En Colombia, el grupo Comuneros del Sur, disidencia del ELN presente en 10 municipios de la zona suroccidental, entregó 585 artefactos explosivos al ejército dentro del marco del proceso de paz del presidente Gustavo Petro. Un gesto de buena voluntad para poner fin a la lucha armada, según los miembros de la mesa de negociaciones, y que forma parte de un conjunto de acuerdos en favor de las víctimas, de fiscalizar la minería ilegal y acabar con miles de hectáreas de cultivos ilícitos. Pero el cumplimiento de estos acuerdos es una tarea muy difícil para el Gobierno.

El control de los territorios donde se lleva a cabo minería ilegal y cultivos ilícitos es clave para poner fin a la violencia que azota a Colombia desde hace décadas. Según cifras oficiales, solo en la región de Nariño se han producido más de 4.000 desapariciones y más de 44.000 muertes en los últimos 35 años. 

Presión de las comunidades

Estos son algunos de los factores que han propiciado que el grupo criminal Comuneros del Sur, disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) presente en esta zona, decidiera comenzar el proceso de paz total con el Gobierno de Gustavo Petro.

“Ante todo, la presión de las mismas comunidades. Casi el 90% de Comuneros del Sur, de los combatientes, tiene a sus familias en el territorio. Estos territorios ya están hartos de la violencia. Están hartos de poner muertos, lisiados en esta guerra”, explica Carlos Augusto Erazo Murcia, jefe del equipo negociador. 

A pesar de ello, Comuneros del Sur solo ha entregado parte de las armas. Y es que garantizar la transición y poner fin a la violencia en este territorio es una exigencia del grupo, y no es una tarea fácil para el Gobierno.

“No es suficiente”

“Uno de los problemas que surge aquí es precisamente, de cara al futuro, ¿cuáles van a ser las garantías de que, una vez que estos grupos se reincorporen en ese proceso, la toma del control del territorio por parte de otras estructuras no lleve a que aumenten los niveles de violencia en esos municipios donde hoy está esta organización?”, subraya Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría Olózaga (ICP). 

Los grupos criminales, entre ellos el ELN o grupos disidentes de las FARC, tienen presencia en alrededor del 70% de Colombia. Un dato importante para entender la magnitud del trabajo que queda por hacer para alcanzar el proceso de paz total. 

“Relacionarse con un grupo con el que habría un proceso de reincorporación de 100 integrantes, de 5.000 hectáreas y de 500 armas, siendo, insisto, un paso necesario, no es suficiente, dado el actual contexto de criminalidad que sigue creciendo exponencialmente y que está generando unos graves riesgos para la población civil, que hoy enfrenta todo tipo de hostilidades, incluidos confinamientos forzados, secuestro…”, recalca Carlos Augusto Chacón. 

Las negociaciones con Comuneros del Sur continuarán en los próximos meses. Unas negociaciones que ahora dependen de cuánto está dispuesto a ceder el Gobierno frente al grupo criminal.