Miles de personas marcharon la víspera en Bogotá y otras ciudades para respaldar las reformas del gobierno, en particular la laboral, hundida en el Congreso mientras avanzaban las manifestaciones, y la de la salud. La jornada fue convocada por el propio presidente Petro que buscará validar estas reformas por la vía de la consulta popular. La investigadora Angie González explicó a RFI las grandes dificultades que plantea esta vía.

Gustavo Petro llegó al poder en 2022 prometiendo reformar el sistema social colombiano. Tres años después, su reforma laboral fue frenada una primera vez en el Congreso por lo que él denomina un "bloqueo institucional". El proyecto de ley volvió a fracasar en el Congreso este martes.

Angie González, docente investigadora de la Universidad del Externado en Bogotá y experta en comunicación política, explicó a RFI una de las principales razones que explican el rechazo a la reforma laboral.  

"Era una reforma que básicamente lo que quería era tratar de disminuir la jornada laboral para que se pudieran aumentar las horas extra. También incluía aumentar el ingreso por el sueldo. Era una reforma muy pensada para favorecer a los empleados. La mayor crítica que se le hacía, desde distintos sectores, es que era una reforma que no estaba pensada para resolver el gran problema que tiene el país: la informalidad. Esta es la modalidad de trabajo a la cual están vinculadas la mayoría de las personas en Colombia", explica González.

Tras el rechazo en el Congreso, Gustavo Petro quiere someter a consulta popular la reforma laboral, así como la del sistema de salud. Pero para que esta consulta prospere, el gobierno debe superar los 13 millones de votantes. Esta perspectiva parece muy difícil a la investigadora Angie González.

"Para que esa consulta pueda concretarse, se necesita la aprobación previa del Congreso. Esto quiere decir que los mismos parlamentarios que no le votaron la reforma laboral, que probablemente no le votarán tampoco la reforma de la salud, deben aprobar que esa consulta salga a la calle. Ése es un primer obstáculo. El segundo gran obstáculo es que, en caso de que sí saliera la reforma a la calle, el presidente necesitaría una cantidad de votos que supere por un amplio margen la cantidad de votos que él obtuvo en la segunda vuelta. Esa vez fueron casi 11 millones de votos, pero para esta consulta popular el presidente necesitaría unos dos o tres millones de votos más", sostiene González.

Para González, la estrategia de Petro se asemeja más a una campaña de imagen, cuando resta un poco más de un año para los comicios presidenciales a los que el mandatario saliente no puede presentarse.

Para Angie González, experta en comunicación política, el gobierno está tratando de imponer el relato de que "está acorralado", pero también el de "un presidente que, como lo dijo el mismo Petro, cree en el cambio, pero ha tenido un gabinete que no cree en el cambio tanto como él y por eso éste no ha sido posible; un presidente que está tratando de sortear los retos que le imponen las instituciones políticas que, según él, están cooptadas, por ejemplo, el Congreso, el cual está lleno de 'políticos tradicionales', como los llama. Ése es el relato que se está imponiendo más allá de las reformas", concluye González.

Desde el retorno de Trump al poder en Estados Unidos, cada vez son menos los inmigrantes que siguen creyendo en el famoso eslogan del "american dream". La agresiva ofensiva lanzada desde la Casa Blanca frena el flujo migratorio en la frontera y al mismo tiempo siembra temores entre los latinos ya instalados. A tal punto que muchos, desanimados, ya están planeando regresarse a sus países de origen. Con ellos conversamos en Washington. Reportaje multimedia: audio, texto y video.

Solo el 27% de las personas que viven en Estados Unidos creen en el "sueño americano" según una encuesta de Ipsos y ABC News. Es un proyecto de vida cada vez más lejano para los cerca de 48 millones de migrantes que trabajan en el país para sobrevivir y están ahora a merced de las políticas migratorias de la Administración Trump. El Ejecutivo conservador amenaza con finalizar programas de ayuda, como el TPS (protección temporal), el DACA (que resguarda a quienes llegaron en la infancia) y el de asilo.

