Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos.

Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años.

“Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización.  

“Hemos decidido pedir asilo político”

Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz.

“Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia.

Más de 500 muertes documentadas

Ivania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz.

“De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica.

Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país.

En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala.

Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente.

Capítulo IV B

Guatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”.

Pero sigue la necesidad de un monitoreo

Pero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.”

La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”

Antes de convertirse en el papa León XIV y cuando oficiaba como  obispo en Perú, Robert Prevost fue acusado de encubrimiento de agresiones sexuales cometidos por sacerdotes bajo su jurisdicción en el caso de abusos del Sodalicio de Vida Cristiana. Sin embargo, investigaciones independientes y periodistas han afirmado que dichas alegaciones contra Prevost fueron "absolutamente falsas" y surgieron como parte de una campaña de desprestigio impulsada por el propio Sodalicio. Entre quienes defienden la labor de Prevost se encuentra José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes del escándalo.

El cónclave en Roma hizo saltar las acusaciones en Lima: se decía que Prevost había encubierto a los curas detrás del grupo religioso Sodalicio, cuya plana mayor es acusada de pederastia y violación sistemática de los derechos humanos contra sus miembros (según reconoció la misma congregación, los miembros de la cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002). Todo era para impedir que llegara a ser papa, responde desde Perú José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes de Sodalicio y fundador de esta red de sobrevivientes.

“Estas denuncias que aparecieron fueron inicialmente una sorpresa, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de dónde venía esto”, explica José Enrique Escardó a RFI. “Lo que había sucedido es que él como perfecto del Dicasterio de los obispos, había sido el que tomó la decisión luego de las investigaciones hechas por [el arzobispo de Malta, Charles] Scicluna, y [el sacerdote español Jordi] Bertomeu, que vinieron a investigar al Sodalicio en Perú. Prevost tuvo que tomar la decisión de sacar o pedirle su renuncia anticipada a José Antonio Euguren, que era arzobispo de Piura y Tumbes. Y esa decisión, obviamente firmada por el papa, es la que significó el primer golpe fuerte al Sodalicio en el Perú: sacar a este arzobispo”, subraya.

En una de sus últimas acciones, el papa Francisco disolvió al Sodalicio en enero de 2025. Un año antes, José Enroque Escardó llegaba a Roma para hablar con Francisco de los abusos de la comunidad. Allí fue recibido por el ahora León XIV.

“Yo estuve con él en el Vaticano cuando fui en enero de 2024 a reunirme con el papa Francisco y, saliendo de la de la reunión con el papa Francisco, me fui a hablar con el cardenal Prevost, a quien ya conocía yo de varios años aquí en Perú. Él tenía toda la disposición de continuar con el trabajo, estaba totalmente de acuerdo con el trabajo que estaba haciendo en tema de abusos dentro de la Iglesia con el papa Francisco y también con los sobrevivientes”, sostiene Escardó. 

Prevost se puso en los zapatos de las víctimas, las mismas que piensan volver ahora con sus demandas ante el Vaticano.

“Ahora, con la elección del papa León XIV me quedo con la tranquilidad de que podemos tener a una persona que puede continuar las reformas que había estado haciendo el papa Francisco y que además va a ser cercano a nuestro país, y específicamente cercano a la red de sobrevivientes Perú, de los sobrevivientes del Sodalicio. Eso me ha generado una emoción tremenda, pero obviamente lo que tenemos que esperar como siempre es ver cuáles van a ser las acciones que van a realizar más allá de las palabras, que es lo mismo que le dije al papa Francisco y espero que vayamos en el mismo camino para poder resolver estos temas que son tan urgentes”, dice con esperanza Escardó. 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha recibido en las últimas horas a varios presidentes latinoamericanos que estarán presentes en las celebraciones de este 9 de mayo, conmemoración de los 80 años de la rendición de la Alemania nazi ante las fuerzas soviéticas. A la presencia de Nicolás Maduro de Venezuela y Díaz Canel de Cuba, se suma la de Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, quien se reunirá con el presidente ruso este mismo viernes. La presencia de Lula ha generado fuertes críticas pues se interpreta como un espaldarazo a Putin en medio de la guerra en Ucrania.

