Fue postergado para comienzos de junio el juicio contra varios ex miembros de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, acusados del asesinato de cuatro periodistas de los Países Bajos el 17 de marzo de 1982. Los reporteros murieron mientras filmaban un documental sobre la guerra civil (1980-1992), en lo que habría caído en una emboscada. Óscar Pérez, de la fundación Comunicándonos, denuncia una 'medida dilatoria de uno de los imputados'.

Han pasado más de 40 años, pero ni sus familiares, ni las ONG salvadoreñas, ni la embajada de Países Bajos en San Salvador han dejado de exigir justicia por la muerte de los cuatro periodistas en el norte del país. El juicio, calificado de "histórico" -por el precedente que puede crear- y cuya face final debía comenzar este miércoles en Chalatenango (norte del país), fue postergado al 3 de junio.

"No hay duda de que se trata de una medida dilatoria por parte de la abogada defensora del coronel Reyes Mena, quien se encuentra en Estados Unidos en proceso de extradición", afirma Óscar Pérez, representante de Comunicándonos, fundación que ha exigido justicia en este caso. "Su abogada aprovechó el receso de Semana Santa para sorprender a la jueza. Hoy, la jueza recibió la documentación. Lo cierto es que el coronel Reyes Mena, uno de los imputados, no iba a contar con defensor, por lo que no podía celebrarse la vista pública", precisa Pérez.

Además de Reyes Mena, entre los imputados se encuentran el general José Guillermo García, exministro de Defensa, de 91 años, y el exdirector de la disuelta Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, de 93. Ambos permanecen bajo arresto en un hospital de la capital salvadoreña. Óscar Pérez comentó a RFI qué esperan de la justicia.

"Esperamos que el jurado logre reconocer el conjunto de pruebas contra estos señores de la guerra. Que la jueza pronuncie una sentencia ejemplar, fundamental para garantizar que no se siga asesinando a periodistas, en ninguna parte, por resultar incómodos. También esperamos —y esto es importante— que este caso impulse otros. Por ejemplo, el de la masacre de El Mozote, donde fueron asesinadas más de mil personas, entre ellas 700 niños y niñas, muchos de ellos menores de cinco años", señala Pérez.

El camino de la justicia ha sido largo desde la reapertura del caso en 2018, posible tras la sentencia de la Corte Suprema salvadoreña que declaró inconstitucional la ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil. Ese conflicto enfrentó a las fuerzas gubernamentales con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando un saldo de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.