Según Diana Fula, activista por los derechos de los migrantes, varias familias la han contactado recientemente porque no quieren seguir escondiéndose y quieren regresar a sus países. “El 'sueño americano' se ha convertido en una pesadilla porque lastimosamente este país no está siendo gobernado con los valores que dice tener", asegura a RFI. "Se ha convertido en una pesadilla porque las comunidades están siendo criminalizadas y nuestra gente perseguida”. 

"Tienen miedo hasta de ir a la iglesia"

Aunque el número de arrestos en la frontera sur de Estados Unidos llegó a su punto más bajo en los últimos 25 años, con apenas 8.300 detenciones en febrero, y las deportaciones también hayan bajado considerablemente, los migrantes siguen atemorizados por las campañas de las policías migratorias.

“O sea, creo que ahorita es claro que nuestra gente tiene miedo", concluye Fula. "Tienen miedo de llevar a sus hijos al colegio, tienen miedo de ir a la iglesia”.

La situación de angustia y desesperanza se refleja en la disminución de un 94% en febrero de los cruces hacia Panamá a través del peligroso "tapón" del Darién, en comparación con el año anterior. De hecho, es muy posible que por primera vez, más migrantes crucen el Darién hacia el sur que hacia el norte, según reportes en Estados Unidos. 

Para Daniel García, migrante venezolano que hoy trabaja en una barbería del barrio latino de Washington, y que también pasó por el Darién, las duras condiciones económicas llevan a que muchos cuestionen su permanencia en este país. “El sueño americano es todo lo contrario, aquí nadie duerme, aquí es todo el día trabajando, nadie descansa. Aquí uno se toma un día y ya se te descuadra la semana, el alquiler, la comida, todo, ¿entiendes?”

Uno de cada seis dólares de impuestos

La inflación en los precios de comida, alquiler y servicios públicos lleva a que el 62% de las personas en Estados Unidos vivan mes a mes, sin poder ahorrar, según un estudio del Lending Club.

Daniel también quisiera regresar a su país. “Mi objetivo es trabajar lo más posible acá. Trabajar el tiempo que pueda, hacer mi dinero e irme para mi país, montar allá mi negocio, en mi país, tranquilo, cerca a la playa”.

Para todos ellos, Donald Trump parece haber dejado de lado que los inmigrantes representan una fuerza crucial para la económica estadounidense. Cada inmigrante pagó en 2023 uno de cada seis dólares recolectados en impuestos, y representan casi el 20% de la fuerza laboral, según el Consejo Americano de Inmigración. Pero también son esenciales en la otra punta de la economía de la primera potencial mundial puesto que solo en 2024, los inmigrantes consumieron por encima de 1,7 billones de dólares.

El Instituto de Políticas Migratorias (MPI) publicó un informe en el que resalta que, por primera vez en 175 años, el crecimiento de la población en Estados Unidos se debe principalmente a la inmigración. 'El aporte de los migrantes es clave en sectores que sufren escasez de mano de obra', dijo a RFI Thomas Kennedy, vocero de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).

En medio de un descenso de la natalidad y la ofensiva de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados, que también afecta a los migrantes legales, el MPI ha publicado un informe según el cual entre 2022 y 2023, la migración fue el único factor que impulsó el crecimiento poblacional en ese país. En ese período, el número de inmigrantes aumentó en 1,6 millones, alcanzando los 47,8 millones en 2023, según el informe de ese centro con sede en Washington.

"La migración ha contribuido de forma importante al crecimiento de la población estadounidense, que se ha ralentizado en la última década debido al descenso de las tasas de natalidad", señala también el MPI en su informe.

Thomas Kennedy destacó a RFI los aportes de los inmigrantes, incluidos aquellos en situación irregular.