Lula se reunirá este viernes en Moscú con Putin y asistirá a un desfile militar en la Plaza Roja en memoria de los 80 años de la rendición de la Alemania nazi ante las fuerzas soviéticas.

Cerca de una treintena de mandatarios han confirmado su presencia a la principal conmemoración histórica de Rusia, entre ellos los de Cuba y Venezuela, países cuyos regímenes están lejos de ser democráticos. De hecho, Lula es uno de los pocos líderes democráticos invitados, señaló un observador.

La presencia del presidente brasileño en el evento más simbólico del calendario nacional ruso, en plena guerra en Ucrania y teniendo en cuenta las peligrosas ambiciones expansionistas de Moscú, interroga.

Para el analista Leonardo Paz, del Centro de Prospectiva e Inteligencia Internacional de la Fundación Getulio Vargas. Sin embargo, las críticas están en realidad marcadas por el prisma ideológico de cada uno: “Si eres una persona de derecha, que sea de oposición del gobierno, no puedes creer que Lula va a ofrecer a Putin una plataforma política viajando a Moscú. Si eres aliado de Lula, vas a decir que es normal que vaya ya que Rusia es un país con buenas relaciones con Brasil como miembros de los BRICS y que una visita a Moscú no es necesariamente un apoyo a Rusia en su guerra con Ucrania”.

Lo que el gobierno del presidente Lula ha buscado es el equilibrio, estima el analista Leonardo Paz.

“El presidente Lula ha intentado hacer una política de equilibrio entre los países occidentales. Brasil fue hace poco a Japón, a Vietnam y no visitó China en ese momento, a penas la va visitar ahora. En el 2024 Brasil fue a la reunión del G7. Brasil también intenta aproximarse cada vez más del occidente, de los Estados Unidos y de los europeos. Hay un esfuerzo muy grande de Brasil para hacer parte del acuerdo Mercosur Unión Europea”, recuerda el analista Leonardo Paz.  

El Gobierno colombiano anunció este martes la captura de más de dos centenares de miembros del Clan del Golfo desde mediados de abril, en respuesta a la ofensiva violenta de esa banda narcotraficante conocida como “plan pistola”.  Para algunos analistas, este es un reflejo de la crisis de seguridad que atraviesa el país suramericano por, entre otras cosas, las fallas de los diálogos de paz.

Desde el 15 de abril los ataques de los grupos ilegales y rebeldes se han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, según el Gobierno. Esto es casi un asesinato de un miembro de la fuerza pública por día. Los crímenes son atribuidos principalmente al Clan del Golfo en el marco del denominado “plan pistola”. En respuesta a esta ofensiva, las autoridades han capturado a 217 miembros de ese grupo armado en las últimas tres semanas. 

Oscar Palma, especialista en seguridad y defensa y profesor en la Universidad del Rosario explica que “el clan del Golfo es una organización de sombrilla, como una especie de federación que incluye alianzas con organizaciones menores, con otra serie de grupos asociados a la estructura como tal y el plan pistola que el clan del Golfo está realizando actualmente se da justamente por la captura de uno de los miembros de su Estado Mayor, por así decirlo”.

El Plan Pistola recuerda una célebre táctica que ya había utilizado el mismo Clan del Golfo en 2022, pero también, en los años 90, el narcotraficante Pablo Escobar.

“Muchas veces, incluso estos asesinatos suceden cuando los miembros de las instituciones están por fuera de su actividad, es decir, no están en una operación específica de combate, pueden incluso estar de civil y sin embargo, son víctimas de este tipo de asesinatos. Es exactamente lo que estamos viendo hoy, particularmente en cabeza del clan del Golfo”, señala Palma.

