Tras tres años de audiencias, la justicia peruana condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala, al considerarlo culpable de lavado de activos ilegales recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, que uso para sus campañas electorales de 2006 y 2011. Su mujer, Nadine Heredia, que no estuvo presente en la sentencia, ha pedido asilo en la embajada de Brasil.

 

Ollanta Humala, que gobernó Perú entre 2011 y 2016, escuchó la sentencia pronunciada por el tribunal que le condena a 15 años de prisión. Después, la policía le detuvo. Dos jueces de tres creen probado que, durante la campana electoral de 2011, la que le llevó a la presidencia, recibió tres millones de activos ilegales por parte de la constructora brasileña Oderbrecht. Se la acusa de lavado de dinero. 

El fiscal Germán Juárez cree que es una sentencia justa: "Ha recogido lo que el Ministerio Público probó en juicio con documentales, con testimoniales, a que tanto en la campaña presidencial del año 2006 y la campaña presidencial del año 2011 vino dinero ilícito para justamente financiar estas campañas".

Germán Juárez explica además que los fondos se utilizaron para enriquecimiento personal: "Incluso con parte de ese dinero se compraron bienes por parte de la señora Nadine Heredia, algo que se trató de justificar a través de contratos ficticios". 

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Percy García, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, explica como se intentó ocultar el origen de los fondos: "Se habrían configurado actos, sobre todo porque tampoco se declararon ante las autoridades electorales, sino que se trataron de simular como aportes de otras personas o, en todo caso, como dinero que habría llegado por medio de actividades como cócteles, cenas y todo lo demás". 

En la campaña electoral de 2006, que Humala no logró ganar, también fue acusado de desviar dinero, esta vez del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. La trama salpica a otros mandatarios del país, como a su predecesor Alan García, que se suicidó antes de ser detenido, o Alejandro Toledo, presidente entre 2001 y 2006. 

"En realidad no sería un acto de corrupción en sentido estricto, porque no son funcionarios públicos que reciben dinero para comprometer su función, sino que serían actos de recepción de activos de procedencia delictiva que efectivamente estas personas como candidatos recibieron en las campañas políticas, sabiendo o debiendo presumir que tenían un origen ilícito", continúa Percy García.

El caso concluye tras tres años de audiencias, aunque no es la sentencia definitiva. Los abogados de Humala y su mujer han apelado esta decisión en primera instancia. 

Percy García cuenta a RFI los tres escenarios posibles: "Las alternativas en realidad serían tres. Se confirma la condena o se declara nula la sentencia y se ordena un segundo juicio porque hubo algún vicio, o tercero, se absuelve directamente al expresidente Humala, a su esposa y los demás implicados. 

Ahora otro tribunal tendrá que pronunciarse en unos meses y el caso podría llegar hasta llegar a la corte suprema.