"Aquí en Estados Unidos, el Seguro Social, nuestro sistema de pensiones, es financiado en gran parte por los inmigrantes. Cuando un inmigrante llega a este país, el único número oficial al que puede acceder es un ‘Tax ID’ [número de identificación fiscal]. Con este número, también conocido como ‘ITIN number’, el migrante puede pagar sus impuestos cada año. Cuando tenés la oportunidad de ajustar tu estatus migratorio, te preguntan cuándo entraste al país. Pues bien, tenés que demostrar que has pagado todos tus impuestos desde ese momento utilizando tu número de identificación fiscal", explica Kennedy.

Sin embargo, los inmigrantes realizan más aportes, en particular al Seguro Social, sin beneficiarse automáticamente de ellos.

"Aparte de pagar impuestos, tenés que contribuir al Seguro Social. La cuestión es que una persona indocumentada no recibe los beneficios del Seguro Social durante los años en que estuvo en esa condición. Ellos están aportando a un sistema del que se benefician los ciudadanos estadounidenses, pero no ellos. Esto hace que el dinero disponible para las pensiones sea mayor de lo que sería sin el aporte de los inmigrantes. Por eso, deportar a esta gente afecta el sistema de pensiones", señala Kennedy.

Casi tres cuartas partes de los inmigrantes en Estados Unidos están en el país de forma legal y casi la mitad son ciudadanos naturalizados. Representan una fuerza laboral clave con un impacto significativo en la economía.

"Estados Unidos enfrenta ahora una escasez de mano de obra muy aguda en varios estados. Por ejemplo, los jubilados están viniendo a vivir a Florida, mientras que los jóvenes se van por el alto costo de vida, que empeora cada mes. En enero, la inflación subió un 3%. La gente ya no está dispuesta a formar una familia como antes porque es demasiado costoso. La única manera de cubrir la falta de trabajadores en estos sectores es con la inmigración", subraya Kennedy.

El Departamento de Seguridad Nacional llevó a cabo 685.000 deportaciones de inmigrantes indocumentados el año pasado. Esta cifra podría aumentar debido al endurecimiento de la política migratoria desde la llegada al poder del presidente Donald Trump.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves a Ecuador por violar numerosos derechos de pueblos indígenas de la Amazonía que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que el tribunal continental se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven en aislamiento, al dictar su fallo en el "caso de los pueblos tagaeri y taromenane vs. Ecuador".

Sentencia histórica en el caso de los pueblos tagaeri y taromenane contra Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Ecuador por violar numerosos derechos de sus pueblos indígenas de la Amazonía, que viven en aislamiento voluntario y enfrentan amenazas por actividades petroleras. Es la primera vez que este tribunal se pronuncia sobre los derechos de indígenas que viven fuera de la civilización occidental.

“Estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento, es decir que no tienen ni buscan contacto con el mundo occidental. No se conoce cuántos son, no se conocen ni siquiera cómo se autodefinen más allá de los procesos de etnografía y de testimonios que se han dado en el transcurso de los años”, explica a RFI Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo Yasunidos.

“Es fundamental esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es la primera vez que justamente desarrolla jurisprudencia sobre estos pueblos. Es la primera vez que la CIDH establece que el Ecuador es responsable internacionalmente por la violación de los derechos de estos pueblos por una serie de derechos vinculados con la vida, su integridad personal, su territorio, vinculados con los derechos económicos, sociales y ambientales”, agrega. 

Si bien no se conoce el lugar exacto donde habitan estos indígenas, sí se sabe que se encuentran en la región del Parque Nacional Yasuní, en la denominada zona intangible tagaeri taromenane. El estado ecuatoriano es responsable de lo que ocurre allí con los indígenas en aislamiento, según la corte.

“Lo que logramos demostrar como colectivo Yasunidos y Conaie, y las organizaciones que participamos en este proceso ante la Corte Interamericana es que ese territorio es insuficiente, que no representa el territorio real de estos pueblos y que ha sido básicamente definido a través de los intereses extractivos de la zona, es decir, se han priorizado intereses extractivos petroleros en la zona para definir cuál es o no es su territorio, y esto ha sido causa de una serie de enfrentamientos de estos pueblos y de graves masacres. De hecho, Ecuador es condenado precisamente por tres masacres que se dieron en los años 2003, 2006 y 2013”. 