Para este especialista en seguridad y defensa en Bogotá, “el plan pistola” es una ilustración más de la degradación de la situación de orden público en Colombia. “Estamos viendo dinámicas que no veíamos desde hace muchos años, antes incluso del proceso de paz”.

Para él, la crisis es consecuencia de procesos de paz que han fracasado, pero también de “unas fuerzas militares que han recibido la orden de no operar en contra de algunos grupos con los cuales supuestamente se tienen unas conversaciones de paz, pero que no han rendido frutos”. A esto, se le suma, según Palma, el aumento de la producción de cocaína en el País. “Es un momento muy gris en términos de seguridad, en términos de paz, en muchos de los territorios más remotos de Colombia. Y esta idea del plan pistola no es más, sino otro de los síntomas”, concluyó.

El periódico nicaragüense La Prensa ha ganado el Premio UNESCO-Guillermo Cano a la Libertad de Prensa 2025, galardón que reconoce cada año a medios y periodistas que llevan a cabo su tarea informativa en contextos de riesgo y ataques a su seguridad. Postulados por la Sociedad Interamericana de Prensa, los periodistas de La Prensa fueron forzados al exilio entre 2021 y 2022 y, desde allí, continúan reportando.

El diario nicaragüense La Prensa tiene 99 años de vida y casi cuatro reportando desde el exilio. En 2022, tras cubrir la expulsión del país de las Misioneras de la Caridad, sus dirigentes y periodistas fueron perseguidos, algunos encarcelados y su redacción, cerrada.

Tal es el caso de su director general y editor Juan Lorenzo Holmann, quien cuenta que pasó 555 días secuestrado. Holmann logro más tarde cruzar la frontera, al igual que otra decena de colegas, que encontraron refugio en países como Costa Rica, México, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Hoy desde su redacción virtual en el exilio, informan a Nicaragua y al mundo sobre qué sucede en su país.

“La parte más extenuante es mantener el vínculo con la sociedad dentro. En Nicaragua no existe el periodismo libre o independiente del todo. Entonces, la voz de los que están en Nicaragua somos los que estamos afuera”, explica Juan Lorenzo Holmann. “¿Cómo mantenemos ese vínculo? Teniendo a nuestras fuentes resguardadas y dándoles la seguridad de que su identidad va a ser protegida. Nosotros recibimos información dentro de Nicaragua, de informantes, de fuentes, pero esas informaciones que nos envían las tenemos que verificar. Es decir, nosotros no publicamos absolutamente nada que no haya sido verificado, porque muchas veces hay fuentes que quieren dar información que no es correcta para hacerlo quedar mal ante nuestra audiencia”, asegura.

Holmann comenta que el 65% del tráfico en su sitio web viene de Nicaragua. Sin embargo, su audiencia es silenciosa: casi no reciben “Me gusta” ni respuestas de compatriotas porque cuenta que allí el consumo de medios independientes puede traer represalias. Hoy se financian con la venta de suscripciones.

“El que sigue haciendo periodismo en Nicaragua, lo hace porque se ha convertido en un apostolado. Yo los llamo los apóstoles de la libertad de prensa, porque por el gobierno los ha sido perseguido, criminalizado a tal punto que la gente ha tenido que abandonar Nicaragua para poder resguardar su integridad. Nosotros pensamos que si la llamada de la libertad de prensa se apaga, quedamos todos a oscuras, y no sólo quedamos a oscuras, sino que entonces la narrativa impuesta por el régimen, por la dictadura, toma mayor fortaleza y es lo único que se vería hoy día. El tema de combatir la censura o luchar en contra de la censura no es sólo porque queremos decir, sino que también porque queremos desvirtuar la falsa verdad que quiere imponer el régimen”, sostiene Juan Lorenzo Holmann.

Holmann cruza los dedos para que el reconocimiento de la UNESCO sacuda a la comunidad internacional y los ojos se posen sobre Nicaragua, país que, según Reporteros Sin Fronteras saca la peor nota en libertad de expresión de Latinoamérica.

