El secretario de Estado estadounidense Marc Rubio visita Ecuador para hablar de seguridad, migración y narcotráfico en la región. Según la ONG InSight Crime, Ecuador fue el país más peligroso de América Latina en 2024, con 39 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ante una expansión de la actividad criminal y del narcotráfico, las organizaciones que trabajan con víctimas de la violencia señalan las dificultades de su actividad y critican un "deterioro institucional". 

Con más de 5.200 homicidios desde el inicio de este año 2025, Ecuador vive una importante ola de violencia a pesar de la política de "mano dura" declarada por el presidente Daniel Noboa.

Verónica Supliguicha es directora de proyectos en la Fundación Alas de Colibrí, una entidad ecuatoriana que trabaja en la asistencia humanitaria con víctimas del crimen organizado.

"Alas de Colibrí lleva 14 años atendiendo a víctimas de trata. Tenemos una casa de acogida. En los dos o tres últimos años, los niveles de violencia con los que las víctimas son tratadas son muchísimo más graves que hace tiempo. Ahora encuentras que son procesos extremadamente cruentos y violentos de sometimiento. Eso indiscutiblemente genera unos niveles de afectación mucho más graves en su salud física y psíquica", explica.

"En este momento tenemos niñas y adolescentes que están saliendo todos los días del sistema educativo por miedo, por amenazas, porque no quieren ser reclutadas, no quieren ser víctimas de trata y las familias no tienen las posibilidades de cambiarlas a otro lugar", continúa Verónica Supliguicha.

En los últimos años, el país se ha posicionado como parte de una de las rutas más importantes para el narcotráfico.

Los Choneros -que fueron durante años la principal banda criminal de Ecuador- se consideran una estructura debilitada tras la extradición a Estados Unidos de su líder, alias Fito.

Sin embargo, otras organizaciones que trafican con armas, droga y minerales ganan terreno. Esto, sumado a un deterioro de la institucionalidad, explica el nivel de violencia actual, según Supliguicha: "Hay una falta de capacidad de respuesta y una falta de una estructura institucional que dé respuestas que sean mucho más sostenidas a largo plazo. Las redes criminales han permeado toda la región. Ya no son redes criminales que se dediquen a un solo delito y ni están en un solo país o un solo sector. Este tipo de políticas que se plantean como de mano dura son discursos vanos que no han solucionado nada".

El gobierno de Noboa declaró en 2024 la existencia de un "conflicto armado interno" y ha mantenido un pulso con la Corte Constitucional de Ecuador, que suspendió algunas leyes promovidas por el presidente, acusadas de vulnerar los derechos humanos.

Noboa prevé celebrar en diciembre un referéndum que permita que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser sujetos de juicio político. Un paso más del mandatario para tratar de tirar adelante su agenda legislativa de mano dura contra el crimen organizado.