Las autoridades mexicanas y asociaciones siguen investigando la ubicación de hornos crematorios en zonas rurales donde se han encontrado restos humanos calcinados, en especial en el estado de Jalisco, donde organizaciones civiles encontraron esta semana un centro de exterminio.

En México, la fiscalía general y el gobierno federal investigarán los supuestos crematorios clandestinos localizados en una zona rural del Estado mexicano de Jalisco, municipio Teotitlán.

No es la primera vez que se hacen este tipo de hallazgos en la zona. “Es una zona bajo control importante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, explica para RFI Andrés Sumano, profesor e investigador en El Colegio de la Frontera Norte.

“Ese corredor entre Guadalajara y Puerto Vallarta tiene niveles de gobernanza criminal muy importante. Decidieron instalar esos campos de entrenamiento y de exterminio”, explica.

Leer tambiénHallan más restos óseos en supuestos crematorios clandestinos del oeste de México

En septiembre pasado, el lugar había sido allanado e inspeccionado por la fiscalía de Jalisco, pero sin hallar los restos óseos. El hallazgo se hizo apenas la semana pasada gracias a los colectivos de familiares de desaparecidos. Restos humanos, ropas y más de 200 pares de zapatos fueron localizados en el denominado rancho Izaguirre.  

“No es el único que se ha encontrado en ese corredor”, asegura Sumano. “También se encontraron en Tala”, cerca de Teuchitlán.

¿Por qué recurren las organizaciones criminales a estos métodos?

El hallazgo de Jalisco “tenía doble función: entrenamiento y exterminio”. “Parte de los cuerpos corresponden a personas que fueron reclutadas mediante reclutamiento forzado. Participaron en el entrenamiento, pero no cumplieron con lo que se estaba pidiendo entonces las mataron”, detalla Andrés Sumano.

Para desaparecer a estas personas, aseguran las organizaciones civiles, las bandas criminales las calcinan.

“Hay otros campos que se han encontrado que servían exclusivamente como campo de exterminio”.

Jalisco es el estado mexicano con más desaparecidos: casi 15.000. Esta práctica se ha ido imponiendo entre las organizaciones criminales. “Ante la atención que ha generado en el gobierno el homicidio doloso, pues lo que a lo que han recurrido muchos de los grupos criminales es a la figura del desaparecido”, analiza Sumano.

“Si no hay cuerpo no hay delito, ¿no?”

Ecuador se prepara para la segunda vuelta de elecciones presidenciales, marcadas por la fuerte violencia del narcotráfico, especialmente en la ciudad de Guayaquil. El presidente Daniel Noboa, candidato a la reelección, anunció que se apoyaría en Erik Prince, figura controversial de los servicios militares privados y fundador de la firma Blackwater, acusada de haber cometido una matanza en Irak.

El próximo 13 de abril, Ecuador realizará la segunda vuelta de las elecciones entre el presidente saliente, Daniel Noboa, y la candidata Luisa González.

En medio de una fuerte ola de violencia, la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en el principal tema.

Este martes 11 de marzo, el mandatario anunció una “alianza estratégica” para enfrentar ese fenómeno con apoyo de Eric Prince, fundador de la firma Blackwater, la compañía de seguridad privada involucrada en la matanza de 17 civiles en Bagdad en 2007.

Noboa no proporcionó detalles sobre lo en qué consistía esa alianza estratégica. 

“En realidad el anuncio es de una primera reunión con Eric Prince. Estamos en medio de una campaña presidencial, entonces suena un poco más a un anuncio de campaña que a una estrategia para responder a una política de seguridad”, analiza Johanna Paulina Espín, docente de la escuela en seguridad y defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.

