El presidente José Raúl Mulino decretó el estado de urgencia tras casi dos meses de protestas antigubernamentales concentradas en la provincia de Bocas del Toro. El gobierno afirma haber retomado el control de la situación. Lina Vega, presidenta de la fundación Libertad Ciudadana, denuncia una lucha de poder que 'está destruyendo a Panamá'.

Desde hace más de dos meses, Panamá vive protestas multitudinarias, especialmente en la región de Bocas del Toro. Hasta el momento, han dejado un muerto, 145 detenidos y decenas de heridos, entre ellos 14 policías, según las autoridades. Estas manifestaciones, que estallaron con la reforma del sistema de pensiones, han despertado la ira de una población descontenta desde hace años por múltiples razones.

"Panamá requiere una reforma de Estado profunda", opina Lina Vega. "Nuestra representación en la Asamblea no es democrática. La corrupción y la impunidad caracterizan todas las gestiones de los diferentes gobiernos. Esta cantidad de situaciones nunca resueltas ha hecho crisis en este momento. La Ley del Seguro Social, la ley de reforma a las pensiones, ha sido como la chispa que encendió esto", sostiene.

Hasta la semana pasada, los trabajadores de la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands lideraban las protestas en rechazo a una reforma de las pensiones que eliminaba algunos de sus beneficios. Sin embargo, esos beneficios les fueron restituidos posteriormente tras un acuerdo con el gobierno, por lo que los trabajadores bananeros se retiraron aparentemente de las manifestaciones.

En este momento, las protestas están lideradas por el sindicato de docentes y el sector de la construcción. Para aplacar esta ola de violencia, el presidente Mulino instauró el estado de emergencia y suspendió la conexión a internet y la telefonía móvil en la provincia.

El gobierno fracasó en alcanzar un acuerdo pacífico 

"La gente que actúa por fuera de la ley se aprovecha. Pero no era la gente de la protesta, no son los profesores ni los bananeros. Es gente que aprovecha este momento. Entonces, para controlar la situación, se toma una medida que tiene un respaldo constitucional, pero es una medida extrema a la que no debió haberse llegado. Yo pienso que el gobierno fracasó en la posibilidad de alcanzar un acuerdo pacífico. Tampoco ha habido tolerancia del otro lado. Estamos viviendo una situación muy complicada", dice Vega.

"Cuando pasen los cinco días del estado de emergencia, habrá que ver qué decisión toman los grupos organizados en la provincia: si van a seguir con la protesta o si se van a sentar a dialogar con el gobierno. E, igualmente, qué va a hacer el gobierno frente a lo que está pasando. Aquí estamos en una lucha de poder que está destruyendo el país, la economía y que está provocando también una violación de derechos humanos", concluye.

El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, aseguró que la provincia de Bocas del Toro, que vive del turismo y de la explotación del banano —producto que representa más del 17 % de las exportaciones de Panamá— podría tardar décadas en recuperarse. Hasta después del tercer trimestre no habrá datos firmes, pero el cierre de la empresa bananera Chiquita Panamá ya ha supuesto la pérdida de alrededor de 7.000 empleos.