En un fallo histórico, la justicia colombiana ha condenado a 7 exdirectivos de la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares. Esta sentencia, emitida tras 17 años de proceso judicial, marca un hito en el caso de la empresa bananera que operó en la región de Urabá, ubicada en el noroeste del país.

El proceso judicial inició en 2005, cuando un testigo denunció ante las autoridades colombianas que la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands estaba financiando a un grupo paramilitar. Esta denuncia marcó el comienzo de un extenso proceso legal con el objetivo de llevar a los ejecutivos de la empresa ante la justicia.

Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, -una organización que ha asesorado a las víctimas del conflicto armado y ha impulsado durante dos décadas la resolución de este caso-, resalta la importancia de este hito judicial. “El fallo condena a 7 personas que eran de Panadex, una empresa que era ciento por ciento de propiedad de Chiquita Brand y se demuestra en el fallo que los miembros de la junta directiva conocían lo que pasaba con la financiación, que entregaban 3 centavos de dólar por cada caja exportada en Colombia a los grupos paramilitares y marca un límite para el comportamiento de las empresas también en Colombia”, señaló.

Responsabilidad de orden Penal

Vega explica que en EE.UU. había dos decisiones judiciales: Una administrativa con una multa de 25’000.000 de dólares que fue en el año 2007 sobre este mismo caso y otra del año 2024, “en el que un jurado establece la responsabilidad de la empresa a pagar una indemnización a las víctimas que sufrieron daños por el homicidio de algún familiar, pero no había avanzado sobre la responsabilidad de orden penal. Esa es la diferencia con los fallos que se emiten acá en Colombia hoy” aseguró. 

La decisión judicial, pone fin a una larga etapa de impunidad en torno a los vínculos entre la multinacional bananera y el paramilitarismo en Colombia.

El jurista señala que los jueces han determinado la existencia una contribución voluntaria, deliberada, permanente, “que no fue producto de la extorsión ni fue producto de la coacción, sino que fue voluntaria y lo hacían evidentemente, para contrarrestar luchas sociales que se daban en la región, por la tierra, por el movimiento sindical, por los trabajadores y por la presencia de la guerrilla, han alegado ellos. Pero la empresa, en lugar de acudir a las autoridades, lo que hizo fue buscar un grupo terrorista paramilitar para que contrarrestara esa situación. Eso no lo digo yo, lo dicen los jueces norteamericanos y la juez en Colombia”, indicó. 

La justicia colombiana condenó a siete directivos de Chiquita Brands a once años de prisión y a una multa de aproximadamente tres millones y medio de dólares por sus vínculos con grupos armados ilegales.