"El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador", escribió Noboa en la red X.

"Alta tensión"

Para Espín, falta por definirse en qué áreas se daría esta cooperación. “Si es un tema de asesoría técnica o de recursos. ¿Además, de qué forma se enmarcaría dentro de una política de seguridad más amplia del mismo gobierno nacional?”.

La empresa Blackwater ya no lleva ese nombre. La rebautizaron Academi y la absorbió Constellis en una fusión con una compañía rival.

Leer tambiénSorpresa y empate técnico entre Daniel Noboa y Luisa González en las presidenciales de Ecuador

La campaña por la segunda vuelta en Ecuador sigue mostrando un empate técnico entre Noboa y González. “Se está en espera también de cuál va a ser el comportamiento de otros actores como es del movimiento indígena”, asegura el politólogo Julio Echeverría.

“El debate presidencial previo va a ser muy importante. Estamos frente a un escenario enormemente polarizado en un contexto regional y global alborotado entonces el pronóstico es de alta tensión”, dice.

En Ecuador, la tasa de homicidios escaló de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 38 en 2024, con un récord histórico de 47 en 2023.

Este 12 de marzo se cumplen en El Salvador dos semanas de la ratificación por parte del Congreso de la polémica reforma que elimina los aportes del Estados a los partidos políticos. La reforma, que entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, ha sido duramente criticada por la organización Acción Ciudadana. 

En El Salvador, llaman “deuda política” al financiamiento que el Estado otorga a los partidos políticos para sus campañas electorales y su funcionamiento. Este mecanismo permite que los partidos reciban fondos públicos según los votos obtenidos en elecciones anteriores.

“El 50% de sus ingresos o más”

Hace dos semanas, el Congreso, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, ratificó una polémica reforma constitucional que elimina esos aportes. La organización Acción Ciudadana advirtió este martes sobre el impacto negativo que esta medida podría tener en la democracia salvadoreña.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explica a RFI los montos que los partidos dejarían de recibir: “En 10 años, el financiamiento público para los partidos ha sido de 113 millones de dólares. Esto en algunos casos y para algunos partidos ha representado el 50% de sus ingresos o más en un año electoral”. 

Democracia debilitada

Si esta reforma debilita la pluralidad electoral y aumenta los riesgos de financiamiento ilícito en la política, hay un aspecto aún más grave: la forma en que fue aprobada, advierte Eduardo Escobar. “La reforma a la Constitución eliminando el financiamiento público, fue la excusa para reformar la Constitución de El Salvador y permitir que el Gobierno, por medio de su partido político, pueda cambiar la Constitución en una sola noche”, señala. 

“Antes solo se podía reformar la Constitución por medio de la participación de dos legislaturas, una que aprobara, otra que ratificara. Ahora ellos cambiaron esto. O sea, en El Salvador pueden cambiar la Constitución con dispensa de trámite, o sea, sin debate en las comisiones, sin nada. En una hora pueden cambiar la Constitución, lo que quieran”, detalla Escobar. 

La consecuencia de todo esto es llevar a la democracia salvadoreña por un camino alejado de sus principios fundamentales. “Todas las reformas que se han hecho en tema electoral, incluido esta, están encaminadas en potenciar al partido oficial y permitirle mantener el poder sin ningún tipo de competencia. Y también en el ámbito político electoral, todo está enfocado en un partido único, un partido hegemónico, al estilo de Venezuela, al estilo del PRI en México en el siglo pasado. Esa es la lógica de lo que va apuntando el partido Nuevas Ideas y el presidente”, denuncia el director de Acción Ciudadana. 

En un contexto en el que Estados Unidos pone en la agenda mundial la extracción de minerales raros, el Congreso estadounidense le pide a México que reconsidere el caso de la minera Calica, cerrada en 2022 por violar las leyes ambientales. 