Según un tratado de 1944 entre México y Estados Unidos sobre el suministro mutuo de agua, ambos países deben compartir las aguas de los ríos Bravo y Colorado. Trump ha asegurado que México le debía agua a su país. Para saldar esa deuda, México se comprometió a realizar entregas inmediatas de agua a su vecino. Para el profesor de hidrología Alfredo Granados Olivas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entrevistado por RFI, el hecho de que no se haya renegociado ese Tratado 'es un éxito de la negociación'. 

México adeuda el 70 % de los 2.156,6 millones de metros cúbicos que está obligado a entregar en ciclos de cinco años, argumentando largos períodos de sequía que afectan a la cuenca del río Bravo (conocido como "río Grande" en Estados Unidos). El actual ciclo vence el próximo 24 de octubre.

Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó: "En el caso de la entrega de agua, esto tiene que ver con su disponibilidad; si hay una cantidad de millones de metros cúbicos de agua que se puedan entregar. Pero, si no hay agua, ¿cómo la entregas?", se preguntó esta semana.

México confirmó que realizará entregas inmediatas de agua a Estados Unidos para saldar su deuda o, en términos del comunicado de la Cancillería mexicana, "mitigar el potencial faltante". Todo esto bajo las reglas del tratado de 1944 y de acuerdo con un procedimiento que se mantendrá durante la próxima temporada de lluvias.

Ambos países coincidieron en que "no se considera necesaria" la renegociación del tratado de 1944, según la Cancillería mexicana. Un punto que destaca Alfredo Granados Olivas, profesor de hidrología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

"Lo primero que debemos tener en cuenta, como un éxito de esta negociación, es que ambos países acuerdan que el Tratado de 1944 no está sujeto a revisión. Es decir, no hubo incumplimiento ni se requiere modificar ese acuerdo binacional. Al contrario, es un documento muy valioso que permite flexibilidad. En lugar de estar centrados en la volumetría, es posible enfocarse en la flexibilidad del tratado", explica Granados.

El profesor subraya otro aspecto del acuerdo: la cantidad de agua que asignará el gobierno mexicano dependerá del próximo período de lluvias.

"Según otro de los puntos del acuerdo, a partir de mayo y hasta el cumplimiento del ciclo 36, que será en octubre de 2025, México deberá entregar o asignar volúmenes de agua a Estados Unidos que pueden variar entre 400 y 500 millones de metros cúbicos, casi 520 millones, para poder cumplir con la entrega".

La flexibilidad de este tratado permite el diálogo entre ambos países para distribuir el agua, incluida la que no se logró canalizar.

"Quisiera resaltar un factor importante: el tratado, y por eso es valioso, permite hacer derivaciones futuras de volúmenes pendientes de un ciclo a otro. Es decir, si en un ciclo anterior de cinco años no se logró cumplir con las entregas de 2.200 millones de metros cúbicos de agua, o un valor cercano, esa volumetría pendiente se puede trasladar a otro ciclo. El tratado permite considerar el factor tiempo gracias a su flexibilidad y así alcanzar acuerdos, sin que se bloqueen las negociaciones", concluye Alfredo Granados Olivas.

Estados Unidos negó el debido proceso a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños que deportó para ser encarcelados en El Salvador, afirmaron expertos independientes de la ONU. El ex relator de la ONU para la Justicia Transicional, Fabián Salvioli, alerta sobre las graves implicaciones legales y humanitarias de este tipo de deportaciones que, según dijo a RFI,  'están inspiradas en políticas populistas sin sentido y violan el derecho internacional'. 

Los 200 migrantes venezolanos fueron deportados luego de que, en marzo, el presidente Donald Trump invocara la "Ley de Enemigos Extranjeros" de 1798 (Alien Enemies Act), utilizada hasta entonces solo en tiempos de guerra. 

