En El Salvador, Cristosal, la mayor ONG de derechos humanos abandona el país tras 25 años de presencia en el país centroamericano. La decisión llega después de que su directora de anticorrupción, Ruth López, fue arrestada por cargos de corrupción, en un proceso que ha sido cuestionado por organismos internacionales.

"Estamos obligados a elegir entre la prisión o el exilio" dice Noah Bullock, el director ejecutivo de Cristosal, una ong fundada en 2001 por obispos anglicanos, y que investiga casos de corrupción y violación de derechos humanos durante el gobierno de Nayib Bukele.

Ellos han tomado la decisión de irse de El Salvador ante lo que califican de una escalada represiva del gobierno; Noah Bullock: "Sumado a quienes tenemos pocas esperanzas podernos defender ante una instancia de justicia imparcial o independiente, decidimos que no les servimos a las víctimas que acompañamos, ni tampoco a nuestros presos políticos, también estando en la cárcel."

La decisión la tomaron después de que el gobierno aprobó la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) que obliga a las ongs a pagar un impuesto del 30 % de sus fondos; pero sobre todo, después de que en marzo pasado la jefa de su unidad anticorrupción, Ruth López, fue acusada por el gobierno de malversación de fondos; ella fue detenida y desaparecida por un periodo de tiempo en el que ni sus familiares ni colegas de Cristosal sabían donde se encontraba.

Noah Bullock: "Ya han amenazado a capturar otros miembros de nuestro liderazgo. Ya tenemos años de estar bajo un acoso estatal casi constante. Incluso hace poco tuvimos un grupo de policías que entraron a nuestra oficina en medio de una conferencia de prensa y tomaron fotos de todos los vehículos de los periodistas, pero éso ya se había tristemente normalizado. La captura de nuestro colega para nosotros nos dejó muy claro de que esta represión está muy dirigida a nosotros para mandar un mensaje a toda la población, de que quienes piensan distinto al régimen, pueden sufrir represalias incluso matarse".

Según la ONG, en los últimos tres años, mas de 86 mil personas han sido detenidas de manera arbitraria y sin que medie una investigación por el gobierno de Nayib Bukele.

Cristosal agregó que su labor continúa, "reorganizada y comprometida, desde Guatemala y Honduras", países donde también trabaja desde hace años y cuenta con sedes.