En pleno Caribe mexicano, muy cerca de los destinos turísticos mundialmente conocidos de Playa del Carmen y Cozumel, se extienden las 140 hectáreas de la Calica, la empresa estadounidense que comenzó a explotar desde 1986 piedra caliza y a llevarla a Estados Unidos para pavimentar las calles. 

“Una de las compañías más grandes de asfalto de Estados Unidos”

Cuando aumentaron sus extracciones, también aumentaron sus ambiciones, como lo recuerda a RFI el abogado y defensor del medioambiente Quetzal Tzab: “Es una compañía muy fuerte, muy grande, en la cual estaban involucrados, por supuesto, muchos funcionarios políticos de aquel entonces. Y bueno, esa compañía, que fue pequeña, destruyó, y hoy en día es una de las compañías más grandes de asfalto de Estados Unidos”. 

Durante el sexenio del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a Calica se le retiraron los permisos, y clausuraron sus instalaciones porque comenzaron a extraer minerales en una zona restringida. Destruyó cenotes y acuíferos, y provocó un grave desequilibrio ecológico en la región, pero además de eso también sería la responsable de enfermedades respiratorias que aquejan a los lugareños.  

“Una de las cosas más preocupantes y sobre la cual todavía no se ha hecho una investigación profunda es la problemática que hubo en los años de apogeo, que era el polvo que emitían al explotar las dinamitas. Es sabido que mucha gente de ahí sufre de asma. Mucha gente ha fallecido a causa de eso”, explica Quetzal Tzab. 

“Dicen basta”

Del lado de Estados Unidos, la empresa demandó al Gobierno de México por 1.500 millones de dólares. Y del lado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum busca conciliación con los empresarios y con los congresistas estadounidenses que apoyan a la empresa, pero también los locales se organizan, porque de acuerdo con el abogado, no permitirían que la minera opere nuevamente. 

“Los actores principales, que vienen siendo los habitantes de las comunidades, ya dicen basta, basta ya sacaron suficiente, dicen no, ya no, que no se abra, porque se dan cuenta por las casas también dañadas que hubo durante las explosiones, y las enfermedades”, subraya Tzab. 

El argumento de Estados Unidos para defender a la minera es que se trató de una expropiación. Pero México afirma que el expresidente AMLO sólo decidió cambiar el uso de suelo a “Área natural protegida“, y que no se trató en ningún momento de expropiación: “No hay expropiación. Ahora es un área natural protegida donde no se permite la explotación de estos materiales porque está afectando gravemente el ambiente”, dijo Sheinbaum.

“Nunca hubo expropiación, las tierras son de ellos, el terreno es de ellos. El problema es que ellos se salieron completamente del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas, afectando cenotes y acuíferos”, precisó la presidenta.

Estos datos constituyen la principal conclusión del informe ”Los derechos de las mujeres bajo examen, 30 años después de Beijing”. El documento indica que, pese a los importantes avances que se han logrado, en 2024 casi una cuarta parte de los gobiernos de todo el mundo informaron de un retroceso en los derechos de las mujeres.

Cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada por su pareja o alguien de su familia. Esta es una de las conclusiones del último informe de ONU que manda un mensaje preocupante al mundo sobre el peligro cada vez más grande acerca del retroceso de los derechos de las mujeres en el mundo. En su último informe ONU Mujeres afirma que el retroceso en los derechos de las mujeres es notorio en uno de cada cuatro países en 2024.

“Tenemos poderes judiciales que siguen reproduciendo la discriminación estructural, con aún más dificultades para las mujeres indígenas, rurales o en situación de movilidad. Y quizás uno de los grandes desafíos tiene que ver con el cruce de discriminaciones contra mujeres que son migrantes, refugiadas, desplazadas forzosas en relación al acceso a la justicia. Esta nueva dinámica de la movilidad en América Latina y el Caribe también está vinculada con que muchas mujeres migran por situaciones de violencia de género, pero muchas siguen enfrentando esa violencia de género en el tránsito de un país a otro”, explicó Cecilia Alemany, directora regional adjunta de ONU Mujeres en América latina y el Caribe.