Desde marzo pasado, El Salvador ha acogido y encerrado en una megaprisión de alta seguridad a 288 migrantes expulsados de Estados Unidos, incluidos 252 venezolanos, en su mayoría acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, declarada organización terrorista por Washington.

Preguntamos a Fabián Salvioli, ex relator de Naciones Unidas para la Justicia Transicional, qué leyes estaría violando la Casa Blanca.

"El derecho internacional claramente impide las deportaciones masivas, porque estas implican que no hay un análisis individual de cada situación. Por lo general, conllevan vulneraciones graves del debido proceso. En ciertas ocasiones, esto puede generar violaciones adicionales de derechos, por ejemplo, cuando las personas son enviadas a lugares en los que corren el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta es otra obligación sancionada debidamente por el derecho internacional de los derechos humanos", afirma.

El gobierno de Donald Trump ha sido objeto de numerosas críticas y señalamientos de la comunidad internacional. ¿Por qué se decretan, entonces, medidas de este tipo?

"Yo imagino que, sobre la base de una legítima aspiración e interés de las sociedades a gozar de una mayor seguridad, se montan discursos populistas que no tienen el más mínimo sentido ni raciocinio. Es un discurso que señala a los migrantes como el origen de todos los males", explica Salvioli.

El ex relator de la ONU subraya una situación particularmente inquietante:

“Muchas personas, en este tipo de deportaciones masivas, pueden no tener ningún vínculo con el crimen organizado ni con actividades ilícitas, pero terminan siendo enviadas a distintos países y encarceladas. Esto es, por supuesto, peligrosísimo”, concluye.

Donald Trump cumple 100 días en la presidencia, un inicio de mandato en el que la lucha contra la inmigración se ha convertido en su caballo de batalla. Para lograr expulsiones masivas, ha desplegado grandes medios militares y financieros así como redadas destinadas a reducir el número de migrantes indocumentados en suelo estadounidense. Reportaje desde Ciudad Juárez (México) de la enviada especial Natalia Olivares. 

A pocos metros de Texas (Estados Unidos), pero del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez (México), muchos migrantes se han quedado varados tras meses de travesía por varios países latinoamericanos. Algunos incluso tenían cita para obtener la protección de los asilados, el CBP One. Entre ellos, una familia que tuvo la mala suerte de ver cancelada su cita con las autoridades después de un periplo por siete países. La cita estaba prevista el mismo día en que asumió Donald Trump. 

"Nos vinimos por la selva el Darién. Desde Venezuela recorrimos todos los países de país en país, nos íbamos quedando y ya íbamos juntando dinero para seguir avanzando. Cuando llegamos a Tapachula fuimos a Migración, nos trajeron hasta acá porque nosotros teníamos la cita el 21 de de enero", explica esta mujer desde la Casa del Migrante que prefiere mantener el anonimato. 

Esta Casa del Migrante se encuentra a unos 20 minutos del punto fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso. Financiada por la comunidad católica de la región, esta organización recibía durante la administración anterior a unos 1.500 migrantes de Centroamérica por día. Hoy a penas hay 50 por día.

Esta mujer, que ayuda en la cocina, lleva cuatro meses en la Casa del Migrante a la que llegó con su marido y sus dos hijas de ocho y dos años. "Tal y como está la situación, ya me voy a devolver (Trump) es muy racista, no quiere a los migrantes", se lamenta. Además tiene miedo de ser encarcelada si cruza la frontera. "Llevo tatuajes, pero yo nunca he bebido, nunca me he fumado un cigarro. Si voy a Estados Unidos y él me quiere meter presa, yo voy a ir presa solo por los tatuajes que tengo", afirma. 

En los albergues que se encuentran en Ciudad Juárez, los migrantes son protegidos y resguardados, no tienen la posibilidad de salir a la ciudad y desde aquí esperan ser reenviados a su país o intentar el cruce nuevamente.

