La justicia argentina investiga un escándalo de corrupción que amenaza con implicar a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La semana pasada las autoridades argentinas allanaron varias propiedades para recabar pruebas sobre un presunto caso de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Presiones, sobornos, audios filtrados a la prensa y un gobierno que se mantiene en silencio. La justicia argentina investiga un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, luego de que el exdirigente de este organismo, Diego Spagnuolo, a su vez próximo del presidente Javier Milei, fuese removido de su cargo tras salir a la luz unos audios aún no verificados, en el que se alude sobornos entre altos funcionarios e incluso salpican a la hermana del presidente, Karina Milei, quien es la actual secretaria General de la Presidencia.

“No me ha sorprendido en cuanto a una práctica de este gobierno porque ya tiene denuncias en otros organismos”, dijo a RFI el anterior director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga. “Lo que sí me ha dolido mucho es que sea en la Agencia Nacional de Discapacidad, porque lo paradójico acá es que se hizo un ajuste salvaje de los recursos para las personas con discapacidad. Se estigmatizó a las personas con discapacidad como que tenían pensiones truchas, certificados truchos. La Justicia lo demostrará, pero por lo que se ha conocido. Además, estaban utilizando el organismo para enriquecimiento ilícito. Entonces es muy triste que desde el Estado se perpetre esto en contra de uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país. Yo confío en que la justicia actúe rápido, pues la justicia es la que debe dar las respuestas lo más rápido posible”, señaló.

El escándalo que supone esta investigación coincide con las protestas que mantienen desde hace poco más de un mes las diferentes organizaciones a favor de los discapacitados que siguen luchando para que se apruebe una ley que permita garantizar los derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos.

“El Gobierno ni siquiera nombra la situación, ni siquiera habla de esto porque lo toman como que acá no ha pasado nada. Y es vergonzoso porque las organizaciones de las personas con discapacidad la están pasando mal. Los profesionales no están recibiendo, digamos, el ajuste necesario y económico con respecto a esto, y hoy tuvimos que salir de vuelta en las calles para pronunciarnos en contra de esta corrupción, porque es terrible que no haya pan en la mesa de muchos y muchas personas, cuando en realidad hay un hecho de corrupción donde se están llevando plata en nombre de la discapacidad”, deploró Remigia Cáceres, secretaria nacional de discapacidad en CTA (Central de trabajadores en Argentina).

Mientras la justicia argentina actúa con rapidez tras los 16 allanamientos realizados a finales de la pasada semana en el que se incautaron teléfonos y computadoras, contrasta con el silencio del gobierno que sigue sin pronunciarse sobre este caso al cierra de esta edición.