Tras el anuncio del martes sobre un nuevo ataque estadounidense frente a las costas de Venezuela, que dejó seis personas muertas, crecen las preocupaciones legales y los interrogantes sobre el marco jurídico de estas operaciones. El ataque, realizado en aguas internacionales en el Caribe, fue dirigido contra una embarcación que, según el gobierno de Estados Unidos, estaba vinculada a redes de narcotráfico.

Cinco embarcaciones atacadas y 27 muertos desde septiembre. Estados Unidos afirma luchar contra el crimen organizado y las presuntas narcolanchas. Una amenaza para el país. Esta situación en aguas internacionales frente a las costas venezolanas preocupa. 

Para muchos observadores lo que está en juego es el derecho internacional de los derechos humanos. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, la ONG de Derechos Humanos, explica que en nada justifica legalmente estos ataques ya que “no existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, ni entre Estados Unidos y grupos de narcotráfico, con lo cual, lo que hay, el deber que existe, es un deber como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de enfrentar presuntos criminales presuntamente vinculados con narcotráfico, frente a lo cual corresponde investigarlos, juzgarles y sancionarles. El uso de la fuerza debe ser la última ratio”.

Ataques letales grabados y publicados directamente en la cuenta Truth Social de Donald Trump, que ponen de relieve el contexto jurídico global en el que se ejecutan estas operaciones militares. 

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“Yo creo que responde también a lo que hemos visto de manera más general de las decisiones que ha tomado Trump y el secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, en donde han removido de sus funciones a altos funcionarios del cuerpo jurídico militar, que son estos George Advocates, los encargados de revisar la legalidad de las operaciones”, explica Goebertus. 

Además se han tomado otras directivas que incluyen “que se va reducir considerablemente la supervisión de los ataques aéreos, que se va a flexibilizar las reglas de enfrentamiento, lo cual, pues otorga mayor margen para el uso de la fuerza letal sin la debida revisión legal que existía históricamente en varios niveles”, puntualiza.

Otros países vecinos podrían verse afectados. En primer lugar, Trinidad y Tobago, que dice investigar la posible muerte de dos ciudadanos, dos pescadores de profesión que iban a bordo de la embarcación recientemente hundida por Estados Unidos y que dejó seis muertos.