"Mi hijo emprendió el viaje del 2023 a finales de septiembre, era menor de edad, tenía 16 años. Le pasó un incidente en el camino, una persecución por parte del ejército y una balacera aquí en Chihuahua. Le fracturaron la tibia y peroné, le explotaron con un disparo", explica por su parte Isaías García, guatemalteco de 47 años, también hospedado en la Casa del Migrante. 

Gracias a la ayuda humanitaria, Isaías pudo viajar hasta aquí para reunirse con su hijo. Lleva un año y cuatro meses y ya quiere regresar a Guatemala pero su hijo insiste en continuar con el objetivo de entrar en Estados Unidos. 

"Mi hijo sigue con la idea de irse para los Estados Unidos y yo como padre quisiera que regresara conmigo para Guatemala", afirma. 

Son sólo dos de las miles de historias que se cruzan en esta Casa del Migrante, una antesala incierta para el regreso o el camino, cada vez más complicado, hacia el norte. 

Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez, entrevistó a dos académicos en Estados Unidos que temen ser deportados, a pesar de residir legalmente en el país, debido a la agresiva política antiinmigrante de la administración Trump que podría desatar una inédita 'fuga de cerebros' en ese país. 

Durante décadas, Estados Unidos recibió a los mejores académicos del mundo, muchos de ellos huyendo de la censura y las dictaduras. Ese aporte internacional consolidó el liderazgo científico del país. Hoy, ese centro de conocimiento global está en riesgo por los ataques de la administración Trump.

El 75 % de los científicos en Estados Unidos ha considerado dejar el país por la persecución académica que ejerce el gobierno de Trump contra docentes y estudiantes, según una encuesta de la revista Nature realizada a más de 1.600 académicos e investigadores.

"Si queremos alcanzar lo que buscamos para nuestro país y sus ciudadanos, tenemos que, de manera honesta pero también agresiva, atacar las universidades. Los profesores son el enemigo", dijo el vicepresidente JD Vance en un evento de campaña cuando aún era senador.

El gobierno de Trump está recortando miles de millones de dólares en fondos para las universidades, vigilando y censurando contenidos académicos, y deteniendo o deportando a profesores de forma arbitraria.

Kwame Otu, profesor de la Universidad de Georgetown, habló con RFI sobre estas nuevas condiciones que impulsan la fuga de cerebros.

"Claro que me gustaría irme del país, pero no sé a dónde. Tal vez a Ghana o a otro lugar, no sé. Pero sí, claro que he considerado la idea de irme de aquí", sostiene.

El profesor Otu es ciudadano estadounidense, pero afirma que ni siquiera con ese estatus se siente seguro.

"A pesar de tener un pasaporte estadounidense y ser ciudadano, tengo miedo de que amañen la ley para justificar una revocación de mi ciudadanía", dice.

Para los profesores de origen extranjero que no tienen la ciudadanía, hablar de sus condiciones resulta aún más riesgoso. Una profesora en Washington, que pidió el anonimato, asegura que hoy hay temas que ya no se pueden abordar en las universidades.

"Hay ataques puntuales a las conversaciones sobre diversidad y equidad. Hay palabras como discriminación, mujer o género que ni siquiera se pueden mencionar, o que no tienen cabida en solicitudes para fondos del gobierno federal o para programas específicos en las universidades. Creo que todo esto está afectando gravemente a la universidad como institución", afirma.

Según ella, muchos colegas ya tienen un plan B, y si salen del país es probable que no regresen.

"De hecho, las universidades nos han enviado correos oficiales sugiriendo que quienes tenemos visa H1B (visa temporal de trabajo) o Green Card (residencia permanente), no salgamos del país por miedo a que, al regresar, no nos permitan entrar", subraya.

Canadá, Europa e incluso China se están beneficiando de esta fuga de cerebros. La universidad francesa Aix-Marseille ha creado un nuevo programa llamado 'Un espacio seguro para la ciencia'. Desde marzo, más de medio centenar de científicos estadounidenses han postulado.