sistema de producción agrícola y ganadera, ligado a cultivos como la soya, el sorgo, el azúcar y el maíz, contribuye al agravamiento de este fenómeno.
Hasta este miércoles se registraban 720 focos activos de fuego, de los cuales 540 estaban en Santa Cruz y 140 en la región amazónica de Beni. Los incendios incluyen reservas naturales consideradas patrimonio ambiental. Tras decretar la Emergencia Nacional, el gobierno podrá movilizar recursos humanos, financieros y la cooperación internacional para afrontar una crisis que ya ha arrasado miles de hectáreas y pone en riesgo a comunidades enteras.
En 2024, Bolivia sufrió un récord histórico de devastación, con más de 12 millones de hectáreas quemadas —equivalentes a aproximadamente el 11% del territorio nacional— como consecuencia de los incendios forestales.
Juan Pablo Chumacero explica el origen de estos incendios: "En los últimos cinco o seis años hemos tenido incendios de tamaño totalmente desastroso en Bolivia. Esto ha generado una serie de alertas y preocupaciones de la sociedad civil, de las ONG, de la cooperación internacional, de la justicia ambiental y también de los distintos niveles de gobierno. A pesar de ello, a pesar de existir una serie de normativas que pretenden frenar los incendios —ya que muchos son ocasionados por mano humana con el fin de ampliar la frontera agrícola o buscar maneras de enriquecimiento rápido a costa del bosque y la tierra—, se siguen dando situaciones en las que la gente vuelve a quemar".
Priman los intereses económicos de la industria agrícolaSegún Chumacero, los intereses económicos de corto plazo se han impuesto en la agenda política, en detrimento del medio ambiente: "Lo que está detrás de estos incendios forestales es un sistema de producción agrícola y ganadera ligado a bienes de exportación como la soya, el sorgo, el azúcar, el maíz y también la carne vacuna. Este modelo se utiliza desde hace 40 años. El crecimiento del sector depende de ampliar la frontera agrícola, de deforestar y habilitar nuevas tierras de cultivo. El sector agroindustrial, agrícola y ganadero es grande, tiene poder y hasta ahora ha mantenido una relación de trabajo en concordancia con el gobierno. Por esta razón, no se ha planteado de manera seria un cambio de modelo que suponga dejar de expandir la frontera agrícola recurriendo a estos métodos. Lo que tenemos es una política que más bien facilita la expansión mediante la quema y la deforestación".
Hasta el momento se han realizado 52 operaciones contra los incendios forestales, con la participación de más de 900 personas, entre ellos bomberos, militares y miembros de diferentes instituciones.
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