Bajo la mirada de las víctimas de pederastia, Bolivia celebra un juicio sin precedentes contra la Compañía de Jesús. Dos ex jerarcas españoles de la orden, Ramón Alaix y Marcos Recolons, se sientan ante el tribunal, acusados de encubrir a un sacerdote que abusó de por lo menos 85 niños. Los dos acusados dirigían a los jesuitas en el país durante parte de los crímenes. El escándalo estalló en mayo de 2023. dos años después, esta es la única causa que avanza.

Después de dos años paralizado el juicio contra dos ex altos cargos jesuitas por ocultar abusos en su congregación en Bolivia, ha vuelto a ponerse en marcha. Se trata de Ramón Aleix y Marcos Recolons, ambos ciudadanos españoles que encubrieron de manera sistemática las agresiones sexuales del sacerdote Alfonso Pedrajas durante casi tres décadas, Incluso tras conocer que había denuncias. 

RFI habló con Wilder Flores, presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual y uno de los 18 denunciantes. 

“Ante tanta prueba material y testifical que se ha presentado por el tema de encubrimiento por parte de estos dos jesuitas ex provinciales, realmente esperemos que la justicia boliviana obre cómo tiene que obrar”, dijo, asegurando que “es innegable la culpabilidad de estos dos sujetos, por tanto, de la institución que ha sostenido y que ha mantenido un encubrimiento sistemático”. 

Flores aseveró que Alfonso Pedrajas no es el único perpetrador. “Tenemos identificados ya muchos más violadores seriales que lamentablemente no pueden proceder en algunos casos porque no hay una víctima que pueda denunciarlos”.  

El escándalo estalló en 2023 tras la difusión de un reportaje sobre el diario personal de Alfonso Pedrajas, conocido como El Padre Pica. En él, el sacerdote fallecido en 2009, confesaba haber abusado de al menos 85 menores entre 1972 y el año 2000, la mayoría en Cochabamba, donde se celebra el juicio. 

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Wilder Flores lamenta la protección que tuvo de su congregación, pero también cree que el Vaticano y las autoridades bolivianas no ponen de su parte, sino todo lo contrario.  “Aquí, en el caso de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha citado para volver a tratar el convenio con la Santa Sede y el Gobierno de Bolivia, donde claramente establece un camino de impunidad. La inviolabilidad de los documentos, de las curias, de las diferentes órdenes, que eso garantiza impunidad total y nos cierra las puertas a las víctimas para poder llegar a esclarecer la verdad”, puntualizó. 

El juicio ha sido suspendido en otras dos oportunidades, la primera en enero porque los ex provinciales no pudieron asistir entonces a la audiencia por problemas de salud, al tener más de 80 años.