Los derechos de las mujeres y niñas se enfrentan a un escenario sin precedentes de amenazas cada vez mayores en todo el mundo, desde niveles más altos de discriminación hasta un menor financiamiento para los programas protegen a las mujeres.

“Hay nuevas formas de feminicidios que están vinculadas con los grupos armados e ilegales, lo que se suman a los feminicidios por parejas, exparejas o familiares.

En el último decenio, el mundo registró un perturbador aumento del 50% en el número de mujeres y niñas que viven en entornos de conflicto. Las recientes crisis mundiales -como la de COVID-19, la emergencia climática y el aumento de los precios de los combustibles y alimentos- han aumentado la necesidad urgente de respuesta.

El informe agrega que, pese a que se han logrado avances importantes, solo 87 países han sido liderados en algún momento por una mujer. La tecnología digital y la inteligencia artificial difunden estereotipos nocivos, al tiempo que la brecha de género en el ámbito digital limita las oportunidades de las mujeres.

En un contexto convulso para los migrantes en la frontera con Estados unidos, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, asegura que más de 50 mil personas refugiadas y solicitantes de asilo en México han podido ser apoyadas, ubicadas y han encontrado una vida estable en ese país latinoamericano. 

Ciudadanos venezolanos, haitianos y cubanos, entre otros refugiados en el suelo mexicano han podido beneficiar de las ayudas del Gobierno y de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. La agencia asegura que el país latinoamericano ha logrado la integración de 50 mil personas a través de su programa de integración local. 

Acompañamiento para el empleo, la vivienda, la salud

“Comenzamos en el 2016, con un programa piloto que ahora es ya el programa de integración local, a reubicar a las personas que fueron reconocidas como refugiadas en el sur del país, reubicarlas a otras ciudades que tuvieran mayor capacidad de absorción y donde hubiera mayores posibilidades de empleo. Te hablo de ciudades del Bajío, del centro de México, algunas ciudades del norte donde hubiera las vacantes laborales para poder vincular a estas personas al empleo y acompañarlas para que puedan acceder a la vivienda, matricular a los hijos a la escuela, tener acceso a servicios de salud e integrarse en todos los sentidos, incluido también el acompañamiento para que puedan naturalizarse como ciudadanos mexicanos. Y hemos llegado ya a la cifra de 50 mil personas en el programa que han sido reubicadas y han accedido al empleo formal”, detalla para RFI Silvia Garduño, portavoz de ACNUR.  

“Tenemos un número de vacantes importantes, sobre todo en las ciudades industriales de México, donde no están llenando esas vacantes. Y resulta atractivo también para las empresas poder disponer de esta mano de obra. Son personas refugiadas o personas que vienen huyendo, pero son personas que necesitan integrarse”, recalca. 

Un posible fenómeno de retorno

El desplazamiento forzado en las Américas, según ACNUR, está en niveles críticos, impulsado por la violencia, la persecución, las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad. Este balance se hace en momentos en que aumentan los deportados tras las medidas de la nueva administración estadounidense. ¿Existe un fenómeno de retorno?

“Lo que sabemos es que hay personas que solicitan su retorno voluntario. ACNUR no está involucrado directamente, pero creo que es algo que estamos analizando a nivel de ACNUR Américas, estos movimientos al revés. Es pronto todavía para poder entender toda la reconfiguración de los flujos y es algo que vamos a seguir analizando. Sin duda es algo que se está empezando a ver. Todavía no tenemos mayor comentario para poder afirmar una tendencia”, responde Silvia Garduño. 

El programa de integración local de ACNUR se ampliará para apoyar a ciudadanos mexicanos deportados que, por razones de protección, no pueden retornar con seguridad a sus comunidades de origen. Según la ONU, a mediados del 2024, en las Américas había 20 millones de personas desplazadas por la fuerza o necesitando protección internacional y asistencia.